Vox no está dispuesto a conceder nada al PP ante la posibilidad de que, debido a la inestabilidad de los socios de investidura, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pueda convocar nuevas generales a comienzos del próximo año. La táctica de la formación de Santiago Abascal consiste en aprovechar al máximo la narrativa sobre la inmigración y sacar partido de la actual crisis migratoria que parece intensificarse en los próximos meses con un mayor número de llegadas.
Informes como los del CIS, que ya sitúan esta cuestión como principal preocupación social aún con la polémica de un posible sesgo en la manera en la que se realiza la encuesta, animan a Vox a profundizar en esta cuestión.
Principalmente, al saber que el PP no se siente del todo a gusto y no puede esquivar las soluciones de Estado con el PSOE debido a su papel en las autonomías.
No obstante, en Bambú son plenamente conscientes de que temas que favorecieron su salto nacional en 2018, como la lucha contra el procés y el movimiento independentista, no pueden ser olvidados. También, la limitada capacidad de influencia parlamentaria y en instancias judiciales como el Tribunal Constitucional, por tener solamente 33 escaños, les obliga a aumentar su presencia en la calle para ganar visibilidad. Con el objetivo de capitalizar al máximo la visibilidad social. Sobre todo, cuando el PP ya ha cuestionado la amnistía a nivel nacional y desde las comunidades —también Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha—. Vox mantiene su postura de criticarles por no haber bloqueado la ley en el Senado, a pesar de que ello implicaba violar el Reglamento y la legalidad. Acusándoles de colaboracionismo para que ahora la norma sea efectiva. Esto se suma a la comparación constante de las políticas del PP y el PSOE.
En un contexto donde el Partido Popular convoca movilizaciones contra el estatus especial de Cataluña, Alberto Núñez Feijóo aún se muestra reticente a participar. Sin embargo, El Independiente ha podido confirmar que Santiago Abascal, líder de Vox, planea encabezar manifestaciones contra las concesiones del Gobierno a la independencia catalana en un futuro cercano. Estas no serán llevadas a cabo únicamente por Vox, sino también con el apoyo de la sociedad civil, el empresario y antiguo legislador Marcos de Quinto, y su asociación, Pie en Pared. Abascal y sus seguidores han sido activos en las protestas de la Societat Civil Catalana y otros grupos radicales.
Diversas fuentes han confirmado los planes de Abascal de manifestarse a principios de octubre. El objetivo es confrontar la negociación de un sistema financiero único con ERC y rechazar nuevamente el indulto a los participantes en el proceso independentista, excepto a Carles Puigdemont, a quien el Tribunal Supremo niega la amnistía por delito de malversación de fondos públicos. Vox está esperando el momento adecuado para anunciar oficialmente su participación, que probablemente se confirmará el lunes. Fuentes cercanas a las negociaciones con la Delegación del Gobierno han revelado que la protesta tendrá lugar el 20 de octubre en la Plaza de Castilla de Madrid a mediodía, impulsada por todos los miembros de la Plataforma por la España Constitucional, de la que De Quinto es uno de los rostros más visibles.
El Independiente ha tenido acceso a un manifiesto de convocatoria que expresa su inacción frente a la aprobación de una amnistía considerada inconstitucional e inmoral, así como un cupón concedido a los nacionalistas. El manifiesto también cuestiona el asalto a la separación de poderes con presiones y ataques inadmisibles al poder judicial, procedentes del poder ejecutivo y legislativo. Hay menciones explícitas a los procesos legales que rodean al PSOE y al presidente del Gobierno. Crítica al Gobierno y a su complicidad con el régimen de Maduro, por no reconocer el triunfo de Edmundo González, algo que finalmente Sánchez sí hizo este fin de semana desde la ONU, junto a otras potencias europeas y occidentales. El manifiesto además denuncia la debilidad en la que se encontrarían las instituciones y los «contrapesos» del Estado.
Las organizaciones lamentan la inmovilización que el Gobierno ha impuesto. «Ha estado dialogando con otras asociaciones», dicen fuentes cercanas al antiguo representante de Ciudadanos. Entre estas organizaciones se encuentran conocidas entidades como NEOS, del ex ministro popular Jaime Mayor Oreja; la entidad estudiantil catalana S’ha Acabat!; DENAES; Fundación Foro Libertad y Alternativa, de Alejo Vidal-Quadras; y finalmente la de Pie en Pared, De Quinto, Juan Carlos Girauta y Esperanza Aguirre. Todas estas organizaciones tienen una trayectoria en algunos casos ligada al PP, pero en la actualidad se alinean más estrechamente con los principios de Vox, en términos de unidad territorial y lucha contra los nacionalismos periféricos.
Basado en la información obtenida de organizadores, se ha confirmado que la Delegación del Gobierno ha rechazado anteriormente dos solicitudes para organizar movilizaciones. Se entiende que estas negativas se debieron a justificaciones de «propuestas alternativas improvisadas», lo que muchos interpretan como un intento por parte de las autoridades de evitar una nueva concentración en Cibeles, tal y como ha sucedido en ocasiones previas. Estas dos solicitudes rechazadas se llevarían a cabo en dos localizaciones diferentes, pero finalmente se ha concedido un permiso para una tercera ubicación en la zona norte de Madrid.
El partido político Vox apunta a beneficiarse de estas futuras movilizaciones, y también de su postura en temas migratorios y en las causas judiciales en curso contra el entorno del presidente del Gobierno. Notablemente, la investigación del periodista Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, la esposa del presidente Sánchez, quien enfrenta acusaciones de corrupción en negocios privados y tráfico de influencias. Desde el partido, se sugeriría que «Sánchez está al borde de su caída» a los representantes de las entidades en cuestión. Además, buscan ejercer presión sobre el PP tras su salida de los gobiernos regionales para que, debido a su dependencia de acuerdos externos, este partido adopte posturas más duras en cuestiones migratorias o implemente grandes recortes fiscales, algo que no está actualmente en consideración.
Por ahora, las acciones tomadas por el PP a nivel regional parecen oponerse a cualquier consenso. En Castilla y León, los miembros del partido popular han rechazado por completo la ley de concordia que se tenía prevista con Vox, justo antes de que se produjera el corte de relaciones. En Extremadura, ni siquiera se llegó a presentar. En contraposición, en las Islas Baleares, la no participación del PP resultó en el bloqueo de la oficina encargada de defender el castellano, acordada para la toma de posesión de Marga Prohens. Además, en dichas islas, se ha rechazado la implementación del ‘pin parental’ de Vox.