El 1 de octubre de 2021 marcó el comienzo de la administración oficial de las cárceles vascas por parte de Euskadi. Ahora, se acerca el tercer aniversario de dicho suceso, que vivió el Partido Nacionalista Vasco (PNV) como una oportunidad para diferenciarse en la forma de supervisar los establecimientos penitenciarios, distanciándose del Ministerio del Interior.
Emplearon lo que denominaron como ‘modelo vasco’, un enfoque que se enfoca principalmente en la reintegración social de los reclusos y en acortar los períodos de confinamiento a favor de los ciclos de semilibertad. Este cambio coincidió precisamente con el final del proceso de traslado de los presos de la ETA a las prisiones vascas.
Actualmente, son 98 los presos que cumplen su condena en Euskadi.
Las elecciones autonómicas recientes han dado paso a la gestión de Imanol Pradales, luego de la etapa de Urkullu, en ambos casos contando con el respaldo esencial del Partido Socialista de Euskadi (PSE). La gran victoria del PSE en las elecciones le otorgó más influencia en el gobierno recién establecido. Una gran sorpresa fue el cambio en la gestión de las prisiones, que por primera vez fue cedida por los nacionalistas al PSE. La nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha demostrado un fuerte interés en implementar cambios y distanciarse del ‘modelo vasco’ propuesto por el PNV.
Durante una extensa sesión en el Parlamento Vasco ayer, presentó los aspectos clave de su programa para la nueva legislatura, dando a conocer lo que parece ser una ‘enmienda penitenciaria’ a lo que se ha hecho hasta la fecha. Subrayó la necesidad de intensificar el «rigor histórico» en los actos de recuerdo, añadiendo que los prisioneros de ETA necesitan reconocer «el daño que han infligido». Además, sugirió que sería beneficioso si las asociaciones que les apoyan colaboraran en ese reconocimiento. Alertó a todas las partes involucradas que «no deberían esperar de mí un tratamiento especial para los prisioneros de ETA» y aseguró que «se someterán a la misma ley contra la que lucharon, al igual que el resto de prisioneros». Enfatizó que no deberían recibir un «estatus diferenciado» simplemente porque se han identificado como un ‘grupo’ en las cárceles, indicando adicionalmente que «trece años después de lograr que cesaran los asesinatos, no vamos a otorgarles ese estatus diferenciado».
No se detuvo allí con las modificaciones. Manifestó su propósito de implementar una iniciativa defendida por asociaciones de víctimas del terrorismo que había sido postergada durante mucho tiempo: multas económicas para aquellos que muestren imágenes de prisioneros de ETA y emblemas del grupo terrorista en espacios públicos. Es algo así como una lucha contra la normalización de la violencia perpetrada por ETA que se ha vuelto común en varias localidades vascas. Sus antecesoras, las consejeras Batriz Artolazabal y Nerea Melgosa, ambas del PNV, nunca lo plantearon de forma tan explícita. San José ahora aboga por multar a aquellos que muestren imágenes y signos asociados a ETA. Las víctimas habían expresado su descontento con el hecho de que las sanciones existentes para aquellos que glorifican o reivindican el régimen franquista no se aplican en casos de terrorismo: “Es inaceptable que las imágenes de los perpetradores ocupen espacios públicos. Una sociedad democrática debe ser proactiva para evitar una exhibición sin crítica de los perpetradores”.
«Tienen que asumir su responsabilidad»
Con un plan de gobierno que demuestra un cambio evidente en muchos aspectos que el partido socialista había criticado al PNV por su actitud falta de dureza y al grupo de prisioneros por su falta de responsabilidad en los últimos años.
Desde el principio, la dirección de San José experimentó una transformación. Javier Tapia, quien se desempeñaba como asesor penitenciario principal, fue reemplazado en la esfera del Gobierno vasco, y el lugar fue ocupado por la jueza Inés Soria. Esta no es la primera vez que Soria forma parte de un Gobierno: entre 2016 y 2020, fue titular de la cartera de Trabajo y Justicia. Actualmente, enfrenta el desafío de renovar las políticas implementadas en las tres cárceles vascas, las cuales se encuentran sobre saturadas debido a la afluencia de más de un centenar de encarcelados de ETA. Hoy en día, las penitenciarías en Zaballa, Basauri y Martutene albergan a aproximadamente 1.600 prisioneros. Se espera que a finales de este año, o a comienzos del siguiente, la cárcel de Martutene en San Sebastián sea reemplazada por el nuevo complejo de Zubieta, que tiene más capacidad. Esta transición implicará también un aumento del personal carcelario, que pasará de 674 a 829.
