Las primeras decisiones de la consejera de Justicia del Gobierno vasco, María Jesús San José, han generado controversia. Ella es parte del sector socialista dentro de la coalición con el PNV liderada por Imanol Pradales. Su área de gestión incluye las cárceles vascas, que anteriormente estaban bajo el control del PNV desde que se traspasaron a Euskadi en 2021.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) fue uno de los primeros en manifestar su indignación al enterarse de que se había concedido el régimen de semilibertad a los presos de ETA, Luis Mariñelarena y Harriet Iragui.
Este martes, al conocerse la noticia, expresaron su decepción hacia San José, señalando que los convictos no habían mostrado ningún tipo de arrepentimiento.
Además, Mikel Buesa (nacido en Gernika en 1951), quien es hermano de Fernando Buesa, un exconsejero de Educación del PSE asesinado por ETA en febrero de 2000 junto a su escolta Jorge Díez Elorza, también reaccionó con firmeza. Vale la pena recordar que Mariñelarena fue condenado por el crimen de Buesa y Díaz. A través de sus redes sociales, Buesa manifestó su profundo descontento con el PSOE, el partido en el que su hermano fue portavoz en Euskadi, afirmando: «Nunca se lo perdonaré».
La concesión del tercer grado a Mariñelarena le permitió salir en libertad ocho años antes de lo previsto, que estaba fijado para 2032. La reacción de Buesa fue respaldada incluso por Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, quien afirmó en X que si Sánchez continúa gobernando, «ellos (los presos de ETA) saldrán». Feijóo también sugirió que estas medidas penitenciarias están vinculadas a un «pacto oculto entre el PSOE y Bildu».
En una entrevista con El Independiente, Buesa subrayó que el único tipo de arrepentimiento que debería exigirse a los miembros de ETA es la cooperación con la justicia a través de «delaciones» que ayuden a esclarecer los numerosos crímenes sin resolver. Recordó que en Italia, contra las Brigadas Rojas, esta estrategia funcionó, lo que llevó a su inclusión en la legislación penal española en los años 80. Criticó la idea de reemplazar este enfoque por un arrepentimiento «sentimental», expresado en una carta que simplemente exprese lamento: «Eso no sirve de nada».
Cuando le preguntaron cómo se enteró de que el asesino de su hermano había obtenido el tercer grado, respondió que lo conoció a través de un tuit.
Asimismo, se indagó si alguien de las autoridades penitenciarias del Gobierno vasco lo contactó para informarle oficialmente. Buesa contestó que no, que ni él ni su hermano Jon habían recibido ninguna llamada al respecto.
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, había indicado que implementaría un giro en la política carcelaria en comparación con la que realizó el PNV. ¿Cómo lo interpreta?
Es un cambio de carácter ideológico. Lo que ha hecho esta señora es transmitir a Bildu, grupo vinculado a ETA, un mensaje que contradice la doctrina que mi hermano promovió, la cual sostenía que no se debía mostrar clemencia hacia los verdugos de ETA ni liberar a aquellos que ni siquiera habían expresado disculpas a las víctimas. Esa doctrina ha sido eliminada del pensamiento del Partido Socialista. Este cambio refuerza la práctica del gobierno vasco anterior, en el que también estaba el PSE. Solo se puede entender como una nueva renuncia hacia los herederos de ETA, es decir, Bildu. Al otorgar el tercer grado a uno de los asesinos de mi hermano, se les ha enviado un claro mensaje de que las posiciones que hace unos años sostenía el PSOE en relación a ETA ya no son válidas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha apelado a la consideración de terceros grados en aquellos casos donde no hay evidencia de arrepentimiento. En este contexto, se pregunta si, durante todos estos años, Luis Mariñelarena ha expresado alguna muestra de perdón o remordimiento. Según la respuesta, no se tiene constancia de ningún tipo de arrepentimiento por su parte. Este concepto no debe entenderse desde una perspectiva emocional o psicológica; de hecho, el Código Penal y la Ley Penitenciaria lo definen como la colaboración con la Justicia, similar a lo que ocurre en la legislación italiana. Allí, aquellos que se consideran ‘pentiti’ eran quienes delataban a sus compañeros de las Brigadas Rojas, ayudando a esclarecer los actos criminales. Esta figura también está contemplada en nuestras leyes. Por ello, la interpretación del arrepentimiento como una cuestión emocional es errónea; lo que realmente importa desde el ámbito legal es la cooperación con la Justicia para esclarecer los actos de la organización terrorista. Este individuo no ha colaborado en ese sentido y tampoco ha realizado gestos con el fin de solicitar disculpas a mi hermano Jon o a mí. Si lo hubiera hecho, le habríamos despojado de cualquier consideración. El arrepentimiento no consiste en firmar un documento lamentando lo sucedido.
