María Jesús Montero, la primera vicepresidenta del gobierno, afirmó el miércoles que desconoce la situación actual de al menos 35 saharauis solicitantes de asilo retenidos en el aeropuerto de Barajas, quienes están en riesgo de ser deportados a Marruecos. Este hecho motivó una huelga de hambre que comenzó el sábado, de la cual, según información proporcionada a El Independiente por fuentes cercanas a los afectados, siguen participando una docena de ellos.
Montero realizó estas declaraciones en respuesta a una pregunta de la diputada de Podemos, Ione Belarra, que también denunció que no le permitieron el acceso a la sala donde se encuentran estos saharauis en la terminal 1 de Barajas. Después de su intervención, hubo un alboroto en la sesión de control del Congreso.
La vicepresidenta se limitó a responder que se informaría del asunto, que estaría en contacto con el grupo de Belarra y que los ministerios de Exteriores e Interior poseen más detalles sobre el caso. En su intervención, Belarra también denunció la amenaza de deportación de estos 30 solicitantes de asilo, cuyas vidas están en peligro en Marruecos. Además, denunció que en la mencionada sala, hay una niña de un año y medio y una persona sorda con cáncer, quienes no están recibiendo atención médica. Belarra le pidió a Montero, quien es médica, que opinara sobre la gestión de su gobierno en esta situación.
La expulsión a Marruecos de Iluass Maayouf, prevista para la noche de este miércoles, ha sido organizada por el departamento de Fernando Grande-Marlaska, apenas dos días después de que el ministro hiciera público la inminente deportación de unos diez individuos, argumentando que no poseen un perfil político que amerite asilo internacional. A pesar de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, un intérprete marroquí fue asignado a Maayouf durante el proceso de su solicitud de protección internacional. Maayouf informó al departamento del Interior que las autoridades marroquíes habían visitado su casa en los territorios ocupados del Sáhara Occidental en busca de él. Según la versión de su familia, la policía marroquí busca a Maayouf por «una condena», acusándolo de dibujar banderas del Sáhara y fomentar a sus colegas de la escuela a hacer lo mismo. Maayouf, sin embargo, se declara ignorante sobre la cantidad de tiempo que tendría que pasar en prisión. Uno de sus hermanos, un activista en los territorios de la antigua colonia española que Marruecos ha ocupado desde 1976, vive ahora en Francia después de pedir asilo político. Los eurodiputados de Sumar advirtieron en una carta enviada este martes al ministro del Interior que la extradición de ciudadanos saharauis podría constituir una violación del derecho internacional, el principio de no devolución, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y el derecho al asilo, incluyendo la Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos comunes para la concesión o retiro de protección internacional. Esta advertencia está relacionada con los alrededor de 40 activistas saharauis actualmente en Barajas y que corren el riesgo de ser deportados a Marruecos en masa.