El entendimiento entre PSC y ERC que permitió a Salvador Illa alcanzar la presidencia de la Generalitat incluye que la Agencia Tributaria de Cataluña será la encargada de la «administración, recolección, resolución y fiscalización de todos los impuestos generados en Cataluña».
Se detalla también que el primer impuesto a ser transferido será el IRPF. No obstante, la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, minimizó este viernes en Cádiz la dimensión de lo acordado, afirmando que lo que se ha convenido oficialmente es la transferencia del IRPF, aunque la intención es incrementar gradualmente la transferencia de otros gravámenes «a lo largo de los años».
Esta aclaración significativa por parte de la vicepresidenta ocurre en un momento de particular tensión entre ERC y Junts, y cuando Hacienda busca establecer con los posconvergentes una nueva vía de estabilidad que facilite la aprobación de los presupuestos de 2025.
«Lo que se discute es que, progresivamente, a lo largo de los años, se recoja la mayoría de los impuestos que se generan en Cataluña», aseguró Montero.
Durante el 95º aniversario de la Zona Franca de Cádiz, Montero fue cuestionada si el acuerdo con ERC implicará «la transferencia del 100% de los impuestos» a Cataluña, tal como declara el documento que firmó con el PSC. La vicepresidenta abogó que la «financiación única» para Cataluña, término que se acuñó en el texto y que ERC interpreta como «concertación económica solidaria», solo contempla la otorgación de la recaudación del IRPF a la Generalitat.
La vocación de autogobierno de ciertos partidos políticos se expresa claramente en el acuerdo, aseguró, y destacó cómo se puede apoyar dicha vocación. Afirmó que la aspiración es, gradualmente y con el paso del tiempo, recaudar la mayoría de los impuestos en Cataluña. Sin embargo, advirtió que actualmente la única referencia es acerca del IRPF, que figura en el pacto.
El acuerdo lo abarca todo, añadió, y lo que no está especificado dentro del acuerdo aún no se ha decidido ni acordado. Habrá que establecer normas a medida que se desarrollen y se concreten todos los detalles reflejados en el pacto. Lo consagrado en el acuerdo refiere especialmente a una fecha para el IRPF, y una vocación de recaudar todos los impuestos en Cataluña mediante el tiempo, lo cual respondía a una pregunta frecuente, informó Europa Press.
La Vicepresidenta recordó que es necesario desarrollar el pacto PSC-ERC con normas y leyes que se irán implementando a diferentes niveles.
Cuando se cuestionó a la vicepresidenta acerca de cuántos impuestos se transferirán a Cataluña, declaró: «No está definitivamente decidido». «Lo que sí está establecido es lo expresado en el acuerdo», añadió. Ella continuó explicando que a pesar del clamor por explicaciones adicionales sobre el acuerdo, este se puede entender simplemente leyéndolo, ya que el texto del acuerdo es suficiente y claro. «Desarrollar el acuerdo con leyes adecuadas al nivel correspondiente es una necesidad», dijo. Ese acuerdo, recordó, fue suscrito hace apenas un mes y medio, por lo que un debate acompañado de discusiones y acuerdos adicionales queda por venir.
El texto del acuerdo [disponible aquí en PDF] establece literalmente que la Generalitat deberá «administrar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos cargados en Cataluña, aumentando así su capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea». En consecuencia, «la administración, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos en Cataluña serán tareas de la Agencia Tributaria de Cataluña, a excepción de aquellos impuestos de carácter local». Además, la Generalitat enviaría al Gobierno central una «contribución» para cubrir los gastos del Estado en Cataluña a través de un porcentaje participativo en los impuestos, y haría un aporte a la «solidaridad» con las demás Comunidades Autónomas, para que los servicios ofrecidos por estos gobiernos autónomos a sus ciudadanos puedan tener estándares similares de calidad, siempre que se haga un esfuerzo fiscal parecido. La solidaridad en este acuerdo, finaliza el texto, está «restringida por el principio de ordinalidad».
La Hacienda catalana debe evolucionar hasta convertirse en una «prioridad» para la Generalitat de Illa, permitiendo a Cataluña una «autonomía total en la recaudación, administración, liquidación e inspección de todos los impuestos generados en la región», indica el documento presentado. Se admite que este proceso de asumir responsabilidades se implementará «gradualmente». Como primer paso, el IRPF se adelantará en su aplicación, garantizando su implementación «durante el 2026». En 2025, se presentarán propuestas en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat y en la comisión bilateral Estado-Generalitat, al menos, sobre el manejo de la recaudación del IVA pymes y del IVA a los arrendamientos turísticos.
El pacto determina que la totalidad del IRPF será entregada a Cataluña en 2026, pero no establece un calendario para las otras transferencias, especificando que la Generalitat asumirá la gestión y recaudación de «todos» los impuestos.
Montero confirmó este viernes en Cádiz que el acuerdo «menciona literalmente una fecha para el IRPF y refleja la opción de transferir más impuestos en el futuro».
La vicepresidenta ha reiterado en las últimas semanas que la financiación específica para Cataluña es plenamente «compatible con la financiación de todas las regiones que también tienen características distintivas». Por tanto, «por supuesto, habrá negociaciones tanto bilaterales como multilaterales», ya que la intención del Gobierno es «inspirarse en este acuerdo para ser capaces de superar el estancamiento de la reforma del modelo», destacó, según informa la EFE.
Montero no ha proporcionado detalles sobre cómo va a hacer que el enfoque único de Cataluña encaje con el rediseño del sistema de otras comunidades autónomas en sus intervenciones públicas. Ha recalcado que esto representa una «perspectiva renovada».
Critica al Partido Popular por crear tensión sin tener una «iniciativa para la reforma» del modelo de financiación autonómica.
Montero, la encargada de Hacienda, también reprochó al PP por carecer de una «iniciativa de reforma». Afirmó que el partido tiene una actitud distinta en Madrid, Galicia y Andalucía, y se niega a «sentarse a conversar sobre este asunto». El PP, señaló, busca generar conflicto en los órganos multilaterales o a nivel territorial en vez de eso. Montero subrayó que el financiamiento autonómico es un tema «serio», ya que impacta áreas como la sanidad, la educación, la dependencia y la vivienda. «Este es un tema tan serio que necesita ser apartado de la atmósfera política donde el PP lo ha situado», aseveró.
Montero añadió que el Gobierno busca ofrecer apoyo a aquellos que muestran un mayor deseo de autogobierno. «Y para aquellos que carecen de este deseo, por supuesto, se respetarán sus estatutos de autonomía». Hizo referencia al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, quien a menudo menciona una relación bilateral, incluso llegando a demonizarla, a pesar de que el Estatuto de Autonomía para Andalucía estipula claramente esta relación bilateral en la revisión y aprobación de la reforma del modelo de financiación. Según Montero, aunque Moreno a veces pretende mostrar que «cree fervientemente en la autonomía», en realidad, «no ejerce sus competencias» e incluso «parece que no ha leído el Estatuto».
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