María Jesús Montero era la figura central del debate en el Congreso, quien debía clarificar el concepto de «financiación singular» para Cataluña y los acuerdos ejecutados entre PSC y ERC con la aprobación del Gobierno. Sin embargo, Montero no proporcionó más información que la ya expuesta en los medios y las Cámaras durante las últimas semanas.
Aclaró que el acuerdo con los republicanos representa una «nueva perspectiva» que «no está etiquetada», que «no rompe la solidaridad interterritorial» y garantiza un nivel uniforme de servicios públicos en todas las comunidades autónomas.
Lo sorprendente del pleno del jueves en el Congreso fue el enfrentamiento acalorado entre ERC y Junts.
Sus acusaciones mutuas, la manifestación abierta de su conflictiva confrontación, su lucha por posicionarse en el movimiento independentista, y su competencia por lograr mayores concesiones del gobierno de Pedro Sánchez, fue una batalla que no pasó desapercibida. Este duelo intensifica la inquietud en la Moncloa ya que constituye un obstáculo para sus negociaciones con ambos partidos debido a que ambos procuran más exigencias, lo que incrementa el costo para que el Gobierno cierre un pacto. Este conflicto entre los republicanos y los convergentes «nunca es beneficioso».
El debate del jueves en el Parlamento se inició de manera suave ya que la discusión más crucial para Sánchez, la revisión por segunda vez del camino de estabilidad presupuestaria, se había pospuesto el martes en un intento por llegar a un acuerdo con Junts, dado su mayor apertura al diálogo. Sin embargo, persistía la solicitud del PP para que Montero apareciera en relación a la financiación especial para Cataluña. No obstante, ni el grupo popular ni el resto de los partidos obtuvieron más detalles de un acuerdo que aún necesita considerable desarrollo y extensas negociaciones, y cuya aprobación por el Parlamento parece ser una tarea ardua.
Rufián critica a Junts por etiquetar a los republicanos como «pagafantas» y haber propagado la idea de que ERC respalda al gobierno «sin recibir nada a cambio».
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, se dedicó a criticar al PP y a sus administraciones autónomas, las cuales «mientras reducen los impuestos, solicitan más recursos al gobierno». El gobierno sostiene que el nuevo sistema de financiación autonómica que está trabajando puede ser beneficioso para Cataluña, pero eso no implica que el resto de las regiones se vean perjudicadas, ya que se ha asegurado por parte del presidente que estas recibirán más recursos que los actuales. El acuerdo PSC-ERC, explicó, se ajusta a la Constitución y a los estatutos de autonomía, y «responde a una visión común del federalismo y la responsabilidad fiscal». «Paren de hacer política contra Cataluña», le pidió Montero al PP.
Lo que se observó a continuación en el hemiciclo fue un enfrentamiento sin piedad entre el representante republicano, Gabriel Rufián, y el segundo portavoz de Junts, Josep Maria Cruset. Rufián cambió al catalán para poder hablar directamente a su rival. Cuestionó a la «derecha catalana» sobre su descontento con el acuerdo firmado con el PSC, con un tono irónico al insinuar que era la firma del ERC en el acuerdo lo que realmente les molestaba, dado que ese compromiso también estaba reflejado en las propuestas electorales de los posconvergentes. Les criticó por insultar a los republicanos llamándolos «pagafantas» y por difundir la falsa idea de que respaldan al Gobierno de Sánchez «sin obtener nada a cambio» (a canvi de res), ya que según él, esto no es verdad.
Por otro lado, Cruset se escondió detrás del lema de su partido: ERC y PSC han engañado sobre el acuerdo que hizo presidente a Salvador Illa, ya que «no existe concierto económico, no hay financiación única, no hay soberanía fiscal ni control del tesoro». De acuerdo a Cruset, los republicanos apoyaron los presupuestos de Sánchez «a cambio de tres reuniones de la mesa de diálogo en cuatro años», y en este gobierno le dieron su apoyo a cambio de Rodalies, que no representa una «transferencia completa» ni una «cesión». «Otra vez, es estabilidad legislativa sin obtener nada a cambio», atacó el segundo portavoz del partido de Carles Puigdemont.