El hecho de que se otorgue el tercer grado a uno de los asesinos de mi hermano transmite un mensaje claro: lo que se decía en el pasado, en el PSOE, acerca de ETA ha perdido validez.
En cuanto a la forma de verificar el arrepentimiento de los presos de ETA, se establece que esta debe realizarse exclusivamente a través de la delación. Esta es la forma que está estipulada en la doctrina penal, lo cual no es una invención nueva, sino que forma parte de nuestra normativa desde hace décadas. Sin embargo, en la práctica, cuando se ha requerido su aplicación, nunca se ha llevado a cabo.
P.- ¿Qué opinión le merece la decisión del PNV de asignar la gestión de las prisiones al PSE en el País Vasco? ¿Tenía la esperanza de que esto trajera algún cambio positivo?
R.- De parte del PSE no esperaba nada. El PNV ha sido astuto al liberarse de este tema complicado. Son conscientes de que, al delegar en el PSE, no cargarán ellos con la responsabilidad si los etarras son liberados. El PNV se quedará sin culpa, mientras que el PSE llevará todo el peso de la situación. Si alguien dentro del PNV ha considerado esta estrategia, merece ser llamado genio.
P.- ¿Cómo describiría la gestión de este periodo tras la disolución de ETA? Ya han pasado seis años desde que la banda dejó de actuar…
R.- En este tiempo, hemos visto cómo se ha ido borrando el rastro político de ETA. La mayoría de la gente ha pasado página con respecto a lo que ocurrió. No solo en Euskadi, sino también en el resto de España. Como ya no hay violencia, la historia parece que pierde relevancia. Todas las acciones que se han llevado a cabo apuntan en esta dirección. Un paso importante fue la excarcelación de los presos, aunque este proceso aún está en marcha. La mayoría de los más de cien etarras encarcelados tienen condenas por crímenes graves, siendo muchos de ellos condenados desde 2000, cuando se endureció el marco penal y se estableció que las penas podían extenderse hasta 40 años. Por ejemplo, Mariñelarena fue sentenciado en 2002 y no podría salir hasta 2032.
P.- La entrega de tercer grado a los prisioneros de ETA solo es criticada por algunas organizaciones de víctimas… ¿Se sienten solas?
R.- En realidad, solo un 7% de la población vasca se opuso de alguna manera a ETA mientras cometía asesinatos. Un 70% no hizo nada y un 6% hasta mostró apoyo a las acciones de la organización. La mayoría prefería permanecer ajena, sin querer involucrarse. Hoy en día, muchos de esos individuos desean olvidar lo que sucedió, conscientes de que su falta de valentía también jugó un papel en el terrorismo.
P.- ¿Cree que la Fiscalía podrá apelar la decisión de otorgar el tercer grado a Mariñelarena y que eso se revierta?
R.- No tengo confianza en eso. Si deciden apelar, estará bien, pero la Fiscalía es un ente con jerarquía. La opinión del fiscal de la Audiencia Nacional en este asunto no tiene peso. Lo único que cuenta son las directrices que reciba del Fiscal General del Estado, quien es más político que jurista. No soy tan ingenuo para pensar que habrá un recurso y que Mariñelarena terminará de nuevo en prisión. Tendremos que esperar y ver.
