María Ángeles Sánchez Conde, la segunda al mando de la Fiscalía del Tribunal Supremo, ha descartado la posibilidad de que su superior, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, pueda ser investigado por supuesto delito de revelación de secretos en relación al caso del compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso.
Sánchez Conde afirma que aunque tal asunto sería jurisdicción de la Sala Penal, no es necesario iniciar ninguna investigación ya que no existió conducta delictiva y por ende, el proceso debería ser archivado.
En un documento de 45 páginas, la mano derecha de la Fiscalía insiste que el comunicado de prensa controvertido que divulgó información del correo entre el abogado de Alberto González Amador (pareja de Ayuso) y el fiscal que lo investigaba por fraude fiscal, «es parte de las actividades habituales» de los profesionales «sin implicar ningún descrédito o violación del derecho de defensa».
Tanto González Amador como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) presentaron querellas contra la Fiscalía, ya que consideran que se ha cruzado un límite al revelar una conversación entre investigador e investigado. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que García Ortiz fue el responsable final de este comunicado a la prensa y ha pedido al Supremo su acusación.
Sánchez Conde sostiene que «la divulgación de la secuencia de los eventos y de los correos electrónicos [en el comunicado de prensa] era de especial importancia para la Fiscalía, ya que varios medios de comunicación estaban confundiendo a la opinión pública al alterar el papel de la Fiscalía al manipular su orden cronológico».
En la opinión de Sánchez Conde, una vez que el fiscal de Delitos Económicos inició la investigación contra el novio de Ayuso y presentó la denuncia en los tribunales de Madrid (entre el 5 y 7 de marzo de 2024), «varias personas desconocidas podrían haber tenido acceso a dicha denuncia». Por lo tanto, sugiere que es incorrecto asumir que la Fiscalía fue quien divulgó el procedimiento. Agrega que «más de una docena de fiscales y cuatro empleados pudieron accesar a esa dirección de correo electrónico general de la Sección de Delitos Económicos».
Seguidamente, retoma y analiza múltiples noticias que se publicaron la noche en que ‘El Mundo’ informó que la Fiscalía había revocado el acuerdo con González Amador bajo «órdenes superiores». Varias noticias desmintieron esta versión hasta que la mañana siguiente, el Ministerio Fiscal emitió el comunicado oficial.
Al leer en algunas de estas noticias que la información provenía de «fuentes cercanas a la defensa», Sánchez Conde no puede comprender por qué el abogado de González Amador no ha sido convocado a testificar en el procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Madrid. «Nadie ha cuestionado que la información en la nota informativa divulgada con el encabezado de la Fiscalía de Madrid el 14 de marzo refleje con precisión lo que realmente ocurrió, ni que los datos e informaciones que contenía fueran verdaderos y exactos», expresa Sánchez Conde.
Sin embargo, la ‘segunda en la fila’ enfatiza la información de ‘El Mundo’ que desencadenó todo: «Si el contenido del correo que el fiscal del caso envió al abogado del Sr. González Amador el 12 de febrero de 2024 fue publicado por el periódico ‘El Mundo’ a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024, es evidente que no pudo haber venido ni de la Fiscal principal provincial ni de la Fiscalía Superior ni del Fiscal General del Estado. De hecho, fue este informe de prensa el que despertó el interés de la institución y sus respectivas jefes para verificar la verdad de la información publicada en ese periódico, información cuyo engaño se comprobó poco después».
El argumento del Ministerio Público se basa, por tanto, en dos puntos: por un lado, que la información inicial que provocó el escándalo no pudo venir de la Fiscalía, y, por otro lado, que el comunicado de prensa que redactaron al día siguiente para aclarar la situación no contenía nada que no se hubiera revelado ya. «Por lo tanto, una vez desaparecido el carácter secreto o confidencial de lo publicado, como resultado de la divulgación de su contenido completo en varios medios, parece obvio que los hechos no pueden ser típicos», señala.
Reacción violenta
Sánchez Conde manifiesta que cuando se conoció la investigación penal contra González Amador, en su entorno hubo «una violenta reacción que se concentró en la fiscal principal de Madrid». Relata las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien, relata, «cuestionó la imparcialidad y objetividad de la Fiscalía, además de criticar la rectitud de la fiscal principal provincial de Madrid, insinuó que era un turbio caso de los poderes estatales».
La necesidad de emitir un comunicado de prensa oficial surgió a raíz de ciertas publicaciones periodísticas y declaraciones hechas por el entorno presidencial de la Comunidad de Madrid, las cuales eran falsas e inexactas. Según Sánchez Conde, la ciudadanía merecía obtener información verdadera y precisa. En su intento de combatir la desinformación y los informes falsos que se estaban publicando, Conde respaldó las acciones de la Fiscalía. Sin embargo, no considera que esta situación pueda ser calificada como delito y descarta que el Tribunal Supremo pueda acusar a García Ortiz.
