Todo gira en torno a Junts. Su influencia se siente desde el inicio de la legislatura y marca el rumbo de los asuntos más delicados, especialmente aquellos que atraen la atención mediática. Anteriormente se trató la ley de amnistía, y ahora el enfoque está en la senda de estabilidad, clave para los Presupuestos Generales del Estado.
La semana pasada, el Gobierno decidió suspender los objetivos de déficit y deuda para 2025-2027 justo 48 horas antes de la segunda votación en el Congreso, buscando así facilitar el diálogo con los posconvergentes. La negociación sigue en marcha y el Ejecutivo ha optado por no establecer una fecha límite.
La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, expresó este jueves su confianza en lograr un consenso para una nueva senda fiscal «en las próximas semanas», aunque no ofreció detalles ni un plazo específico.
El mes de octubre se verá marcado por el congreso de Junts, y a finales de noviembre tendrá lugar el de ERC. Sánchez ha comentado que aguardará a que ambos eventos se realicen antes de presentar los Presupuestos para 2025.
En este momento no existe tal cosa. Fuentes gubernamentales indican que desean alcanzar un acuerdo con Junts lo antes posible, pero «depende de ellos». Ellos son quienes tienen el control de la situación. El equipo de Montero menciona que no se pretende alargar las negociaciones hasta diciembre, aunque tampoco aseguran que se logre un acuerdo con la formación de Carles Puigdemont en octubre. Este mes es especialmente relevante por el congreso de los posconvergentes, programado para el último fin de semana, los días 26 y 27 en Calella (Barcelona), donde el partido se orienta hacia la consolidación del expresidente de la Generalitat. Pedro Sánchez, el presidente, hizo un comentario la semana pasada desde Nueva York, señalando que esperaría a la finalización de los congresos de Junts y ERC —este último tendrá lugar el 30 de noviembre— antes de presentar los presupuestos de 2025 en el Congreso. Esto, inicialmente, implica que se dará una prórroga automática y mínima de los actuales PGE de 2023, dado que el proceso legislativo podría llevar entre dos y tres meses, siempre y cuando se reciba luz verde, algo que no es seguro.
Sin embargo, los Presupuestos son un tema que se tratará más adelante. Actualmente, lo que se está negociando es la senda fiscal. Desde el Ministerio de Hacienda prefieren no adelantar información sobre estas negociaciones para evitar tensiones con Junts. Su postura inicial es muy exigente y difícil de aceptar para el Gobierno. Los posconvergentes, como ya mencionaron la semana pasada, proponen que los objetivos de déficit se distribuyan en tercios. Es decir, si el desvío presupuestario tolerado para todas las administraciones en 2025 es del 2,5%, entonces cada uno de esos sectores —comunidades, ayuntamientos y Gobierno central— debe tener un déficit del 0,8%.
La Hacienda evita ofrecer información sobre las negociaciones en curso para no alterar a Junts. Estos últimos demandan que el déficit total del Estado se divida en tres partes.
De acuerdo a la trayectoria que fue refrendada por el Consejo de Ministros y luego rechazada en julio por Junts, PP y Vox, la distribución proyectada era del 2,2% para el Gobierno de Sánchez (más un incremento de dos décimas para la Seguridad Social), un 0,1% destinado a las comunidades autónomas y equilibrio para los municipios. Estas metas son más flexibles en comparación con la normativa actual, lo que podría significar casi 12.000 millones de euros adicionales durante toda la duración del período, aunque siguen siendo insuficientes para las exigencias de los de Puigdemont. Cada décima extra de margen representa aproximadamente 1.500 millones de euros, según los datos de Hacienda; así, un avance de -0,1% a -0,8% en el déficit implicaría, solamente para las comunidades autónomas, una reducción de 10.500 millones que tendría que realizar el Estado.
Una «posibilidad» que el Gobierno desea «explotar».
El Ejecutivo reconoce que un consenso con Junts implicará una mayor capacidad de gasto para las comunidades y los municipios, lo que conllevará recortes en el presupuesto estatal. Sin embargo, no especifican hasta dónde están dispuestos a llegar. Desde Hacienda, solo mencionan que se ha presentado «una oportunidad para dialogar con Junts» y que están decididos a «aprovecharla».
Si finalmente se logra un acuerdo con los posconvergentes y se modifica la distribución del esfuerzo fiscal entre las distintas administraciones, la nueva trayectoria debe necesariamente ser discutida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Este organismo agrupa al Ministerio de Hacienda con los consejeros de las comunidades autónomas pertinentes, y el Gobierno central tiene una mayoría en la votación. Posteriormente, el siguiente paso sería que el Consejo de Ministros aprobara el acuerdo, seguido de los trámites necesarios en el Congreso y el Senado. En caso de que no se llegue a un acuerdo con Junts, el Gobierno podría omitir el paso por el CPFF —la trayectoria seguiría siendo la misma— y llevar directamente el asunto a las dos Cámaras. De acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, es preciso que los objetivos de déficit y deuda se aprueben o se rechacen en dos ocasiones para pasar al siguiente nivel, que es la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.
Por ahora, la negociación avanza «de manera discreta», explicó Montero ante los medios antes de cerrar unas jornadas en Madrid dedicadas al impacto del plan de recuperación en las pequeñas y medianas empresas. La vicepresidenta expresó su esperanza de poder presentar una senda que cuente con el respaldo de la mayoría de los grupos, y volvió a instar al PP a apoyar la nueva senda fiscal, especialmente dado que sus comunidades se abstuvieron en julio durante la votación en el CPFF en relación a este plan.
Montero también afirmó que no hay prisa por aprobar la nueva trayectoria, ya que las comunidades autónomas y los municipios tienen la posibilidad de elaborar sus presupuestos con la senda actual, que es más restrictiva.
Si no se logra un consenso, «tendremos que regresar a la antigua ruta», que es la actualmente en vigor y presenta objetivos de déficit más severos para las comunidades autónomas y los municipios. Montero aclaró que no es necesario que se apruebe de inmediato el nuevo marco para que las administraciones regionales y locales comiencen a elaborar sus presupuestos. Aquellas comunidades autónomas y entidades municipales que deseen preparar sus cuentas para el año venidero, detalló, deberán hacerlo conforme a los objetivos de estabilidad que están en vigor, que son más estrictos: las comunidades deberán conseguir un superávit del 0,1% en 2024 y un 0,2% en 2025, mientras que los ayuntamientos deberán lograr un ahorro del 0,1% para el próximo año y del 0,2% para el año posterior.
Así, el nuevo marco de estabilidad se presentará en el Congreso cuando se alcance un acuerdo o cuando el Gobierno determine la imposibilidad de llegar a un pacto con Junts. En este momento, no hay más señales claras. Las negociaciones con los posconvergentes suelen ser sumamente complejas, y prever su resultado es un reto casi imposible, incluso para el propio Gobierno.