Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular (PP), manifestó que el partido estaba dispuesto a apoyar una propuesta de regulación de medio millón de inmigrantes, muchos de los cuales residían y trabajaban en España bajo perfil o en la economía informal, siempre que se excluyera a los con historiales criminales.
Esta declaración se hizo a finales de agosto, en medio de una crisis migratoria en Canarias y Ceuta y bajo la condición de darle salida al Gobierno si cumplían con este único pedido. Sin embargo, esto dejó un margen para un posible rechazo de Junts, que sigue enfocada en adquirir todas las competencias posibles para Cataluña en inmigración.
Es importante destacar que el origen de esta iniciativa no está vinculada a ningún grupo político, pero fue presentada en pleno como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por varios grupos sociales y entidades de la Iglesia Católica, tales como Cáritas. A principios de esta semana, estas entidades aumentaron la presión sobre el PP para apoyar la medida, aunque el partido parece menos dispuesto a avanzar con la propuesta. Aun así, está bastante respaldada en general, con la creencia de que ayudaría a combatir el ostracismo social causado por la economía informal. Si el PP no opta por abstenerse, será necesario que Junts lo haga para que la propuesta no fracase.
El martes, PSOE y Sumar, colaboradores gubernamentales, indicaban la reactivación de una propuesta en el Congreso de Diputados, que se había paralizado tras superar la objeción total de Vox en julio y con las fechas para objeciones parciales extendidas. Esto conduce al avance de la propuesta a una comisión para un análisis exhaustivo y el debate entre partidos. En Génova, este debate estaba programado para recibir aprobación en abril, momento en el cual llegó a la Cámara Baja para iniciar el proceso parlamentario. Consultado al respecto en una reunión legislativa, el portavoz del partido popular, Miguel Tellado —conocido por su tono áspero en el PP, en contraste con Sémper—, optó por no hacer comentarios acerca de la disposición al apoyo. Se limitó a expresar su desaprobaicón de que sea noticia el acuerdo entre PSOE y Sumar, siendo aliados gubernamentales. «El Gobierno se burla de todos los ciudadanos españoles abiertamente y no seremos cómplices de tal situación», declaró.
El hecho de que el Gobierno central no quiera negociar o buscar una «solución» a la crisis migratoria, según indica el PP, es parcialmente la causa de la situación. Un escenario que se vislumbra más complicado en las próximas semanas debido a la tranquilidad de las aguas del Atlántico. Tellado argumenta que, aunque durante una reunión el 12 de agosto con el Ministro Ángel Víctor Torres existió una «disposición» para desarrollar un plan basado en una propuesta temporaria del líder canario, Fernando Clavijo [que ahora es un plan documentado entre la Coalición Canaria y el PP], se ha notado la ausencia de declaración por parte del Gobierno durante más de mes y medio. Una situación especialmente criticada dado que existió un compromiso para hacerlo tras la consulta a Migraciones, Juventud e Infancia y al Ministerio de Hacienda. Para Tellado, la verdadera traba para dar esta «solución» es la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Sumar sostiene que las entidades sociales de la Iglesia presionarán tanto a Génova como a Junts.
La firme postura contra el Gobierno, acusado de querer «implementar» medidas sin lograr un acuerdo con las comunidades, se combina con otro elemento estratégico que podría justificar la resistencia actual para respaldar la regularización basada en este respecto de descalificación de inmigrantes con antecedentes. Esta resistencia se debe a la presión de Vox en relación con la política migratoria, la cual constituye la base esencial de su política. El partido de Santiago Abascal intenta desplazar, en cuanto a la percepción social, una vez más, a los conservadores junto al PSOE y la perspectiva de la izquierda sobre la inmigración, al mismo tiempo relacionándola con la inseguridad. Esto es especialmente cierto cuando, como Tellado reivindicó ayer, existe una disposición «total» para colaborar con el Gobierno en busca de una solución sensata. Para el PP, a nivel autonómico, el futuro incluye la aprobación de presupuestos territoriales y una de las condiciones de Vox es retomar las medidas que no fomenten la inmigración irregular.
Cuando se encuestó a El Independiente, políticos populares vinculados al asunto, que se tramitará a través de la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se abstienen de comentarios o se mantienen en silencio. Sin embargo, algunos políticos del partido nacional comentan sobre el tema, aunque sin entrar en detalles. Prefieren postergar cualquier consideración hasta que se presenten las enmiendas parciales. Dejan la opción de agregar nuevas enmiendas a las ya previstas para revisión por caso y que no se emprenda una regularización «masiva», sino «individual». Entre las demandas, el PP también insiste en que la regularización se realice con quienes estén «vinculados al mercado laboral» o quieran participar en él.
Para el Partido Popular, es crucial tratar el asunto de Canarias y Ceuta en relación con esta regularización. Esperan que el ministro Torres, tras algunas consultas previas, decida organizar una reunión para presentar las decisiones del gobierno sobre la propuesta en curso. El PP prefiere realizar este encuentro en un ambiente privado para no perjudicar la comunicación.
Lamentan la inclinación de Moncloa por entablar discusiones con los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, dado que perciben falta de voluntad para dialogar con el principal partido de la oposición.
Sumar espera que la propuesta sea aprobada con lo mínimo
El socio minoritario del gobierno prevé que el PP se abstenga en este contexto. También anticipa que Junts, a pesar de sus reservas sobre inmigración, no obstaculizará el proceso. Según afirman, «la presión de las organizaciones eclesiásticas» es intensa y sería complicado para ambos partidos justificar cualquier oposición. Sin embargo, representantes del partido lamentan que la propuesta no será tan «ambiciosa» como se había planteado inicialmente. Esto se debe no solo a las condiciones más restrictivas que podrían imponer los populares o los neoconvergentes, sino también a las del propio PSOE, que se plantean ser más estrictas con la regulación, lo que podría limitar el número a menos de medio millón de personas.
En Sumar, se espera que los socialistas continúen siguiendo «las pautas de sus departamentos». Consideran que esto es «fundamental», en particular lo que aporte Elma Sainz, del área de Seguridad Social y Migraciones. Confiesan que «Sin su opinión, no se aprobará nada, al igual que nosotros no procederíamos sin consultar a Trabajo o Juventud». Los miembros de Sumar, sin importar la cantidad y con la esperanza de que no disminuya demasiado, entienden que es inevitable enfrentarse de frente con la derecha y, en particular, Vox, a quienes ven como una amenaza por su discurso migratorio. En Sumar, sienten que los problemas con la senda han eclipsado las buenas noticias sobre la resolución del bloqueo. Todavía no se ha establecido una fecha para la llegada del dictamen final al plenario.
