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El gobierno está dispuesto a hacer públicos los informes del CNI en relación a los atentados yihadistas del 17-A, tal como solicita Junts

Se han iniciado conversaciones para beneficiar el entendimiento con Junts y procurar cierta estabilidad entre los socios que respaldaron la investidura. Ello surge especialmente después de la cancelación de la votación sobre la senda de estabilidad, prevista para mañana, ante el temor de que sería nuevamente bloqueada por los neoconvergentes.

En dichas negociaciones, se aborda la posibilidad de contemplar beneficios económicos para Cataluña. El diálogo con Junts también se centra en torno a la comisión de investigación sobre los ataques terroristas de 2017 en La Rambla de Barcelona y Cambrils, que retomó sus actividades este martes, tal como se había acordado entre los socialistas y el partido de Carles Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez hace casi un año.

Para abordar el asunto y con el objetivo de suavizar tensiones con Junts, fuentes gubernamentales demostraron su disposición este miércoles para avanzar en dicha discusión e incluso para la desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los documentos en cuestión contienen detalles de la operación en torno al ataque de los terroristas de Ripoll (Girona). Según estas fuentes del gobierno, «No habría ningún inconveniente» en proceder con dicha desclasificación. Haciéndolo, cualquier duda sobre la integridad de la inteligencia nacional sería eliminada.

Desde los sucesos, algunos sectores del independentismo han sostenido que tanto el Ministerio de Interior como el CNI estaban al tanto de los planes de los terroristas y permitieron el ataque para crear caos y debilitar al independentismo en uno de los años más conflictivos del procés. La desclasificación demostraría que el CNI «no tuvo ninguna participación», enfatiza el gobierno.

Esta decisión de publicarse se ha tomado apenas unas horas después de que el PSOE y sus aliados dieran su aprobación para que se procediera con una propuesta del PNV. Dicha propuesta apunta a incrementar la supervisión de la entidad.

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