Sumar celebra el giro en el ambiente político y se siente beneficiado por la agenda vigente. Los últimos meses han sido desafiantes en este casi primer año de gestión de Pedro Sánchez, donde el tema de la amnistía ha monopolizado el debate.
Además, se están llevando a cabo campañas electorales tanto a nivel regional como europeo. El movimiento reciente del PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, se interpreta como una estrategia para enfrentarse al PSOE en temas como la conciliación familiar, la jornada laboral y la vivienda, cuestiones que son puntos críticos para los partidos magenta dentro del Gobierno y que permanecían sin resolver.
La propuesta del PP, que ya se ha presentado en el Congreso, será evaluada por la Mesa en breve. Según fuentes cercanas a la formación de Yolanda Díaz, «en un plazo máximo de dos o tres semanas, se abordará este asunto». Es algo que se considera inevitable, y se afirma que los socialistas no podrán aplazarlo.
Respecto a por qué el PP decide participar en este debate ahora, después de haber centrado su discurso en la amnistía durante casi un año, fuentes de Sumar sugieren que esto demuestra, aunque sea de manera indirecta, que «la legislatura sigue su curso». «Es un signo positivo, evidencian que no podrán sostener continuamente que el Gobierno está al borde del colapso», añaden. Mencionan la situación con la amnistía, el cupo catalán y las investigaciones relacionadas con el caso Koldo y la causa de Begoña Gómez como ejemplos de este contexto.
Han subrayado que cada uno de estos eventos afecta a Sánchez sin que se observe algún cambio significativo, insistiendo en que, aunque la situación de poder es clara, si Junts o algún otro aliado exige un movimiento a futuro, las elecciones generales serán inevitables. Sin embargo, descartan esta posibilidad, ya que, según ellos, los seguidores de Carles Puigdemont no tienen más espacios de influencia aparte de algunas alcaldías.
Se sienten inclinados a discutir las políticas, a diferencia del PSOE.
La voluntad de Feijóo de abordar estos temas, incluso su disposición para negociar una reducción en la jornada laboral, sorprendió a su partido la semana pasada. Según informaciones de El Independiente, se llevó a cabo una conversación interna en la coalición sobre cómo Sumar y el Grupo Plurinacional debían responder ante este nuevo panorama. Algunos propusieron «reaccionar con fuerza» frente al Partido Popular, considerando su estrategia como oportunista y con objetivos diferentes, más orientados hacia lo social. «Era una opción de mayor comunicación, pero se decidió seguir una línea más política», afirman fuentes vinculadas al partido, aclarando que la elección se basa en «la confrontación de ideas». «No nos convencen sus propuestas, no es solo por ser el PP», puntualizan.
Los miembros minoritarios del Gobierno opinan que el PSOE no debe simplemente pasar por alto la propuesta del PP ni descalificarla como un «meme», como lo hizo la ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, el pasado martes. En su opinión, están dispuestos a entablar un diálogo constructivo con el PP sobre este tema, sin importar sus motivaciones, y enfatizan: «Es imprescindible hacerlo. No podemos afirmar que [la vivienda y la conciliación] es uno de los mayores retos del país y, al mismo tiempo, desestimar una propuesta relacionada». De momento, el calendario en el Congreso para tratar este asunto es poco claro, con dos comparecencias programadas de Sánchez y del ministro de Transportes, Óscar Puente, para el 9 y el 16 de octubre, enfocados en la crisis migratoria y el traspaso de la AP-9 a Galicia. Consideran que hacia finales de mes podría existir la oportunidad de considerar la propuesta del PP.
Se planteará la obligación de una comparecencia de la ministra de Vivienda en el Congreso si el Gobierno no actúa proactivamente.