Rufián se defendió de las criticas que afirmaban que su partido llevaba a cabo acciones sin recibir algo a cambio, y destacó los logros alcanzados a través de las negociaciones con el PSOE. Desde apoyo en tiempos de pandemia hasta la reforma de pensiones, la legalización de la eutanasia, el fortalecimiento de la lucha contra la violencia de género, y la nueva ley de consentimiento, por no mencionar los indultos a líderes independentistas que también beneficiaron a sus superiores. «Afirmar que no recibimos nada a cambio es mezquino, señor Cruset», respondió Rufián, antes de exponer su agotamiento con la situación: «Respeten a ERC. Dejen de actuar como si fueran los propietarios de Cataluña, porque no lo son, y nosotros no somos sus empleados».
Cruset hizo referencia al supuesto temor de Montero de justificar el acuerdo con los republicanos, y sugirió que este miedo explicaba algunas de las actitudes arrogantes mostradas en días recientes para ocultar el fracaso. Terminó afirmando que los días de «hacer cosas sin recibir nada a cambio» habían terminado, antes de volver a dirigirse a la vicepresidenta y repetir su eslogan contra Rufián.
«La derecha catalana simplemente chantajea», concluyó.
El conflicto entre ERC y Junts no es una novedad. Su mutua enemistad se ha estado nutriendo a lo largo de los años y ahora está empeorando. Ambos partidos están en una dura competencia en Cataluña. Constantemente, los seguidores de la post-convergencia manifiestan públicamente que nunca van a respaldar al Gobierno de forma gratuita, como piensan que los republicanos han estado haciendo desde 2020. Sin embargo, para Esquerra, esto es solo una táctica distractora de Junts, con el objetivo de desgastar a su oponente. Según Rufián, lo que hace el partido de Puigdemont es «el simple chantaje de la derecha catalana». ERC ha decidido poner un alto a esto.
«Nunca los hemos visto así antes», «y esto no nos beneficia, no es positivo que haya rivalidad entre ellos», dicen fuentes del Gobierno.
En la Moncloa, el áspero debate causó sorpresa. «Nunca los habíamos visto tan combativos como ahora», advirtieron fuentes cercanas al presidente del Gobierno. «Y esto no nos es beneficioso, no nos conviene que haya competencia entre ellos. Nunca nos beneficia», reflexionan las mismas fuentes.
La razón es evidente: ERC y Junts están en una competencia para ver quién logra conseguir las mejores concesiones del Gobierno ante sus respectivos electorados. El coste para Sánchez, para complacer a sus dos aliados catalanes independentistas, ambos vitales, «va en aumento». Y como es de esperar, esto también incrementa la presión sobre el Gobierno.
La tensión derivada de la batalla campal política es una preocupación creciente en la Moncloa. ERC y Junts se encuentran en una lucha interna en Cataluña, con sus respectivos congresos acercándose rápidamente, recordamos, los posconvergentes al final de octubre y los republicanos un mes después. Se puede decir que es «lógico» que surjan conflictos. «Esta escalada de tensiones no nos favorece», dicen desde el gobierno, reconociendo que este enfrentamiento es «inevitable» considerando el nivel de conflicto y la pelea voraz por el voto independentista en descenso, particularmente golpeado en las elecciones autonómicas y generales de 2023, en las catalanas del pasado 12 de mayo y en las europeas del 9 de junio, cuatro elecciones en las que el PSC ha sido el indiscutible ganador y donde ERC ha tenido cuatro derrotas consecutivas y duras.
El gobierno reconoce que la rivalidad entre ERC-Junts es «inevitable» debido al alto nivel de conflictividad y la feroz competencia por el voto independentista en declive.
