En el primer jueves laboral del calendario político, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se presentó nuevamente ante el Congreso de los Diputados, por solicitud del Partido Popular (PP). Este encuentro, que se produce después de una conferencia en el Senado a principios de septiembre que no resolvió dudas, estaba destinado a abordar el tema de la financiación única para Cataluña.
Este asunto sigue siendo un enigma tras el acuerdo de investidura de Salvador Illa en la Generalitat y es un tema candente en el actual panorama político que vincula al PP con federaciones socialistas como Aragón o Castilla-La Mancha.
Mona observó que el debate sobre la financiación autonómica está en curso, especialmente en las conversaciones entre los líderes regionales y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa que se inauguró el viernes pasado.
Montero se ciñó a los mismos argumentos que presentó en el Senado, aunque acortando su tiempo en el estrado a solo 35 minutos. Continuó diciendo que el acuerdo con ERC para la investidura de Illa «no rompe de ninguna manera el sistema territorial» y que los detalles del acuerdo son «transparentes y se pueden ver». Insistió en «la solidaridad» y señaló que la singularidad de Cataluña es «compatible» con la equidad territorial, la contribución de Cataluña y «el mantenimiento del Estado». Montero se mostró molesta, pero dispuesta, por tener que tratar la misma cuestión en menos de tres semanas, preguntándose «¿Realmente esto es no proporcionar explicaciones?». También justificó el pacto por la garantía que ofrece en relación con «la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el progreso hacia el federalismo».
La primera vicepresidenta del gobierno acusa al Partido Popular (PP) de buscar el conflicto político y de evitar el diálogo constructivo. Comenta que ellos carecen de una «disposición hacia un modelo de financiación renovado que sea mejor» que el vigente y que en vez de proponer soluciones, prefieren prolongar debates sin llegar a ninguna conclusión. Asegura que una actitud así solo pone de relieve la realidad de que no poseen un proyecto nacional sólido y continuará manteniéndoles en la oposición a largo plazo.
Mientras tanto, en el debate sobre el concierto financiero catalán que ha suscitado controversia entre líderes socialistas como Adrián Barbón, Javier Lambán y Emiliano García-Page, la vicepresidenta Montero ha instado al PP que deje de politizar en contra de Cataluña. Según ella, el objetivo del gobierno no es romper el sistema de financiación existente, si no mejorar la vida de los ciudadanos, proteger los servicios públicos y reforzar la economía.
Montero señala que el PP se encuentra en una postura de rechazo estratégico. Recuerda que en 2012, «la propuesta central del Partido Popular era una financiación específica para Cataluña que resolviera un problema estructural de financiación». José Piqué fue uno de los defensores de este enfoque, así como Feijóo, cuando era presidente de la Xunta participaba en debates relevantes al respecto. Montero también criticó a Feijóo por no aceptar una invitación para participar en un grupo de trabajo sobre financiación durante la legislatura actual, algo que el presidente Sánchez le sugirió en una reunión antes de la investidura.
Montero destacó las «inconsistencias» evidentes del partido popular. Después de rechazar en julio, y frente al último jueves, cuando se abstuvo por falta de apoyos, votar para la ruta de estabilidad de los presupuestos. «Exigen más fondos para las regiones, pero rechazan la ruta» que representa «12.000 millones de euros adicionales para las regiones y los ayuntamientos». La vicepresidenta primera enfocó la atención sobre regiones como Madrid, que promueven «la competencia fiscal desleal». Y promueven «una competencia de reducción de impuestos» a la que se unen otras con menor capacidad. Y eso crea un «vacío». «Reducen los impuestos a los ricos con una mano y luego solicitan al Gobierno con la otra porque no tienen suficiente para financiar los servicios», evaluó Montero, quien cuestionó a la bancada popular por «atreverse a ofrecer lecciones de solidaridad e igualdad mientras fomentan lo opuesto».
