En la madrugada del lunes, el Ministerio del Interior envió una aeronave a Marruecos con la intención de deportar a algunos de los refugiados saharauis que han estado permaneciendo en el aeropuerto de Barajas en Madrid por varias semanas, incluida una población compuesta por mujeres y niños.
Según fuentes cercanas a los defensores de estos refugiados, más de diez de ellos rechazaron embarcar en el avión y fueron llevados de vuelta al área de no admitidos del aeropuerto madrileño. El organismo liderado por Fernando Grande-Marlaska intentó resolver el conflicto provocado por las denegaciones frecuentes de protección internacional a 35 refugiados saharauis originarios de los territorios ocupados del Sáhara Occidental y a quienes se les negó la entrada por autoridades españolas.
El viernes por la noche, el Ministerio del Interior canceló la visita de legisladores del Congreso a las instalaciones donde los refugiados estaban retenidos, programada para el domingo. Entre los saharauis que se negaron a embarcar se encontraban Rbab al Tarad Yahi de 27 años y Mohamed Ali Mohamed Slimani de 34 años, junto a su hija Aziza de 18 meses. Rbab sufrió un aborto mientras estaba en Barajas y se le negó la posibilidad de quedarse en el hospital durante la noche por recomendación médica. Otros que no abordaron el vuelo incluyen a Hammou Ali, sordo y con cáncer, así como Abderahman Aliat y Mohamed Aalia, cuyas historias ya habían sido publicadas en diferentes artículos. En el caso de Aliat, su deportación fue rápida. A las 8 de la noche del domingo, los jueces rechazaron una solicitud de medida cautelar presentada por su equipo legal.
Unas horas después, fue embarcado en un avión. Hay posibilidad de que España sea condenada por Europa debido a esto. Según fuentes próximas a los solicitantes, no se ha recurrido a la violencia para evitar la deportación. «Las damas ni siquiera abandonaron el vehículo», enfatizan. Entidades como CEAR, grupos judiciales y partidos políticos como Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG han solicitado a Grande-Marlaska que permita la admisión de los solicitantes mientras se tramitan sus pedidos y han alertado acerca del peligro a su integridad física al ser deportados a Marruecos. El ministro y ex juez, sin embargo, ha persistido en retornar a los solicitantes a Marruecos. En los archivos consultados por El Independiente, se encuentran pruebas evidentes de los solicitantes de asilo y su origen saharaui: Documentos de identidad o registros familiares de sus abuelos o padres que fueron emitidos en el Sahara Español, una provincia que Mareuecos tomó ilegalmente en 1976; documentación de identidad validada por la Misión de las Naciones Unidas para el referendo en el Sahara Occidental (Minurso), e incluso certificados expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática, que se encuentra exiliada en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia). La semana pasada, el Ministerio del Interior insistió que esto no son «deportaciones», una palabra utilizada por los activistas y los partidos políticos que han llevado a la luz la situación. Los grupos judiciales han recordado que si se entregan los activistas saharauis, España podría enfrentar condenas internacionales. El precedente es la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El 22 de abril de 2014, España fue condenada por «infringir las cláusulas del Acuerdo Europeo de Derechos Humanos, que estipulan el derecho a un juicio justo, ante la infracción por terceros países del derecho a la vida y la posibilidad de ser sujetos a tratamientos inhumanos o degradantes». Este juicio marcó un precedente, ya que se refería a 30 saharauis que habían solicitado protección internacional en España.