Funcionarios gubernamentales junto con la dirección del Grupo Socialista admiten que gran parte de los desafíos extraordinarios de este periodo legislativo se deben directamente a la competencia entre ERC-Junts. En la Moncloa, siempre se ha considerado esta rivalidad como un riesgo supremamente alto. Un alto funcionario recordó este jueves cómo en 2009 se logró neutralizar a Juan José Ibarretxe tras perder la Lehendakaritza a favor de Patxi López: un «cambio pacífico» ocurrió, y el PNV respondió buscando su espacio, clausuró la ruta independentista y se inclinó por el pragmatismo, al cual aún se adhiere. Según este mismo funcionario, en Cataluña podría ser el momento con el Govern de Illa para hacer algo similar. Sin embargo, el rechazo de Puigdemont a retirarse y las hostilidades y enfrentamientos con ERC solo dan más poder a Junts.
«Al concluir una negociación, nadie queda igual que al principio»
Rufián ha actuado con firmeza, pero es comprensible. Sin embargo, esto no favorece la negociación debido a que necesitamos a ambos, ERC y Junts, asevera un alto cargo socialista. «Ambos son intensos, pero sabremos cómo manejarlos», manifiestan desde el círculo cercano de Sánchez. La predicción que existe en la Moncloa es que la tensión seguirá creciendo hasta que los congresos de ERC y Junts elijan a sus nuevas directivas, pero «tras eso se calmarán». Otros miembros del gabinete minimizan los eventos ocurridos este jueves repitiendo que «no hay motivo de alarma» en este momento.
No obstante, el Gobierno ya advierte a sus dos aliados, y especialmente a Junts, que deben tener expectativas realistas: «Nadie concluye una negociación de la misma manera que la comenzó si se alcanza un acuerdo, nadie», expresó Montero desde la tribuna.
En La Moncloa, se maneja la suposición de que la tensión aumentará hasta las manifestaciones de ERC y Junts, pero «se sosegarán después». Apuntan: «Así son ambos, pero sabremos manejarlos».
El Gobierno tiene la esperanza de concretar un acuerdo para un nuevo camino de estabilidad en las próximas semanas. Aunque no se han fijado plazos exactos, son conscientes de que no pueden demorar el proceso mucho tiempo ya que las comunidades y los ayuntamientos necesitan conocer pronto los objetivos aprobados por las Cortes para el déficit y la deuda para el periodo 2025-2027 a fin de elaborar sus presupuestos. Junts persiste en su demanda de que el objetivo total de déficit —2,5% para 2025, 2,1% en 2026 y 1,8% en 2027— se divida en tercios entre la Administración central, las comunidades y los ayuntamientos, una exigencia que Hacienda califica de «imposible».
Basándose en el enfoque que fue presentado en julio y después retirado, el Gobierno está planteando una autorización para sí mismo para tener un déficit del 2,2% en el próximo año, sumado a un adicional de dos décimas de la Seguridad Social, permitiéndole a las Comunidades Autónomas un margen de error de una décima (anteriormente, se les requería un superávit del 0,1%, lo que significa que ahora tendrían una mayor capacidad de gasto) y las entidades locales estarían obligadas a cumplir con un equilibrio presupuestario. En el Ministerio de Hacienda argumentan que cada décima que se modifica, trasladándola a las Comunidades Autónomas y quitándosela al Gobierno, conlleva 1.500 millones de euros. De manera que, si Junts propone que se permita a las Comunidades Autónomas un déficit adicional de siete décimas, el Gobierno tendría que prescindir de unos 10.500 millones en gasto. Los seguidores de Puigdemont sostienen que aunque la Unión Europea aprueba el objetivo general de déficit, no interviene en cómo los países lo distribuyen entre sus distintos subsectores (Gobierno central, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Seguridad Social). Por su parte, en Hacienda enfatizan que bajo ninguna circunstancia una Administración puede exceder el déficit que tenía en el año anterior en la medida en que se vuelven a implementar las reglas de gasto. Argumentan, además, que carece de lógica que los municipios, actualmente en equilibrio, pasaran a tener un déficit.
