Cualquier acción realizada en la legislatura que involucre al Gobierno y sus aliados deberá recibir la aprobación de Carles Puigdemont. Este fue el mensaje que el líder de facto de Junts comunicó públicamente a finales de septiembre, después de bloquear la propuesta para la regulación de los alquileres temporales, apenas tres minutos antes de que su grupo se comprometiera a votar a favor.
Tanto el Gobierno como sus socios, incluyendo a EH Bildu, son conscientes de esta situación; este último celebraba el avance con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Un año después de que los socialistas se negaran y se complicara la reforma de la ley mordaza, los abertzales lograron que el PSOE accediera a incluir cuatro elementos clave para facilitar su derogación: la eliminación de sanciones injustas por faltas de respeto o desobediencia, la prohibición de las pelotas de goma por parte de la policía y la eliminación de las devoluciones en caliente.
El objetivo es avanzar hacia una Ley Orgánica que garantice la protección de las libertades y la seguridad ciudadana.
Dado que se trata de una norma orgánica, se necesita una mayoría absoluta, por lo que es crucial el apoyo de los neoconvergentes. No es suficiente que Sánchez y sus aliados se abstengan solo para mostrar un distanciamiento aparente. La afinidad será evidente en la consideración inicial de la norma, aunque aún no se ha establecido una fecha ni un calendario específico. Según fuentes del Parlamento vinculadas al Ejecutivo, se prevé que el registro ocurra «en los próximos días». Si no se realiza este viernes, se espera que sea el lunes. Posteriormente, se anticipa que el comité lo califique rápidamente y busque un espacio en la agenda. Los firmantes de esta propuesta serán PSOE, Sumar y EH Bildu, aunque se deja abierta la posibilidad de que se sumen otros partidos antes de su presentación.
De cara al primer paso en este proceso, que podría suceder antes del congreso de Junts programado para finales de octubre en Calella (Barcelona), parece claro que el partido liderado por Puigdemont podría negar la propuesta de ley. Esto se refuerza por el comunicado de la formación de Miriam Nogueras, donde se declararon este jueves en concordancia: «Siempre hemos abogado por la derogación de esta norma. No hemos cambiado nuestra postura». El verdadero desafío se presentará una vez que se complete la ponencia y el proyecto llegue a la Comisión de Interior, donde Junts introducirá sus modificaciones. «No actuamos como otros socios que simplemente se adhieren, nosotros negociamos», precisaron en su declaración. Las exigencias planteadas influirán en si el PSOE reconsidera su posición o decide asumir las consecuencias. Además, es fundamental tener en cuenta que se está discutiendo la ruta hacia la estabilidad económica con Nogueras para avanzar en los nuevos Presupuestos, una tarea muy compleja.
Desde EH Bildu prefieren no especular sobre la postura final de la derecha independentista catalana. Sin embargo, miembros de la formación informan que hay una buena disposición entre todos los grupos que ya apoyaron la modificación de la ley el año pasado. Piensan que no sería beneficioso para Junts votar simplemente en contra sin un argumento sólido. También consideran positivo que el representante del partido en la comisión sea la misma persona con quien se negociaron los términos previamente, Josep Pagés y Massó. A pesar de ello, son conscientes de que la situación actual de Junts difiere de la anterior, ya que, aunque la amnistía está vigente, aún no se aplica a figuras como Puigdemont, además de la necesidad de reevaluar su relación con el PSC al mando de la Generalitat. Fuentes cercanas al Gobierno en el Congreso también mencionan la influencia que la asamblea política de Junts ejerce en este proceso.
Puigdemont ha instado a los parlamentarios a dejar sus posiciones pasivas y a tomar la iniciativa para presentarse como la opción viable frente a Illa, subrayando la importancia de utilizar sus asientos en el Congreso.
