El Consejo Fiscal, en su mayoría, manifiesta su desacuerdo con la instauración de una de las dos unidades especializadas destinadas a fortalecer la lucha contra la corrupción, tal como establece el Plan de Acción por la Democracia presentado por el Gobierno.
Esta oposición se basa en la percepción de que esto generaría una «estructura paralela» a la Fiscalía Anticorrupción, según han indicado fuentes del ámbito fiscal a Europa Press.
El propósito de la reunión era elaborar un informe sobre un «proyecto de real decreto que ampliaría la plantilla del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades actuales».
En particular, se discutiría la creación de 79 nuevas plazas, que incluyen 6 reservadas para las unidades mencionadas: una enfocada en Delitos Económicos contra la Hacienda Pública y otra dedicada a Delitos contra la Administración Pública.
La Inspección Fiscal ha propuesto favorablemente la creación de estas unidades, pero los seis vocales electos de la Asociación de Fiscales (AF) y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)—siete de los doce miembros del Consejo—se han manifestado en contra de la unidad especializada en Delitos contra la Administración Pública, según ha reportado elDiario.es y confirmado por fuentes fiscales a Europa Press.
Los vocales sostienen que esto implicaría un «solapamiento de competencias» con la Fiscalía Anticorrupción. Por ello, sugieren que si el objetivo real es potenciar la lucha contra la corrupción, debería enfocarse en proporcionar más recursos materiales y humanos a la fiscalía liderada por Alejandro Luzón. Por otro lado, los otros vocales—los dos representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y los dos vocales natos—han votado a favor de la creación de ambas unidades, argumentando que cualquier expansión de la estructura del Ministerio Fiscal es beneficiosa, ya que refuerza sus acciones.
Según su perspectiva, no existe «ningún cruce» con Anticorrupción, ya que esta fiscalía particular posee funciones jurisdiccionales relacionadas con asuntos de «especial importancia», mientras que las dos nuevas unidades se centrarían en casos de menor magnitud y no contarían con dichas funciones. Las fuentes consultadas apuntan a que el Consejo Fiscal generará dos documentos: uno respaldado por la mayoría de los 7 vocales y otro en forma de voto particular firmado por los 4 vocales restantes. Sin embargo, es importante señalar que ninguno de estos informes tendrá un carácter vinculante. En lo que respecta a la unidad especializada en Delitos Económicos contra la Hacienda Pública, se ha logrado un consenso mayoritario, siendo solo el vocal elegido de la APIF quien ha mostrado su oposición.
«Prioridad indiscutible»
De acuerdo con el Plan de Acción, el propósito es «progresar en la lucha contra la corrupción pública y privada», mejorando «la efectividad en la respuesta penal ante delitos que amenazan el patrimonio público y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, especialmente en relación al fraude fiscal y la corrupción pública». «Las dos nuevas unidades de la Fiscalía General del Estado se implementarán en todo el país a través del despliegue territorial del Ministerio Fiscal, mediante los fiscales delegados de estas unidades especializadas», lo que «implicará un incremento en la especialización en la investigación y procesamiento de esta grave problemática, cuyo combate es una prioridad indiscutible», concluye el informe.