Junts postula que el objetivo de déficit debe ser dividido en tercios y enfatiza que la UE no interviene en su distribución entre subsectores. Ante esto, el Ministerio de Hacienda responde que la propuesta de Puigdemont es «imposible».
Tanto el Gobierno como los posconvergentes enfatizan que actualmente sólo se está negociando un nuevo camino, y que no se encuentran en la fase siguiente de los presupuestos que, según declaró Sánchez desde Nueva York la semana pasada, sólo serán presentados una vez finalizados los congresos de Junts y ERC, lo que significa que, en el mejor de los casos, sería en diciembre. «Paso a paso», insiste Junts. Sin embargo, es innegable que el aim de tener estabilidad y un PGE están interconectados, y Ferraz espera que si se desbloquea la primera cuestión, se libere la segunda.
Los aliados solicitan una renegociación con respecto al camino
No será sencillo encontrar un camino, y ni el Gobierno ni los dirigentes del partido esconden que no tienen nada garantizado ni saben si las negociaciones tendrán éxito. La reunión que tuvo lugar el viernes en Suiza, entre la delegación socialista liderada por Santos Cerdán y la de Junts liderada por Puigdemont, fue «extremadamente tensa». En ella, ambas partes se enfrentaron y se dijeron «muchas verdades a la cara», pero al final del encuentro se encontró «un hilo» que podría permitir intentar suavizar las relaciones aún «frías», según indicaron fuentes de Ferraz a este medio. La gente de Junts manda advertencias constantes. Una tras otra: «Con nosotros no sirve ni presionarnos, ni intentar ganarnos con halagos. Se trata de hacer política y negociar para llegar a acuerdos, cumplir con esos acuerdos y, con la confianza adquirida, volver a plantearnos alcanzar más acuerdos», señaló Cruset significativamente desde el podio del Congreso.
El encuentro en Suiza entre el PSOE y Junts fue «muy rudo», ambas partes se dijeron «muy directamente» pero al final encontraron «un hilo» tirando del cual podrían intentar suavizar las relaciones.
Además de retirar la propuesta de senda esta semana, el gobierno se ha esforzado en demostrar buena voluntad hacia los posconvergentes: ha solicitado nuevamente a la presidenta del Parlamento Europeo que se permita el uso de los idiomas cooficiales en la Cámara, y ha reactivado las comisiones de investigación sobre los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils en 2017 y la Operación Cataluña. El PSOE y Junts han acordado la agenda para la primera y pactado tanto el plan de acción como la lista de comparecientes para la segunda, por lo que ambas comenzarán su labor de inmediato. Mariano Rajoy, el expresidente, sus principales colaboradores en su gobierno (Soraya Sáenz de Santamaría) y en el PP (María Dolores de Cospedal), y el equipo de Jorge Fernández Díaz del Interior desfilarán por la segunda comisión, tal como se aprobó el jueves.
Mientras tanto, los miembros de los grupos parlamentarios aliados con el gobierno reconocen el cambio de ambiente de esta semana, con la sensación de que puede avanzarse después de un año de estancamiento intermitente. Claramente, el punto de inflexión será el Presupuesto.
Se retoman las investigaciones de la ‘Operación Cataluña’ y los ataques terroristas de 2017, un nuevo gesto de conciliación del PSOE hacia Junts.
Ahora que se inician las negociaciones con Junts, no obstante, los demás aliados del gobierno piden tener voz y recuerdan que ellos también tienen demandas para respaldar un nuevo camino. «Nuestros votos,» señalaron Ione Belarra (Podemos), Mertxe Aizpurua (Bildu) y Néstor Rego (BNG) este jueves, «son igual de importantes como los de los posconvergentes. Y todos son igualmente esenciales.»
