El grupo profesional de magistrados españoles, «Juezas y Jueces para la Democracia», con tendencias progresistas, ha intervenido en la crisis que involucra a los solicitantes de asilo saharauis detenidos en el aeropuerto de Barajas. Estos individuos están enfrentando la deportación a Marruecos por orden del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.
En un comunicado, la organización insta a Grande-Marlaska a detener cualquier depósito y a seguir la «ley vigente», otorgándoles protección internacional.
La organización subraya un caso precedente similar que resultó en la condena de España por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hace diez años.
Según el comunicado emitido el jueves, «Juezas y Jueces para la Democracia recuerda que el TEDH, en su fallo 6/2014, de 22 de abril de 2014, encontró a España culpable de violar los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece el derecho a un juicio justo, frente a las violaciones por parte de terceros Estados del derecho a la vida y la posibilidad de ser sometidos a un trato inhumano o degradante. Esta decisión judicial se relaciona con 30 saharauis que solicitaron protección internacional en España.»
«El TEDH exigió a España garantizar, tanto legal como materialmente, que los solicitantes de asilo permanecieran en territorio español durante la revisión de sus casos hasta que se tomase la decisión interna. Este fallo reconoce el peligro que enfrentan los saharauis en su territorio e indica el enfoque legal, citando el informe de Hans Corell», según «Juezas y Jueces para la Democracia». Finalmente, este grupo de jueces criticó al ex-magistrado que actualmente dirige el Departamento de Interior por el desprecio evidenciado durante esta semana hacia la legislación y los derechos humanos.
«Por todas estas razones, solicitamos al Ministerio del Interior que asegure los derechos humanos de aquellos que buscan asilo internacional, observando la ley actual y la jurisprudencia, y garantizando el principio de no repatriación. Pedimos también que, en sus decisiones, adopten un enfoque que proteja los derechos humanos, de género e infancia», enfatiza el duro mensaje, mientras se acerca el momento de posible deportación de decenas de activistas saharauis hoy en Barajas. Denuncian que el Ministerio del Interior ni siquiera está revisando sus casos individualmente, tal como lo exige la ley. Advierten que si son enviados a Marruecos, sus vidas estarán en riesgo.
La entidad jurídica confirma que este peligro existe. «Existen informes publicados por la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional sobre el trato de la población saharaui en territorios ocupados por Marruecos. En la Audiencia Nacional, se están procesando a altos militares marroquíes por cargos de genocidio, asesinato, detención ilegal, lesiones y delitos contra la libertad sexual en contra del pueblo saharaui desde la ocupación de Marruecos en 1975», establece el mensaje.
Examen individual contra el criterio de Marlaska
«En este escenario, el miedo manifestado por los solicitantes de asilo a posibles maltratos en caso de retorno no son irracionales ni infundados. Estas alegaciones deben de ser examinadas individualmente, lo que según la doctrina del TEDH, implica mantener a los solicitantes en España hasta que estas circunstancias hayan sido estudiadas a fondo, concluyendo no solo la fase administrativa, sino también la jurisdiccional», le recuerda la asociación a Grande-Marlaska.
La actual negación de las solicitudes de refugio va en contra de la posición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que según los artículos 34 y 35 de la Ley 12/2009 sobre Asilo, juega un papel clave en este proceso, informa.
Además, desde Juezas y Jueces para la Democracia, nos recuerdan que en la Sala de Admisiones del aeropuerto de Barajas, existen actualmente 35 peticionarios de asilo autentificados de acuerdo al recuento llevado a cabo por la Misión de la ONU para el Sáhara Occidental (MINURSO), que confirma su identidad como saharauis. Estos individuos relatan las terribles condiciones que están soportando: superpoblación, falta de limpieza y de atención médica. Por este motivo, doce de ellos han comenzado una huelga de hambre.
Muchos han hablado ya sobre la situación de la Sala de Barajas, entre ellos figuran representantes del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, del CEAR, de la Cruz Roja o del Defensor del Pueblo, quienes demandan una mejora en las condiciones para garantizar los derechos que le pertenecen a cualquier individuo privado de su libertad. Particularmente, el derecho a tener interpretaciones en su propio idioma, en este caso el hassanía, lengua del Sahara Occidental, en lugar del dariya, con interpretes de origen marroquí, finaliza.
