Durante meses, la prensa en gran medida ignoró un hecho que ha estado sucediendo: en el pasado sábado, decenas de saharauis provenientes de los territorios del Sáhara Occidental, ocupados por Marruecos, iniciaron una huelga de hambre. Durante días y en algunos casos semanas, estos solicitantes de protección internacional habían estado atrapados en las áreas para personas no aceptadas en las terminales 1 y 4 del aeropuerto de Barajas, forzados a permanecer en instalaciones superpobladas e insalubres.
El Ministerio del Interior les había negado la entrada mediante procesos rápidos sin examinar individualmente sus solicitudes de asilo, algo que la ley requiere.
Desde entonces, se ha experimentado un creciente apoyo a la protesta de los solicitantes de asilo, incluyendo partidos políticos como Sumar, Podemos, BNG, ERC y EH Bildu, así como agrupaciones judiciales como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), y organizaciones expertas en asilo como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Todos han instado al Ministro del Interior, Grande-Marlaska, a detener las deportaciones y otorgar residencia temporal en España mientras se tramitan sus solicitudes de asilo y apatridia. Sin embargo, los despachos del Ministerio del Interior se encuentran desbordados y con años de retraso.
A pesar de esto, el ministro y antiguo juez, Grande-Marlaska, ha sostenido su intención de realizar las devoluciones a Marruecos, aunque estas todavía no se han llevado a cabo. Durante la semana, tanto él como su ministerio han emitido declaraciones y comunicados a la prensa, cuya veracidad ha sido cuestionada por los testimonios de los solicitantes, la evidencia presentada en sus expedientes, y las declaraciones de asociaciones judiciales y grupos sociales.
Los solicitantes no son marroquíes; son saharauis.
El Ministerio del Interior dejó constancia de un error en un texto distribuido a los periodistas sobre «las intervenciones» de los reporteros y comentaristas. Específicamente, el contenido declaraba erróneamente que la información se refería a los marroquíes presentes en Barajas, cuando en realidad se refería a los demandantes de asilo provenientes del Sahara, quienes se encuentran bajo la amenaza de deportación.
Según los archivos a los que ha tenido acceso El Independiente, se ha aportado evidencia contundente que demuestra su origen, incluyendo documentos de identidad o registros familiares, expedidos en el Sáhara español, el cual fue ocupado ilegalmente por Marruecos en 1976. Además, también se presentaron certificados emitidos por la República Árabe Saharaui Democrática, la cual se encuentra actualmente en exilio en los campos de refugiados saharauis de Tinduf, Argelia.
Tanto los activistas saharauis como el sindicato de la policía, SUP, han advertido que existen ciudadanos marroquíes que intentan identificarse como saharauis para solicitar asilo, aunque estos casos son fáciles de identificar debido a la falta de documentación probatoria. «Hay un abuso considerable en las solicitudes de protección internacional. Se están aprovechando de la falta de regulación y hay una gran cantidad de solicitudes fraudulentas», sostiene el SUP. Sea como sea, estos son marroquíes que están escapando de la falta de oportunidades económicas y las enormes desigualdades de su país, las mismas razones que motivaron a unos 3.000 jóvenes a intentar ingresar a Ceuta desde la vecina Castillejos a mediados de septiembre.
En declaraciones emitidas por Juezas y Jueces para la Democracia, se subraya que actualmente se han registrado 35 peticiones de asilo en la Sala de Admisiones del aeropuerto de Barajas. Estas peticiones han sido documentadas y avaladas por la Misión de la ONU para el Sahara Occidental (Minurso) que certifica que los solicitantes son saharauis. De acuerdo con la ONU, el Sahara Occidental es un territorio sin autonomía propia. Jamás debe ser identificado como marroquí y si sus residentes portan un pasaporte marroquí para viajar al extranjero, este es considerado como un documento impuesto debido a una ocupación que infringe la Ley Internacional. En el año 2023 todavía quedaban 17 zonas carentes de autonomía que necesitaban ser descolonizadas, incluyendo Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guam, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, Nueva Caledonia, Pitcairn, Polinesia Francesa, Sahara Occidental, Samoa Americana, Santa Elena y Tokelau.
En un documento de la Audiencia Nacional de 2014, con la firma de Grande-Marlaska, se afirma que España continúa siendo la administración de derecho del Sahara Occidental. Conforme a las responsabilidades como potencia administrativa, según el artículo 73, España debe «promover el desarrollo político, económico, social y educativo de los pueblos, garantizando un trato justo y protegiéndolos contra cualquier tipo de abuso”, se explica en el texto. Hay un creciente grupo de expertos que sostiene que España sigue siendo legalmente la potencia administradora del Sahara Occidental, aunque no en la práctica.
