Reconociendo que el catalán, el euskera y el gallego no podrán ser lenguas cooficiales en la Unión Europea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, está trabajando arduamente para que al menos estas lenguas se utilicen en otras instituciones comunitarias y en las sesiones del Parlamento Europeo, sin ningún costo para la Eurocámara.
Albares ha manifestado repetidamente que este tema es una prioridad para su departamento, especialmente en un momento en el que las relaciones con Junts no son óptimas, lo que le ha llevado a dejar de lado el déficit y posponer la presentación de los Presupuestos Generales para 2025, esperando condiciones más propicias.
El ministro ha dirigido una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, destacando la importancia de alcanzar un acuerdo sobre el uso de las lenguas cooficiales. Anteriormente, el Partido Popular Europeo había obstaculizado esta solicitud, pero la nueva corrección de fuerzas en el Parlamento de Estrasburgo complica las cosas para el PP de Alberto Núñez Feijóo.
Para comenzar, el PPE no dispone de la mayoría en la Mesa de la Eurocámara, lo que dificulta que puedan frenar el avance de esta iniciativa, y en las sesiones plenarias, los conservadores «no quieren ser vistos junto a los partidos de extrema derecha». Además, se espera que socialistas y liberales apoyen la propuesta de España, según fuentes del PPE en conversación con El Independiente. Esto podría dejar a los 22 eurodiputados de Núñez Feijóo en una encrucijada: o romper la unidad con sus aliados europeos “para no ofrecer ventaja a Pedro Sánchez”, o reforzar el mensaje socialista sobre la supuesta complicidad del PP con la ultraderecha.
Albares ha señalado que los gobiernos de tendencia conservadora están obstaculizando el reconocimiento del catalán.
En una reciente entrevista en Catalunya Radio, el político criticó a estas administraciones, que, en su opinión, actúan en conjunto con la ultraderecha para impedir que se reconozcan las tres lenguas cooficiales de España. No obstante, expresó su confianza en que la situación cambiará independientemente de la postura del PP.
Por otro lado, la delegación del Partido Popular en Estrasburgo ha logrado conseguir apoyo de sus colegas europeos frente a la ley de Amnistía, contando con la influencia de su presidente, Manfred Weber, quien lidera esta iniciativa. Sin embargo, hasta ahora, la Comisión Europea no ha tomado medidas en este sentido. En este contexto, el principal partido de la oposición mira ahora hacia el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el cual recientemente desestimó un recurso presentado por los exiliados Carles Puigdemont y Toni Comín en relación con su estatus como eurodiputados.
Metsola, por su parte, se encuentra ante un dilema complicado. Existen comentarios en los medios que indican que el Partido Popular eventualmente deberá reconsiderar su postura sobre el uso del catalán en el Parlamento Europeo. Este asunto ha sido catalogado como más simbólico que práctico, ya que aquellos que hablen en catalán solo tendrían un breve momento de atención. Metsola es plenamente consciente del desafío que se plantea frente a una de las delegaciones más significativas del PPE, la española.
Sin embargo, para muchos conservadores en Europa, este asunto no tiene gran relevancia y, siempre que sea financiado por los presupuestos nacionales, no se opondrán significativamente. En realidad, el uso del catalán ya se escuchó en el seno de la Unión Europea; esto ocurrió el 26 de septiembre durante una sesión del Consejo de la UE, específicamente en el ámbito de Competitividad, y fue el ministro de Turismo e Industria, Jordi Hereu, quien lo introdujo. No fue un acto espontáneo, ya que tal solicitud necesita ser formulada con semanas de anticipación y asumir los costos asociados. Ese mismo día, la presidenta del Parlamento Europeo se encontraba en Madrid para el cierre del Campus FAES, evento en el que coincidió con el líder del PP y compartió un almuerzo, según informa El Independiente. En ese momento, la maltesa ya había recibido la carta de Albares.
El gasto anual se estima entre 3 y 5 millones de euros.
Con respecto a la posibilidad de que el catalán obtenga reconocimiento como lengua oficial de la UE, la mayoría de las fuentes coinciden en que las posibilidades son extremadamente limitadas, casi inexistentes. Los países que son netamente contribuyentes a la Unión, como Dinamarca, Finlandia, Suecia y Austria, así como aquellos que enfrentan tensiones territoriales como Francia, se oponen de manera rotunda. «Es un camino sin salida», sostienen, a pesar de que el ministro de Exteriores amenaza con llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Este se aferra a la idea de que los tratados europeos «promueven el multilingüismo como un objetivo y un valor a proteger por la Unión Europea».
El costo asociado a este pacto con Junts sería asumido por España, y se calcula que oscilaría entre 3 y 5 millones de euros al año para financiar servicios de traducción simultánea, tal como lo indicó en su momento la Dirección General de Organización de Conferencias del Parlamento Europeo. Esta razón contribuyó a que se rechazara la solicitud. Por otro lado, el Gobierno insiste en su intento por fortalecer su limitada mayoría en el Parlamento, fundamental para el desarrollo del resto de la legislatura.