Para concluir, Montero criticó al principal partido de la oposición por no proporcionar ninguna propuesta cuando el PP gobierna en doce regiones y dos ciudades autónomas. Cabe señalar que en Génova tienen un documento más detallado bajo su conocimiento interno. No desean darle una ventaja al Gobierno para que sean sus propuestas las que dirijan el debate y no las del Palacio de la Moncloa, que en opinión de Feijóo, deben abordar el tema. Montero se limitó a insistir en la falta de sugerencias más allá del breve «decálogo» de la cumbre que Feijóo y sus presidentes llevaron a cabo en el Palacio de los Duques de Pastrana el 6 de septiembre. «Cómo se les va a alargar el mandato si tienen que buscar decorados para Feijóo como el Palacio de la Moncloa», insistió en un discurso ya pronunciado por los socialistas el mismo día.
Montero manifestó su sorpresa ante la solicitud de debatir sobre financiación en la Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, especialmente porque a menudo se hace caso omiso del voto emitido en estos ámbitos. Erigió una vez más su voz en torno a la senda de la estabilidad, la cual logró evitar con abstenciones de las regiones del PP, antes de que el mismo partido votase en contra en el Congreso. Criticó la postura contradictoria del PP contra «la bilateralidad prevista en los estatutos de autonomía», especialmente en relación con la hipotética condonación de la deuda, una opción rechazada por los principales líderes del PP, lo que pondría en juego «una mayor capacidad económica». Con respecto a la sugerencia más destacada de la declaración de la cumbre del PP, que propone una gestión conjunta de los fondos europeos con las comunidades a través de un pedido de 18 mil millones de euros, Montero afirmó que no sabía de dónde procedía esa cifra. Resaltó que estos fondos «no pueden ser utilizados» más allá de «las inversiones o reformas previamente acordadas» en Bruselas. Alegó que se está tratando de engañar al pueblo, dando a entender como si el gobierno actual fuese perezoso, una acusación que también refuta.
Durante su réplica de diez minutos, Juan Bravo, diputado del PP, reprochó a Montero por limitar su discurso a criticar al PP. Expresó que el acuerdo alcanzado con ERC lleva a la formación de independentistas de primera categoría y españoles de segunda. Lo percibe como una traición a los principios de convivencia y un rompimiento de la igualdad entre españoles, minando la solidaridad. Ante la crítica de Montero por el rechazo a la senda, Bravo alegó que la responsabilidad del PP es «proteger a los españoles de su gobierno». Resaltó que los pactos con Junts, como él expuso, actualmente amenazan la estabilidad de la legislatura.
Bravo subrayó la necesidad de una colaboración unificada de todos los líderes del PP, y la adhesión en términos de multilateralismo. Detalló más propuestas que se están considerando, incluyendo la idea de un fondo transitorio para las comunidades mientras se trabajad en un nuevo sistema. También se enfocó en aspectos adicionales como el envejecimiento y la despoblación. A la incredulidad de Montero, quien desestimó las propuestas, Bravo respondió refiriendo su falta de respuesta. Al concluir, Bravo alentó a Montero a iniciar las negociaciones de inmediato porque «los españoles y las comunidades no pueden seguir esperando».
Durante el turno de Junts, otra vez, el grupo tenía dudas sobre la veracidad del trato con ERC, en medio de una competencia ideológica para liderar el espectro independentista. Esto sucede justo antes de los congresos de ambos partidos. Josep María Cruset sostuvo que numerosas declaraciones de PSOE y ERC del pasado acabaron en incumplimientos recurrentes. «Es suficiente con recordar, por ejemplo, la mesa de diálogo que se convocó para resolver definitivamente el conflicto catalán y someter ese acuerdo a todos los ciudadanos catalanes. Esta mesa se acabó reuniendo tres veces en cuatro años», se quejó. Junts invitó nuevamente a Montero a aclarar si este es realmente «un financiamiento singular» y si significará «el fin del déficit fiscal de Cataluña».
Para Gabriel Rufián, este acuerdo «no perjudica a nadie». «No buscamos que nadie tenga menos de lo que se merece, pero que en Cataluña se logre un mejor sistema de financiación no contradice a nadie. Lo que se intenta es demostrar que esto es posible», y que «PSOE puede ser inducido a mejorar la situación», afirmó.