Pepa Millán, la vocera del partido español Vox, se presentó ante la prensa este martes desde el Congreso, antes de la reunión de la Junta de Portavoces que tiene lugar en una semana sin plenos. A raíz de la admisión por parte de fuentes oficiales del partido que habían negociado préstamos con el banco húngaro MBH, dada la negativa de instituciones bancarias españolas, Millán recalibra la cifra financiada de 9.2 millones de euros reflejada en las cuentas del partido para 2023, que se publicaron en junio, para establecer que el préstamo extranjero era de solo 6.5 millones de euros.
«Está documentado en la web y en el Tribunal de Cuentas», destacó. Además, insistió en que «este es un préstamo destinado a las elecciones generales que ya se ha reembolsado con los respectivos intereses», desmintiendo la información difundida por eldiario.es que apunta a que Vox estaría infringiendo la Ley de Financiación de Partidos Políticos según el artículo 7, por aceptar «contribuciones extranjeras».
«La ley habla de las contribuciones, no de los préstamos. Son conceptos distintos y no se aplica a esta situación», subrayó Millán, añadiendo que dichas disposiciones «están regidas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral». «Nos hubiera gustado mantener ese dinero en España, con sus intereses», dijo. Millán también criticó a los bancos españoles por negarse a negociar con la tercera fuerza política del país, mientras que «facilitan y financian con 20 millones de euros» a partidos como el PP y el PSOE. «Deberán explicar por qué», concluyó.
Vox, en su lista, menciona 25 grupos que según ellos han favorecido al PP y al PSOE pero no han colaborado con el propio Vox. Bajo su visión, esto es una manera de practicar política, aclaran representantes del partido. Indican que entidades como el Tribunal de Cuentas, quienes deberían tener tal información, están al tanto. Aseguran que estas están auditadas. Según información revelada el lunes por El Independiente, el partido admitió haber financiado su campaña por medio de créditos de MHB, sin especificar los dos préstamos mencionados en el informe. Por un lado, Millán se refiere a los 6,5 millones registrados en la página 41 del informe, bajo el título ‘Elecciones Generales’. A esto se le suma una expansión del crédito de poco más de 192,000 euros, lo cual eleva la suma a casi 6,7 millones. Por otro lado, bajo el título de ‘Elecciones Municipales’, que coincidieron con la mayoría de las autonómicas, el partido obtuvo un crédito de más de 2,6 millones de euros. Esto no ha sido aclarado por Vox, y ante la denuncia de bloqueo de crédito nacional, surgen cuestionamientos acerca de si el total de más de 9,2 millones que afirman haber devuelto, realmente provienen en su totalidad de MHB. Cabe mencionar que, tal como lo muestran las finanzas, para finales de 2023 ya se habían pagado 1,8 de los 2,6 millones de euros. Vox afirma haber devuelto casi los 9,2 millones de euros adeudados por medio de créditos para las campañas de 2023. El partido, sin embargo, aún no confirma si existe algún vínculo entre ellos y el gobierno de Viktor Orbán. Solo mencionan que eligieron a MHB debido a que ofrecieron las mejores condiciones.
La respuesta de Millán y la diferenciación entre las dos normativas surge tras la publicación del martes en eldiario.es, donde se muestra la violación del artículo 7 de la Ley de Partidos. El mencionado artículo establece que: «No se permite que los partidos reciban ningún tipo de financiación de parte de entidades gubernamentales o corporaciones, entidades o empresas públicas extranjeras, o empresas que estén interrelacionadas de manera directa o indirecta con las mismas». También certifica que el estado de Fidesz posee el 30% de MHB a través del fondo estatal Corvinus. La divulgación de estos préstamos ocurre después de una relación con Orbán nutrida durante años, y solo tres meses después del cambio de bloques europeos por Vox. Pasó de ECR, donde están aliados como Ley y Justicia o Hermanos de Italia, a Patriotas por Europa, con Fidesz y otros partidos más rebeldes como la Liga de Matteo Salvini o los separatistas de Vlaams Belangs.
La reciente transacción de SDLE marca un nuevo rumbo en el sector de defensa en España.
Un examen de la inestabilidad política y sus implicaciones para el futuro del país