Si no hay modificaciones, el año 2024 podría concluir sin un análisis del estado de la nación. Aunque no está prescrito ni se ha hecho oficial en el Congreso de los Diputados, se ha vuelto una tradición anual desde que Felipe González la instaurara en el año 1983.
Es preciso mencionar que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno el 16 de noviembre del año pasado, por lo que sería prematuro evaluar doce meses de su administración. Sin embargo, aparece un obstáculo: el evento del 41º Congreso Federal de su partido, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre, junto con una Conferencia de Presidentes en diciembre, después de dos años y medio de postergación.
Además se suma un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025 atascado, mientras se realizan dos congresos adicionales: el de ERC, también el 30 de noviembre, y el de Junts a finales de este mes, específicamente los días 26 y 27.
En medio de las elecciones programadas para el primer semestre del año y los compromisos previstos para el segundo, Moncloa no ha mostrado intenciones de poner a prueba a Pedro Sánchez con respecto a su desempeño legislativo hasta ahora, respaldado principalmente por la Ley de Amnistía y numerosas retiradas de propuestas antes de que sean rechazadas por la Cámara, como se vio la semana anterior cuando se archivó la senda de estabilidad tras la negativa de Junts a respaldarla. En definitiva, un debate sobre la condición de la nación evidenciaría la fragilidad parlamentaria del líder ejecutivo, la falta de presupuesto luego de una extensión del primero de esta legislatura y la intensa competencia desatada entre dos de sus aliados, ERC y Junts, ambos independentistas catalanes.
Además, la introducción de mociones de resolución que se presentan durante estos debates, aunque no tienen ramificaciones tangibles, podría permitir una nueva vista del ‘desplazamiento’ de bloques en votaciones donde pueden unirse PP, PNV y Junts.
El PP decidió que no era esencial
Lo fascinante es que la dirección general del Partido Popular entiende que la celebración del debate sobre el estado de la nación «no es una prioridad» para su táctica, a pesar de su potencial para destacar la debilidad de las coaliciones de gobierno. Esta percepción se basa mayormente en la creencia de que las cosas no pueden sino deteriorarse para el residente de la Moncloa, especialmente si tiene que aplazar los presupuestos de nuevo. La cúpula del partido popular ha considerado si deberían hacer hincapié en exigir el debate general de política—como se acaba de celebrar la mayoría de los debates sobre el estado de las regiones en las comunidades autónomas— «pero decidimos no arrancar el curso con eso», explican fuentes de Génova, centrándose más en la introducción de iniciativas sociales como la conciliación y las políticas de vivienda.
Hacen hincapié en cómo la Moncloa ha perdido el respaldo de Podemos, PNV, Grupo Mixto, Junts y Coalición Canaria en las últimas semanas, de manera que se «confirma y normaliza que el Gobierno pierda votaciones. El temor a votar en contraposición al Gobierno ha disminido y esto está volviéndose cada vez más difícil para Sánchez», ponderan en una conversación con El Independiente. Y esa es la línea a seguir con la presentación de propuestas sobre temas sociales y económicos para las que buscan el respaldo de otros grupos parlamentarios para mostrar una imagen diferente del Congreso.
Sánchez ha tenido en seis años solo un debate general de política.
Los debates del estado de la nación han tenido lugar regularmente, excepto cuando coinciden con las elecciones generales, en cuyo caso son reemplazados por un debate de investidura. Durante la presidencia de Mariano Rajoy, se rompió la comunicación con el Congreso en 2016 debido a las elecciones, y no se celebró en 2017 y 2018. En este último año, Rajoy fue depuesto del poder en junio a través de una moción de censura, por lo que no hubo necesidad de convocarlo a su sucesor, Pedro Sánchez. Sin embargo, solo se ha llevado a cabo un debate durante sus seis años en Moncloa, en 2022, debido a otra elección (en 2019) y la pandemia.
Por otro lado, la hoja de ruta del Partido Popular, a diferencia de PSOE, ERC y Junts, no contempla la convocatoria de un congreso ordinario del partido hasta 2026. Sostienen que si se realiza antes de esa fecha, sería de naturaleza extraordinaria, lo que limitaría el alcance del debate a temas organizativos y no programáticos ni ideológicos. Los populares llevan desde febrero de 2017 sin discutir ponencias políticas, sociales y económicas, es decir, siete años. Para 2026, habrán pasado nueve años bajo tres liderazgos diferentes: Mariano Rajoy, Pablo Casado y Núñez Feijóo.
Mientras tanto, Génova trabaja con todas las posibilidades, sabiendo que Sánchez querrá resistir tanto como pueda con o sin presupuesto, socios o parlamento. No quieren implicarse en debates internos por si Sánchez decide convocar elecciones generales inesperadamente. Ciertamente, un cónclave también brinda la oportunidad de revitalizar y actualizar el mensaje del partido, e incluso, iniciar una campaña electoral, siempre y cuando se tenga garantizada la paz interna.
El congreso de los populares catalanes no se ha programado aún. Después de una serie de esfuerzos infructuosos por encontrar una alternativa a Alejandro Fernández y los exitosos resultados en las recientes elecciones en esa comunidad, la situación se ha calmado un poco y no ven necesidad de agitarla. «Las cosas están yendo bien», explican las mismas fuentes consultadas, incluso si eso significa no cumplir con sus propios estatutos.
