El Gobierno vislumbra una oportunidad renovada para dialogar con Junts, buscando establecer una vía de estabilidad, un precuelo a los Presupuestos Generales del Estado. Aunque son conscientes de que no será un camino sencillo, sin plazos definidos y con incertidumbre sobre la efectividad de las discusiones, están dispuestos a «exhaustar todas las opciones para llegar a un acuerdo».
El Consejo de Ministros, notando un cambio en el ánimo de los posconvergentes, tomó una decisión inesperada el martes: eliminar los objetivos de deficit y deuda para 2025-2027. Dichos objetivos fueron rechazados en julio cuando Junts alió sus votos con PP y Vox.
El jueves, se esperaba un resultado similar en el Congreso, lo que habría resaltado nuevamente la fragilidad parlamentaria de la coalición encabezada por Pedro Sánchez. Hacienda, para redirigir el diálogo, cuenta con el aumento en el cuadro macroeconómico, proporcionando un margen más amplio. Sin embargo, cree que para ganarse a Junts tendrá que proponer que el Estado reduzca su capacidad de gasto para conceder ese margen a los gobiernos autonómicos y locales.
Así pues, el Gobierno retorna al punto inicial después de implementar una estrategia singular y peculiar. Un rechazo por parte del partido de Carles Puigdemont lo recibió en julio, y decidió presentar la misma línea de estabilidad, intacta, a la cámara baja dos meses más tarde. La propuesta alegaba que se concedería mayor flexibilidad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, ofreciendo hasta 12.000 millones de euros adicionales para gastos totales en un período de dos años. No buscó una negociación y optó por exponerse ante el Parlamento a pesar de las constantes indicaciones de Junts de que no desea ser equiparado con el resto de los aliados de investidura, y está en la búsqueda de protagonismo. Adicionalmente, las relaciones se debilitaron tras el acuerdo entre PSC y ERC que llevó a Salvador Illa a la presidencia. Moncloa se preparó para recibir un segundo golpe y advirtió que si su propuesta era rechazada nuevamente en el Congreso, las comunidades autónomas y los municipios serían los más afectados, no el Estado. El motivo es que si las Cortes no aprueban la propuesta del Gobierno ni en la primera ni en la segunda instancia, la situación retornará al estado anterior, el cual es más mezquino y restrictivo para las administraciones autonómicas y locales. Hacienda sostenía que incluso si enfrentaba esta dificultad podría elaborar sus Presupuestos de 2025.
Hasta el día lunes, el Gobierno había aceptado la posibilidad de perder la votación del jueves, pero al detectar una «brecha», decidió poner pausa para intentar llegar a un acuerdo.
De hecho, este lunes, los propios líderes socialistas veían como inevitable la derrota en la votación del jueves, dando por sentado el rechazo tanto del PP como de los seguidores de Puigdemont. En este contexto, la reunión que se había sostenido tres días antes – el viernes 20 de septiembre – entre las delegaciones del PSOE y Junts en Suiza parecía no haber surtido efecto, ya que no se anunció ningún acuerdo.
Hubo un cambio abrupto justo antes de la votación crucial del jueves en el Congreso. Las autoridades socialistas vieron una oportunidad para retomar de último minuto las discusiones con Junts y optaron por frenar. «Si se presenta una oportunidad, la aprovechamos. Estaban preparados para dialogar y eso es lo que estamos haciendo», informaron fuentes gubernamentales de alto nivel, sin revelar más detalles.
La representante de Junts, Nogueras, declaró: «Si el PSOE, si Pedro Sánchez quiere un cambio, debe hacer cosas distintas. Esto es algo que hemos mantenido desde el primer día».
Efectivamente, el martes por la mañana, el Consejo de Ministros decidió retirar su propuesta inicial para tratar de acercarse a los simpatizantes de Junts. La portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, aplaudió el cambio en una entrevista con periodistas en Madrid: «Nunca hemos dado ni daremos nuestro respaldo sin recibir nada a cambio. Y parece que, después de casi un año, están empezando a entender esto. Si el PSOE, si Pedro Sánchez quiere ver cambios, debe iniciarlos él mismo. Hemos enfatizado esto desde el principio». Eso significa: Junts es un aliado diferente. Lo que el partido separatista busca es una oferta «negociada» con ellos que realmente «mejore la condición de Cataluña».
