María Jesús San José, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, está trabajando en un cambio en la legislación de las víctimas de terrorismo para penalizar administrativamente la muestra en público de imágenes de prisioneros de ETA o símbolos y gestos que apoyen a la facción terrorista.
La proposición fue pedida y acordada en el Consejo de Participación de las Víctimas del Terrorismo hace tres años, y aun está en etapa de definición. San José, quien dirige el ministerio por parte del PSE, espera obtener un apoyo mayoritario en el parlamento vasco.
San José, durante su intervención en el parlamento vasco para presentar las líneas principales de su programa de actuación para la legislatura, afirmó que no se puede permitir que las imágenes de los reos de ETA y los símbolos «que los representan» sigan mostrándose en las calles del País Vasco. La medida pretende semejarse a las penalizaciones establecidas en la ley vasca de Memoria Histórica, que penaliza la exhibición de símbolos de la dictadura.
La propuesta, que ya se encuentra en una fase avanzada de desarrollo, implicaría una modificación restringida de la ley de víctimas. Asegura que su deber es prevenir este tipo de exposiciones públicas de aquellos que causaron tanto daño. La exhibición de fotos de prisioneros de ETA y de símbolos asociados a la facción terrorista ha sido repetidamente criticada por diversas asociaciones de víctimas, en particular el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), quien denunció varios incidentes de este tipo durante las celebraciones del verano pasado en el País Vasco y Navarra.
La Fundación Fernando Buesa propuso la aplicación del modelo de pena destinado a actos o símbolos que promueven el franquismo, a manifestaciones o elementos de apoyo a ETA que se observan en las calles vascas. Eduardo Mateo, representante de esta fundación, destacó que la ley de 2008 ya estipula la protección de la dignidad de las víctimas de terrorismo. Sin embargo, señaló que muchos ayuntamientos argumentan no tener los medios para hacerlo: «Se actúa a diario, solo en caso de denuncias. Este sistema de sanciones proporcionará a los municipios la capacidad de intervenir», afirma.
La consejera hizo hincapié en la importancia de trabajar en la creación de una memoria que se cuestione y desacredite lo ocurrido, dirigida especialmente a aquellos que no lo presenciaron. Subrayó que las generaciones futuras deben ser conscientes de la existencia de grupos terroristas, como ETA, que excluyeron a los que eran diferentes, y también sobre otros que abusaron ilegítimamente de su autoridad -referencia a los abusos por parte de la policía- o la violación de derechos fundamentales durante el franquismo.
En cuanto al Instituto de la Memoria ‘Gogora’, apela a la necesidad de reorientar su trabajo para abordar la labor de preservar la memoria «sin obsesiones ni fanatismos», manteniendo siempre la «precisión histórica».