El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha sido recientemente excluido de todos los procesos relacionados con la amnistía debido a sus declaraciones pasadas. En la documentación de los indultos otorgados a los líderes del procés en 2021, afirmó en su momento que una amnistía no se ajustaba a la Constitución española.
Esta postura conocida impide su participación en la discusión de los recursos contra la ley, ya que no sólo se necesita ser objetivo, sino que también hay que dar esa imagen.
La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, y la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, también expresaron en el pasado una visión desfavorable acerca de los indultos.
Junto con Félix Azón, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y antiguo director de la Guardia Civil bajo la presidencia de Pedro Sánchez, las tres figuras jurídicas afirmaron en 2013 que indultar a una persona juzgada y declarada culpable hipotecaba la equidad legal. Esta opinión se plasmó en un artículo de opinión titulado «¿Qué está haciendo, señor ministro?» publicado en ‘El Periódico’, en el que criticaban las reformas propuestas por Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia del Partido Popular.
Los tres profesionales del derecho consideraban que las reformas de Gallardón suponían un retroceso en los derechos civiles y un ataque a la separación de poderes. También resaltaron la aguda crisis económica de esa época y la crisis de confianza social provocada por los numerosos casos de corrupción revelados e investigados por los tribunales.
Hasta una década más tarde, algunas cuestiones siguen siendo el foco de controversia en la profesión jurídica. Estas incluyen el desafío de convertirse en jueces, el escaso número de jueces en comparación con la ratio europea por población, y la posibilidad de retirar las responsabilidades del CGPJ.
Además, se tomó en cuenta la cuestión de los indultos. El controversial indulto otorgado a Ramón Ríos Salgado, quien fue condenado a 13 años de cárcel por conducir cinco kilómetros en dirección opuesta por la AP-7 y causar la muerte de un joven y su novia en 2003, fue anulado por el Tribunal Supremo. A pesar de la necesidad de modernizar la figura del indulto, las autoridades optaron por introducir en el Código Penal provisiones constitucionalmente dudosas, como la pena de prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, según Robles, Montalbán y Azón.
Los autores afirmaron que el reciente indulto a Ríos Salgado, condenado por sucesivos tribunales, agotó la paciencia del público.
En junio de 2021, el Gobierno otorgó indultos a los nueve miembros del procés que fueron condenados definitivamente por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Tres años después, el gobierno español implementó la primera amnistía desde la aprobación de la Constitución en 1978. Ahora, el actual Tribunal Constitucional, donde Montalbán es el vicepresidente, debe decidir si esta amnistía es constitucional o no.
Antes de abordar las incertidumbres presentadas por jueces, regiones autónomas y el Partido Popular, los jueces deben determinar quién constituirá el pleno. Esta ha mostrado ser una labor compleja. Campo había solicitado su exclusión voluntaria, una decisión que la mayoría de sus colegas apoyaban. Sin embargo, los conservadores se han desmarcado esta semana, no porque discrepen con la abstención voluntaria del ex ministro, sino por la manera en la que se gestionó.
Los desafíos comienzan desde ahora. Según este medio, los conservadores opinan que los recusados — el presidente Cándido Conde-Pumpido, la juez Laura Díez y el recién añadido José María Macías — no deberían participar en las primeras deliberaciones para decidir sobre la recusación. Los tres simultáneamente deberían mantenerse al margen y permitir que los demás decidan al respecto. Por otro lado, los progresistas creen que cada individuo solo debería ausentarse del debate de su propia recusación, y no de las restantes. El dilema está listo para ser discutido.