El punto de partida, así como el de desacuerdo
Nogueras confirmó que un buen lugar para comenzar las negociaciones sería una moción de 2014 presentada por ERC y respaldada por el Parlamento de Catalunya, con el apoyo de PSC. En la moción se solicita que se conceda a las comunidades autónomas «un tercio, como mínimo», del total de déficit del país.
El Ministerio de Hacienda descarta la opción de aceptar el esquema planteado por Junts de fraccionar en tercios el déficit general: «Es inviable que alguna entidad pueda tener un déficit superior al que poseía. Debe existir precaución».
En contraposición a esta propuesta, la administración no muestra coincidencia. Desde hacienda, se argumenta que este planteamiento habría cobrado sentido en los inicios de la década previa, cuando se establecieron los primeros propósitos de equilibrio presupuestario a nivel autonómico y local, permitiendo así que el estado, las comunidades autónomas, y los ayuntamientos dispusieran de igual fragmentación en el objetivo global de déficit concedido a España. Sin embargo, en los actuales tiempos, ya no resulta factible seguir esta normativa, dados los más de diez años que llevamos siguiendo el mismo patrón. «Sería insostenible explicar a Europa que se otorgaría a las CCAA mayor margen para los gastos en vez de disminuir el déficit. Aún así, necesitamos dialogar», expresan desde la oficina de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. «Las comunidades no pueden descontinuar su tendencia de decrecimiento del déficit. Ninguna entidad puede poseer un déficit más elevado del que tenía. Con eso se tiene que tratar con mucho tino. Quizás en los orígenes podría haber funcionado, ahora ya no».
Desde el Gobierno se señala que, con la ruta fiscal que se propuso y luego se retractó, se permitió a las Comunidades Autónomas (CCAA) un déficit del 0.1% del PIB durante todo el periodo 2025-2027. Esto resultó en una mayor flexibilidad en comparación con los requerimientos previos de tener un superávit de una décima. Asimismo, los ayuntamientos estaban obligados a mantener un equilibrio presupuestario en lugar de lograr un superávit de una décima en 2025 y dos en 2026 como se especificaba previamente. Por otro lado, el déficit del Estado estaba previsto para disminuir del 2.8% al 2.2% el próximo año y al 1.8% en 2026. «Con esta trayectoria que estábamos planteando, ellos no reducen el déficit, nuestra parte lo reduce en el Gobierno central. Aspiran a que reduzcamos aún más el déficit y al mismo tiempo ellos [CCAA y municipios] tengan aún más margen de gasto, o sea, que el Estado tenga menos capacidad de gasto y que ese extra lo obtengan ellos. Cada décima que plantea Junts equivale a 1.500 millones».
El déficit total esperado para 2025 debía ser del 2.5%. De ese porcentaje, el Estado se quedaba con el 2.2%, las CCAA con el 0.1% y la Seguridad Social con dos décimas. Si ese 2.5% se dividiera en partes iguales, las autonomías cambiarían de tener permiso para un déficit de una décima a un -0,8%. Esto significa siete décimas más, o un incremento de 10.500 millones solo para las CCAA. Según un ministro, los seguidores de Puigdemont están «todavía en la montaña» y es necesario hacerlos descender al valle. Eso es precisamente lo que se busca en las negociaciones actuales, cuyo desenlace aún está por decidirse.
Lo que busca Junts no se limita únicamente a que nosotros hagamos mayores recortes del déficit, sino que también anhela que las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos puedan incrementar su capacidad de gasto más allá de lo actual», se comenta desde Hacienda. Este mayor margen de siete décimas representa un incremento de 10.500 millones.
El Gobierno goza del respaldo de la rutinaria revisión anual que el Instituto Nacional de Estadística (INE) llevó a cabo la semana pasada. Esta revisión ascendente de las cifras de crecimiento económico de los años 2021, 2022 y 2023 condujo también a que el Consejo de Ministros del reciente martes aprobara un aumento de las proyecciones para el 2024 (un incremento de tres décimas, hasta llegar al 2,7%), 2025 y 2026 (un alza de dos décimas anualmente, para alcanzar el 2,4% y el 2,2%). Este ajuste al alza del PIB ofrece un cierto respaldo al ejecutivo, en particular en la relación deuda, «pero poco en el presupuesto», puesto que el Gobierno ya estaba notando un mejor ingreso debido al buen curso de la economía, y lo que sucedía es que sus cifras estaban «desfazadas» con las que proporcionaba el INE hasta el momento.
«Estupenda noticia».