El grupo jurídico Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha subrayado que España tiene la responsabilidad como administrador del Sáhara Occidental, un territorio aún no descolonizado. Según varias resoluciones de la ONU y el fallo del Tribunal Internacional de Justicia en 1975, la población de la región tiene el derecho a determinar su propio futuro a través de un referéndum, un paso que Marruecos ha impedido hasta ahora.
Claman por protección internacional y derecho al asilo
Fernando Grande-Marlaska, en una conferencia de prensa el lunes, anunció la deportación de varios solicitantes de asilo saharauis. Argumentó que «no tienen derecho a protección internacional según la ley», y que sus solicitudes habían sido rechazadas judicialmente. Sin embargo, esta afirmación ha sido desacreditada por los relatos publicados por este medio en las últimas semanas, que demuestran que entre los solicitantes saharauis hay activistas que han sido objeto de detenciones ilegales, torturas y desapariciones en comisarías y prisiones marroquíes. También se han presentado pruebas de su participación activa en la lucha política, asistiendo a protestas y pintando grafitis con la bandera del Sáhara Occidental en territorio ocupado, a pesar del riesgo manifiesto de ser arrestados. Entre los saharauis en Barajas se encuentran familiares de reconocidos activistas de la misma causa.
En algunos hechos relatados, individuos a los que se les ha negado la entrada a España sostienen que, en circunstancias muy parecidas, parientes cercanos o compañeros de sus mismas organizaciones políticas y de derechos humanos han recibido asilo político en otros países miembros de la Unión Europea como Francia. La UPF expresa honda preocupación por las potenciales repercusiones que su deportación podría generar, tanto en términos de derechos humanos como en las obligaciones que España tiene con respecto al Sahara Occidental. En realidad, las negaciones de entrada se han realizado incluso cuando los solicitantes cuentan con informes favorables del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La oficina del ACNUR en España se ha negado a facilitar información a este medio o incluso a abordar de manera general la crisis que ha ocurrido esta semana en Barajas, citando como motivo la protección de datos. «Dado que se trata de casos particulares, desde ACNUR no podemos ofrecer o compartir información sobre los mismos, siguiendo los principios de confidencialidad y protección de datos personales conforme al derecho internacional», argumentan.
Los informes y opiniones de entidades internacionales como el Comité Contra la Tortura de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias han confirmado los abusos a los que se encuentran expuestos los activistas saharauis.
Se negó el acceso a diputados y eurodiputados.
A lo largo de la semana, Grande-Marlaska ha instruido claramente: detener a toda costa la admisión de políticos que han pedido entrar a las habitaciones de los no admitidos. El lunes le fue negado a Ione Belarra (Podemos), el martes a Tesh Sidi y Enrique Santiago (Sumar), y el viernes a Irene Montero e Isa Serra (Podemos). Todos se toparon con la negación de los oficiales que protegen el ingreso a dichas áreas en el aeropuerto. También el viernes pasado, Interior revocó el permiso para una visita que había propuesto a los miembros de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, causando quejas entre los afectados.
Sidi denunció en X «Interior nos informa que debido a razones logísticas, la visita a los ciudadanos Saharauis atrapados en el aeropuerto de Barajas, programada para el lunes 30 de septiembre, se aplazará. Esto es inaceptable. El 29 planean deportar a una persona sordomuda con cáncer.» Jon Iñarritu, un diputado de EH Bildu, preguntó: “¿El ministerio finalmente decidió informarnos que por ‘razones organizativas’ aplazarán la visita de la Comisión indefinidamente. ¿Permitirán la visita después de deportar a los ciudadanos saharauis?»
Huelga de hambre
A lo largo de la semana, informantes de Interior varias veces negaron que existía la huelga de hambre declarada por los solicitantes. Sin embargo, fuentes cercanas a los saharauis atrapados en Barajas han informado en repetidas ocasiones que al menos doce de ellos mantenían la huelga.
Las condiciones que denuncian los policías y los solicitantes incluyen chinches y falta de limpieza.
Por varios meses, las condiciones de higiene en las áreas de inadmisión del aeropuerto de Madrid han sido objeto de quejas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los más importantes dentro de la Policía Nacional, ha admitido a este medio que fueron los primeros en presentar tales quejas. En enero pasado, enviaron una carta al Defensor del Pueblo, criticando las condiciones de «sobrepoblación e insalubridad» que sufren los refugiados en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas debido al aumento en las solicitudes de asilo internacional.
En la carta, dejaban en evidencia la «situación crítica» de las personas que esperan una resolución a su solicitud de asilo en el aeropuerto madrileño, lo que interpretaron como una violación al artículo 10 de la Constitución que protege la dignidad humana. Desde ese entonces, el problema ha persistido y el departamento de Grande-Marlaska no ha provisto recursos para asegurar las condiciones de seguridad para los solicitantes y los agentes.