San José, desde el momento en que asumió su puesto, ha enfatizado constantemente la importancia de que los miembros encarcelados de ETA que sean liberados, deben tomar conciencia del daño que han causado. Insiste en que esta reflexión debe ser exigida de alguna manera a los etarras que han provocado tanto daño a la sociedad vasca. Argumenta, respecto al concepto de «arrepentimiento» que es en ocasiones cuestionado por aquellos que apoyan a los prisioneros, que «no puede ser una excusa»: “Aunque el arrepentimiento no está en la ley, muchas otras cosas sí lo están, todas ellas encaminadas a que los condenados asuman su responsabilidad”. Hace un llamado a las asociaciones de apoyo a estos prisioneros para que les ayuden a dar ese paso, ya que sería beneficioso.
La asesora no elude señalar que aún persisten muchas obligaciones por asumir en ese universo que apoyó la violencia. Las más de 350 muertes inexplicadas son el ‘gigante invisible’ que se ha eludido hasta la fecha. San José instó ayer a todos los grupos políticos, incluyendo a EH Bildu, a que los encarcelados y sus círculos cercanos ayuden a esclarecerlas, «lo ideal es que aquel que posea cualquier información la suministre, es algo que las víctimas merecen»: «Me uno a su clamor». Además, criticó a aquellos que optan por el silencio para «escapar a la humillación pública»: «Solo consiguen intensificar el sufrimiento e incrementar su responsabilidad directa y moral».
«No es admisible referirse al terrorismo como un ‘periodo'»
La historia y la memoria también requieren una transformación, sostiene la consejera. La imparcialidad con la que en ciertas ocasiones se ha enfocado este asunto debe quedar atrás en favor del “rigor histórico” y la “precisión del mensaje» que debe ser transmitido a las nuevas generaciones acerca de lo ocurrido. “No voy a involucrarme en una guerra de narrativas”, asegura, pero debe estar claro que las décadas de violencia terrorista no fueron “el desenlace natural de un supuesto ‘conflicto’”: “No es admisible referirse a la dictadura como una fase histórica y al terrorismo como un ‘periodo’. Ambos fueron inadmisibles e injustos”.
Gogora, el Instituto Vasco para la Memoria, Convivencia y Derechos Humanos, fue establecido en 2015 y es un ente del gobierno vasco. Este ente trabaja de la mano con el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria, que es dependiente del Ministerio del Interior. Ambos se dedican a construir la memoria del pasado, cada uno desde su propia perspectiva y con sus énfasis particulares. Gogora lleva una carga adicional de conjugar los proyectos asociados con el periodo de la Guerra Civil y el Franquismo, con aquellos relacionados con el terrorismo y los abusos policiales, lo cual resulta a veces en una peculiar amalgama de memoria.
Durante sus iniciales nueve años de existencia, Gogora ha sido dirigido por Aintzane Ezenarro, de la izquierda abertzale de Arlar, los primeros en distanciares de las acciones violentas de ETA. Alberto Alonso la ha sustituido como nuevo responsable del centro, designado por San José, y su objetivo será “redirigir el instituto” para que proyecte un mensaje más claro sobre quiénes organizaron la violencia, quiénes abusaron del poder para cometer actos ilegítimos y quiénes violaron los derechos humanos.
Una revisión en la educación de las nuevas generaciones es igualmente necesaria. San José va a evaluar programas educativos como ‘Herenegun!’ y ‘Adi Adian’. Expresa su preocupación sobre la falta de conocimiento que tienen muchos grupos sociales acerca de la violencia reciente, quienes no la experimentaron directamente: “Necesitamos una memoria claramente crítica y que deslegitime cualquier violación de los derechos humanos por política. Es importante enseñar con precisión y claridad a las nuevas generaciones las circunstancias que motivaron estas acciones y lo erróneo de su curso, además del sufrimiento que causaron”.
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