En el Gobierno y en el PSOE, así como en Sumar, imperaba un ambiente de «esperanza». Percibían una oportunidad emergente con Junts que debían aprovechar. «El hecho de que no se realice el debate del jueves es una excelente noticia, ya que permite avanzar y negociar. Lo primordial a proteger es la senda», indican desde la Moncloa. «Si no existiera la posibilidad de llegar a un acuerdo, no nos sentaríamos a conversar», argumenta la cúpula socialista. La expectativa es que ahora puedan encontrar soluciones con los posconvergentes sobre la senda de estabilidad y presupuestos para 2025. Aunque Puigdemont siempre recuerda que negocian paso a paso. Para Sánchez es crucial tener un nuevo plan de cuentas públicas. Principalmente desde el punto de vista político, ya que proporcionaría dirección a la legislatura y fuerza para llevarla a cabo. Economicamente, el Gobierno ha declarado que no cambiaría mucho el panorama, y no sería un «desastre» no tener un nuevo presupuesto, ya que el actual de 2023, es expansivo y preparado por la coalición de PSOE y Sumar.
«Si no existiera la posibilidad de llegar a un acuerdo, no nos sentaríamos a conversar», argumenta la cúpula socialista que quiere unir senda y PGE, pero Junts siempre advierte que negocia paso a paso
Con las cámaras y micrófonos apagados, los socialistas admiten abiertamente que deben convencer a Junts. Siempre ha sido así y siempre será así. Pero públicamente, el Ejecutivo y el PSOE no dejan de llamar al PP, argumentando que la senda propuesta es generosa con las Comunidades Autónomas y los municipios, siendo el partido de Alberto Núñez Feijóo el que tiene un mayor poder territorial y saldría beneficado.
Pilar Alegría, vocera gubernamental, dirigió una serie de críticas ahorcadas hacia el PP por su falta de apoyo a los propósitos de estabilidad. Señaló que cuando sus regiones en cambio, se abstuvieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio, esto no se trataba de un voto de oposición hacia el Gobierno actual, sino un golpe a los ciudadanos del país. Sostiene que esto significa no usar 12.000 millones de euros para la mejora de la «calidad de vida» de los habitantes. Los fondos resultantes podrían ser utilizados para emplear a más docentes, médicos, enfermeros, y enriquecer los servicios de atención para los ancianos y personas dependientes, los cuales son responsabilidad de las CCAA. En lugar de este «cálculo partidista» que según ella el PP ostenta, su postura «irresponsable e inconstante de votar siempre en contra», el Gobierno ha elegido optar por «dar una nueva oportunidad al diálogo» en un intento de lograr un acuerdo.
En público, el Gobierno mantiene su rechazo al PP por su «irresponsabilidad» y «cálculo partidista», acusándolos de falta de preocupación hacia los ciudadanos.
Si se llega a un consenso sobre un nuevo camino a seguir, entonces el Ministerio de Hacienda deberá presentarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde todos los consejeros autonómicos del campo están presentes. Sin embargo, en esta entidad, Montero tiene más de la mitad de los votos (+50%+1). El siguiente paso sería presentar estas nuevas metas al Consejo de Ministros y luego al Congreso y al Senado para su aprobación.
Al mismo tiempo, el gobierno ha tomado diversas acciones en beneficio de Junts: por tercera ocasión, el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, instó a la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a permitir el uso de los idiomas cooficiales en la Cámara, ya que esta es una cuestión que España considera «prioritaria». Además, en el Congreso se han vuelto a activar dos de las comisiones de investigación que se habían acordado con ERC y Junts en 2023: una dedicada a los ataques terroristas yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils, y otra relativa a la operación Cataluña. Los voceros no se habían encontrado durante seis meses y aún no se han alcanzado acuerdos, pero tienen previsto volver a reunirse el jueves para intentar elaborar un plan de trabajo en común.
Se han hecho más gestos hacia Junts: Albares solicita a Metsola que permita el uso de los idiomas cooficiales en el Parlamento Europeo y se reactivan dos comisiones solicitadas por los independentistas en el Congreso.
No existen plazos definidos, por lo que no se puede confirmar si el acuerdo sobre la senda (y el presupuesto) se concretará antes o después del congreso de Junts, que está programado para finales de octubre. Con los posconvergentes nunca se puede dar nada por sentado. Absolutamente nada. Esa es la esencia de esta legislatura, marcada por la incertidumbre y la tensión constante. Existe la sensación de que siempre que la relación con Puigdemont parece estar a punto de romperse, surge una opción inesperada para resolver la situación.