El desafío que presentan los populares surge en una fase crítica entre Sumar y el PSOE, en medio de las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Sumar, bajo la dirección de Yolanda Díaz, ha priorizado esta cuestión en su agenda para fortalecer su posición ante la influencia que los socialistas ejercen, la cual se ha traducido en beneficios electorales al aprovechar cualquier iniciativa que surja del Consejo de Ministros. Las afirmaciones de Rodríguez, que abogan por mejorar las condiciones del alquiler a través de la «solidaridad» de los propietarios al no incrementar las rentas, no ayudan a cerrar las heridas existentes. Estas declaraciones han causado malestar entre el sindicato de Inquilinos de Madrid, especialmente al constatar que la Ley de Vivienda, aprobada en 2023 en colaboración con EH Bildu y ERC, aún no se aplica en muchas comunidades. Estos inquilinos planean manifestarse el 13 de octubre. En respuesta, los partidos republicanos, el abertzale y el BNG han solicitado la presencia de Rodríguez en el pleno del Parlamento para que explique las medidas del Gobierno en materia de vivienda ante lo que consideran una falta de acción.
Por su parte, Sumar no puede respaldar este tipo de demandas debido a un pacto electoral en vigor. Sin embargo, una simple abstención podría permitir al PP formar una mayoría alternativa que materializara esas propuestas. Los miembros de Sumar esperan que Rodríguez se presente voluntariamente para ofrecer explicaciones. Si no ocurre, avisaron que se verían forzados a bloquear la petición de su comparecencia.
En cuanto a la propuesta del PP, ya registrada en el Parlamento, esta consiste en la creación de una Proposición de Ley dedicada a la Conciliación y Corresponsabilidad Familiar. La iniciativa contempla la implementación de horarios flexibles en acuerdo con las empresas para facilitar la conciliación, así como la creación de un Banco de horas que permita acumular las horas laboradas en exceso o no utilizadas de permisos remunerados, lo que podría ampliarse en forma de vacaciones o días libres adicionales, sin que esto implique una reducción en los salarios.
Se busca establecer permisos de maternidad y paternidad de 20 semanas, de acuerdo con lo pactado por el PSOE y Sumar en su coalición. Además, se plantea que las seis semanas posteriores al parto no sean obligatorias, permitiendo a los padres disfrutar de este tiempo cuando lo deseen. También se propone que la educación infantil de cero a tres años sea gratuita, con un financiamiento compartido entre el Estado y las comunidades autónomas, así como una reducción del 45% en las contribuciones a la Seguridad Social para quienes contraten cuidadores. Se incluyen incentivos fiscales para las familias monoparentales y la exención de tarifas en el transporte público. Este avance dependerá de su tramitación, contando con el apoyo de Vox y Junts, lo que podría otorgar al PP una mayoría absoluta.
Por otro lado, el PP planifica implementar un Plan Integral de Vivienda, presentado este miércoles por la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín. Esto incluye incentivos fiscales para propietarios y apoyo a jóvenes interesados en adquirir vivienda. Además, se está considerando la posibilidad de adoptar una jornada laboral de cuatro días en sectores donde sea factible. Sumar confía en que el PP pueda respaldar esta iniciativa, aunque el partido popular aclara que solo se hará si hay consenso en el diálogo social con empresas y sindicatos, lo que actualmente presenta desafíos.
Dentro del Gobierno, se critica que el PP relacione la crisis de vivienda con la ocupación ilegal.
La discrepancia entre la propuesta social de Sumar y otras posiciones es evidente, incluso con la disposición a dialogar sobre aspectos de interés. En el marco del acuerdo gubernamental, los aliados establecieron compromisos en áreas como la conciliación laboral y la vivienda. Se busca limitar la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas, garantizar educación gratuita para niños menores de tres años, en línea con lo que demanda el PP, y aumentar el parque de vivienda pública al 20% del total disponible. También se intentó regular los alquileres turísticos, pero esta iniciativa fue bloqueada por Junts hace dos semanas. En términos de políticas de vivienda, las propuestas de Génova van en una dirección distinta, abogando por la liberalización del suelo y la eliminación de las zonas de alta demanda en el mercado.
Asimismo, plantean una legislación que permita desalojo en 24 horas y beneficios fiscales para jóvenes durante cuatro años después de adquirir su vivienda. También sugieren eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones para familiares que compren una vivienda, así como disminuir el umbral salarial para acceder al alquiler a 1.080 euros, que es el mínimo establecido actualmente.