El juez del Tribunal Constitucional, José María Macías, fue enfático en su voto disidente presentado este miércoles a sus colegas: «En línea con las inquietudes que planteo en esta resolución y sabiendo que ya he sido impugnado por el Abogado del Estado, debo advertir que estuve presente en la sesión plenaria a pesar de mis reservas».
Tanto él como el resto del sector conservador piensan que aquellos impugnados en asuntos de amnistía, incluyendo al presidente Cándido Conde Pumpido y a la jueza Laura Díez, no deberían participar en la discusión hasta que las impugnaciones sean resueltas.
Esta es la postura de Macías en su documento, accesible a través de El Independiente, argumentando que la sesión del Tribunal «fue convocada de forma anómala». «La formación de un tribunal no es simplemente una cuestión interna, de organización o de trámite, carente de relevancia externa o interés para las partes», sino «un tema central», aclara. Según este medio, los cinco conservadores del Tribunal no ven con buenos ojos que todos formen parte del debate, en el que hoy se trató, por ejemplo, la abstención de Juan Carlos Campo, si hay solicitudes para su recusación aún en estudio. Argumentan que ninguno de los tres (Macías, Conde Pumpido, o Díez) deben participar en la votación de sus propias impugnaciones. El sector progresista, por otro lado, defiende una visión opuesta: cada uno solo debe abstenerse de su propia impugnación, no de las demás. Macías remarca que las reglas son diferentes: «El recusado no participa en ningún aspecto del procedimiento en el que ha sido recusado, y cuando hay múltiples recusados, no intervienen ni en su propia recusación ni en las de los demás». Para él, todo lo contrario sería un «absurdo» y «deterioraría irrevocablemente la credibilidad del tribunal».
Macías cuestiona a Conde-Pumpido sobre su participación en el voto particular de 2022 que contradecía una determinación del tribunal guiado por Pedro González-Trevijano. Le recuerda que, pese a que él y otro juez estaban recusados, se involucraron en el debate de sus propias abstenciones, algo que considera no conforme a las normas legales. Macías argumenta que no se está intentando proteger el funcionamiento jurisdiccional, sino mantener una mayoría ya presupuesta. Contrarresta la idea de que el tema de la ponencia sea meramente instrumental, y rechaza la presunción de que no importa quién sea el ponente en un caso. De igual manera, discrepa con la determinación ejecutiva del presidente de anular las ponencias en el tema de Campo para consolidarlas y así acelerar el proceso al evitar sesiones plenarias consecutivas. De igual manera, Macías se muestra en contra de que un juez recusado se haya asignado a sí mismo la ponencia.