En cuanto a por qué el PSOE ahora muestra disposición a aceptar las demandas que fueron rechazadas en marzo de 2023, los abertzale no están seguros si se trata de una señal de Sánchez después de expresar su descontento en las últimas sesiones plenarias, donde afirmó que solo se ocupa de los neoconvergentes. «Esto ocurre tras más de seis meses de diálogo constante sobre el mismo asunto. No vemos ninguna razón que lo justifique, ni está relacionado con los Presupuestos», comentan. Aunque del Ejecutivo se sostiene que la propuesta actual es idéntica a la que fue rechazada hace un año, se indica que Bildu ha cambiado ligeramente su postura. Sin embargo, desde Sumar, el partido que forma parte del Gobierno, contradicen esto afirmando que «es evidente que el que ha cambiado su postura es el PSOE».
A pesar de la alegría que se muestra públicamente por el pacto, como lo han expresado EH Bildu, Sumar y ERC en sus comunicaciones, las evaluaciones internas son más pesimistas y coinciden con las declaraciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Ella ha señalado que todavía faltan negociaciones con los diferentes grupos, y se está a la espera de encontrar la mejor manera de avanzar en el proceso legislativo, en caso de que haya un acuerdo. Actualmente, se cuenta con 166 votos a favor de los 176 necesarios, incluyendo a PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y BNG. Según fuentes parlamentarias de magenta, la situación con Junts genera preocupación, incluso más que la postura crítica de Podemos. Aunque el clima en el Parlamento es favorable, no hay compromisos claros. Estas fuentes han indicado que la decisión final depende de quien tiene la autoridad, refiriéndose a Waterloo, donde Puigdemont se encuentra tras su fuga de la justicia. Aseguran que sería sorprendente si finalmente decidieran rechazarlo.
Regulación restringida y advertencia a Podemos.
El portavoz de Interior en el Congreso, Enrique Santiago, destacó la habilidad de EH Bildu para unir a grupos con perspectivas diversas y cuestionamientos previamente existentes. Lo fundamental, según él, es «la recuperación de derechos y libertades públicas». Expresó gratitud hacia todos los involucrados que hicieron posible alcanzar este acuerdo. Sin embargo, algunas fuentes nacionales critican la falta de claridad en la redacción, especialmente en lo que concierne a las devoluciones en caliente. El texto que se propone como «disposición adicional» no se integrará en esta nueva normativa, sino que se incluirá en la Ley de Extranjería, lo que complica aún más su aprobación. Esta reforma se ha convertido en un desafío importante para el Gobierno, que busca modificar el artículo 35 y facilitar la reubicación de menores extranjeros no acompañados, pero los movimientos quedan descartados por ahora. La postura de Junts, especialmente en temas de inmigración, también será un punto a observar. En el documento se menciona un plazo de seis meses después de la nueva ley de seguridad.
Desde Sumar apuntan que, aunque se podría haber gestionado mejor, el acuerdo alcanzado es equilibrado y busca un consenso para avanzar. Dejan la puerta abierta para ajustar cuestiones técnicas. Lo más relevante para ellos, que habían solicitado una modificación más ambiciosa más allá de la inclusión del artículo 36 en el Plan de Acción por la Democracia respecto a las grabaciones y el uso de imágenes de los agentes, es la eliminación gradual de las pelotas de goma. Aunque las balas de foam seguirán utilizándose, se consideran menos dañinas. Tanto en lo relativo a la frontera como por la no eliminación del foam, Podemos opina que esto no representa una derogación real en su uso.
En contraste con formaciones cercanas como el BNG o ERC, Gabriel Rufián, portavoz de los republicanos, expresó su alegría por las reivindicaciones que han defendido durante mucho tiempo, afirmando que es un logro que celebran con orgullo.
Desde Sumar consideran que este rechazo no es genuino, sino una estrategia para marcar distancias. A pesar de que no les entusiasma del todo, reconocen que contribuye positivamente al actual equilibrio de fuerzas. Fuentes del partido destacan que el año pasado mostraron su apoyo y que los cuatro votos clave son esenciales, junto a los de Junts, mientras que el voto de José Luis Ábalos, exdiputado socialista, no resulta determinante al estar con los morados en el Grupo Mixto.
