La Comisión Europea ha reiterado sus preocupaciones hacia España por el uso indebido de contratos temporales en el ámbito público. Desde Bruselas, se ha enviado una comunicación al Gobierno español, otorgándole un plazo de dos meses para responder, antes de que se considere llevar el asunto ante los tribunales europeos.
La Comisión argumenta que la normativa española no protege adecuadamente a los empleados públicos de la utilización abusiva de múltiples contratos de duración determinada. También expone que las compensaciones económicas que podrían recibir estos trabajadores, en caso de que un juez determine que ha habido abuso en la contratación, son las mismas independientemente de si han estado en esta situación durante 20 o 30 años.
Este es el tercer aviso formal que la Comisión dirige a España, en un asunto que está bajo su radar desde hace casi diez años. En julio, el ejecutivo comunitario había señalado que las condiciones laborales de los empleados temporales, particularmente en lo que respecta a los días de vacaciones, son menos favorables en comparación con los trabajadores con contrato indefinido en el sector público.
En áreas como la Educación y la Sanidad, el problema de la inestabilidad laboral también fue destacado por la Comisión en su revisión sobre las políticas sociales y laborales de España. En 2021, se implementó una ley para reducir la temporalidad en el sector público, que contempla que hasta 300.000 empleados públicos obtengan contratos indefinidos para finales de este año. No obstante, la Comisión considera que aunque esta normativa afecta a nuevas contrataciones y a empleados temporales que llevan más de tres años en esta situación, con más de un millón de empleados temporales previstos para enero de 2024, los esfuerzos por estabilizar el empleo tendrán un efecto significativo, pero limitado, en la disminución de la segmentación laboral.
Para prevenir esta situación, se solicita un “consenso” sostenible en el tiempo y una mejor colaboración entre las diferentes entidades gubernamentales. En realidad, los sindicatos han estado reclamando desde hace años una estrategia a largo plazo para la gestión de recursos públicos, cada vez que se discute la oferta de empleo público.