Este lunes, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid esta por emitir una decisión determinante para el futuro de los residentes del Palacio de la Moncloa. Tres jueces se disponen a revisar el recurso presentado por Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, en respuesta a la investigación que lleva a cabo el juez Juan Carlos Peinado por alegados delitos de influencia ilícita y corrupción empresarial.
Gómez sostiene que no existen pruebas suficientes para justificar la continuidad de estas acciones legales, y cuenta con el respaldo de la Fiscalía. El veredicto será fundamental para determinar si se resuelve una parte del caso o si, por el contrario, se otorga el visto bueno para continuar en todos los aspectos de la investigación.
Aunque se prevé que el fallo no se dará a conocer hasta los próximos días.
Enrique Jesús Bergés será el juez responsable de dictar la sentencia, puesto que ya había ejercido la misma función la última vez que se pronunció esta sección sobre el caso, el 29 de mayo pasado. En aquel momento, se dieron interpretaciones variadas sobre lo que los magistrados pretendían expresar. Lo que si resultó evidente fue que la Audiencia respaldó la apertura del caso contra Gómez, a pesar de que el Gobierno insistía en que era irregular dar lugar a la denuncia de Manos Limpias basándose exclusivamente en recortes de prensa. «Para admitir una denuncia, basta con que haya verosimilitud, una mera posibilidad fundada, muy lejana de las suficientes pruebas racionales de criminalidad requeridas para el procesamiento […]. Lo contrario conduciría al absurdo», declararon.
La acusación tenía dos componentes principales. Por un lado, la contratación de Juan Carlos Barrabés por la compañía estatal Red.es (subordinada al Ministerio de Transformación Digital) tras haber recibido cartas de recomendación de Gómez; por otro lado, el rescate de Globalia (empresa madre de Air Europa) ejecutado por el Gobierno y la conexión de Gómez con Javier Hidalgo, el exdirector ejecutivo de la compañía. Y permeando todo esto, la Maestría que Gómez instauró en la Universidad Complutense de Madrid que contó, de un modo u otro, con la asistencia de ambos empresarios.
Las discrepancias con respecto a lo que los jueces querían señalar residen justamente aquí. “Analizando el contenido de la acusación después de las consideraciones anteriores, encontramos un primer conjunto de hechos inverosímiles o con información errónea, seguido de otro asunto, vinculado al rescate de Globalia, donde la relación de la acusada parece ser, según la información existente, solo una especulación apoyada en coincidencias temporales y personales que podrían proporcionar nueva información a futuro y que tal vez deberían haber motivado la implementación de controles administrativos previos», explicaron los jueces con respecto a la sección que trata sobre Hidalgo.
Aquí es donde algunos, como el abogado de Begoña Gómez, interpretan que la Audiencia Provincial cierra definitivamente el camino a una ulterior investigación de estos hechos, mientras que los demandantes colectivos no están tan seguros.
En relación al vínculo existente entre Barrabés, Gómez y el máster denominado Transformación Social y Competitiva, los miembros del tribunal indican que «existen pruebas preliminares de un supuesto acto delictivo para iniciar la investigación». Sin embargo, posteriormente, la Fiscalía Europea tomó control de los contratos europeos financiados con fondos de la Unión, por lo tanto, la defensa de Gómez sostiene que este aspecto del procedimiento ha perdido relevancia. En resumen, si la Fiscalía Europea maneja este segmento, y el resto no puede ser investigado, entonces no hay margen para que Peinado actúe.
Las acusaciones populares discrepan, creyendo que la investigación debe continuar en todos los aspectos. El legal representante de la esposa del presidente arguye que la investigación anticipa delitos sin ninguna restricción, basándose en una declaración realizada por el juez el 1 de julio que señala: «Debemos detallar que los hechos sujetos a investigación incluyen todas las acciones y conductas llevadas a cabo por la acusada desde que su cónyuge se convirtió en el presidente del Gobierno español, tal como se detalla en la denuncia inicial». Tal como lo solicitó, la Fiscalía respalda el cierre de este procedimiento.
Por esta razón, el informe que presente ahora la Audiencia Provincial es esencial para determinar y evaluar el alcance del denominado ‘caso Begoña’. Fuentes legales indican que Enrique Jesús Bergés será nuevamente el ponente principal. Se espera que la sentencia no sea anunciada hoy, pero las mismas fuentes indican que podría ser anunciada esta misma semana. Sumado a esto, se menciona que la exministra de Justicia Pilar Llop, miembro de este tribunal, solicitó específicamente a la presidenta Rosario Esteban Meilán no participar en ninguna deliberación relacionada a este caso, y así fue acordado.
Con el ‘software’, tenemos un partido.
En todos los aspectos, los diferentes segmentos del proceso confirman que sería inconcebible cerrar completamente el expediente después de que otro segmento de la Audiencia Provincial respaldase a Hazte Oír en la opción de indagar sobre el software que Gómez registró a su nombre para su maestría en la Complutense.
La agrupación católica presentó una denuncia después de que se iniciara el ‘caso Begoña Gómez’, incorporando nueva información que ‘El Confidencial’ había revelado acerca de una aplicación que la esposa del presidente solicitó a Google, Indra y Telefónica sin coste, para apoyar las actividades de su maestría. Hazte Oír dedujo que esto podría implicar delitos adicionales: malversación de fondos públicos, apropiación deshonesta, administración fraudulenta e intrusión.
El asunto del software se había postergado hasta que se determinase quién debería investigarlo. Primero, fue asignado al juzgado de instrucción número 48, que decidió que el juez Peinado debía encargarse de ello y examinar todo en conjunto, pero la Fiscalía apeló esto. La sección 3 de la Audiencia Provincial no respaldó al Ministerio Público y, sin evaluar si existen o no pruebas, ha indicado que Peinado debe hacerse cargo de todo. Con estos elementos en juego, las acusaciones populares sostienen que incluso si se cerraran las líneas de investigación vinculadas con Air Europa y Barrabés, el asunto del software tendría que permanecer abierto.