Desde el SUP se respalda la conducta policial que ha generado críticas por parte de los solicitantes quienes alegan haber sido víctimas de insultos y hasta agresiones. «Defensa total de sus acciones», declaran desde el sindicato que ha pedido a la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior que se aplique un visado de tránsito a todos los ciudadanos de Marruecos y Egipto que necesiten hacer escala en el país. Esta medida, impuesta en el último año a países tales como Kenia, Senegal, Sudán, Chad o la República Centroafricana, ha sido duramente criticada por instituciones como CEAR, que argumentan que, en la práctica, restringe el acceso a los derechos de asilo para las personas que huyen de guerras y persecuciones en sus países de origen.
Intérpretes marroquíes en contra de la sugerencia del Defensor del Pueblo.
Fue nuestro diario el que inicialmente expuso la asignación de intérpretes con raíces marroquíes o que hablan dariya -el dialecto árabe utilizado en Marruecos- a candidatos de asilo saharauis, para ayudar en la traducción durante las entrevistas de solicitud de protección. Las circunstancias se repetían en Barajas, y esto no era algo insólito. De hecho, el Defensor del Pueblo anteriormente emitió una recomendación al respecto, que ha sido ignorada por el Ministerio del Interior, sin ofrecer ninguna razón para ello. Francisco Fernández Marugán, quien ocupó el cargo de Defensor del Pueblo entre 2017 y 2021 hasta la llegada de Ángel Gabilondo, sugirió que «para las visas de protección internacional de los saharauis presentadas en frontera, se recurra a traductores que hablen hasanía y, en caso contrario, se evite la contratación de intérpretes de Marruecos».
La discordia entre el Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos no requiere más aclaración. Lo mismo se aplica a la significativa importancia de las entrevistas en situaciones de solicitud fronteriza. Esto es aún más pertinente en casos donde los solicitantes no tienen documentación para validar sus declaraciones. En estos contextos, es esencial establecer un entorno de confianza que facilite el relato personal, lo cual definitivamente no ocurre si los traductores son oriundos del país con el cual los solicitantes están en disputa”, expuso Fernández Marugán.
No obstante, el departamento de Grande-Marlaska continúa con la práctica de asignar a intérpretes marroquíes que hablan dariya a pesar de la recomendación. El ministerio del Interior ha evitado explicar este procedimiento a la prensa. Algunos de los solicitantes más recientes han afirmado que sus testimonios fueron alterados por los traductores. Muchos no saben que tienen la potestad de solicitar otro traductor, de considerarlo necesario.
Abogados que trabajan con solicitantes de asilo en España denuncian que sus casos están siendo rechazados rápidamente, y reciben respuestas genéricas que no consideran las circunstancias específicas ni las pruebas presentadas de persecución y peligro. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es consciente de esta situación y pidió recientemente al Ministerio del Interior que permita a los solicitantes entrar a España por razones humanitarias, lo que permitiría una evaluación más detallada de cada caso. La organización señala como grave que se esté contemplando devolver a las personas a lugares donde su vida y derechos podrían estar en riesgo.
Las autoridades españolas se sorprenden de que los solicitantes hayan logrado salir de los aeropuertos de Marruecos sin ser detenidos. Los solicitantes han informado que esta hazaña se logra mediante sobornos a la policía marroquí. Un funcionario del Ministerio del Interior de Marruecos denunció recientemente que la estrategia del régimen consiste en forzar a los saharauis a abandonar el territorio, recurriendo a una campaña intencional de asfixia económica, presión policial y marginación.
España ha sido condenada en el pasado por deportaciones.
El Ministerio del Interior ha reiterado esta semana que no se refieren a «expulsiones», una frase empleada por activistas y partidos políticos que han destacado la situación. Las organizaciones judiciales han señalado que, si se llegase a entregar a los activistas saharauis, España podría enfrentarse a reproches internacionales. Se hace hincapié en la sentencia previa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El 22 de abril de 2014, España fue condenada por «infringir los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que establecen el derecho a una tutela judicial efectiva, en contraposición a la violación por terceros países del derecho a la vida, y la posibilidad de sufrir tratos inhumanos o degradantes». En este caso legal anterior, se trataba de 30 saharauis que solicitaban protección internacional en España.
En ese momento, el tribunal europeo «impuso a España la responsabilidad de asegurar, tanto legal como materialmente, que los solicitantes de asilo permanecieran en territorio español durante la revisión de sus casos hasta que se tomara una decisión interna”.
La UPF sostiene que la entrega de todos ellos a Marruecos sería una violación de los compromisos que España tiene como administradora del Sahara Occidental, conforme a la carta de las Naciones Unidas. «Esta acción podría verse como una colaboración directa con la ocupación marroquí del territorio, lo que, según afirman, sería una clara infracción del derecho internacional y nacional en términos de asilo y refugio». Estos antecedentes llevan a las organizaciones judiciales a instar a Grande-Marlaska a «respetar la ley actual y la jurisprudencia, garantizando el principio de no devolución”. Una petición a la que, hasta ahora, el Ministerio del Interior no ha prestado atención.