El Gobierno decidió el martes retirar su propuesta de estabilidad presupuestaria que estaba prevista para votación en el Congreso el próximo jueves, debido a la falta de apoyo. Esta votación parecía abocada al fracaso desde el principio, por lo que se decidió evitar otro descalabro parlamentario.
La retirada de la propuesta implica la eliminación de los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2025-2027 del Congreso, lo cual hubiese permitido mayor gasto para las comunidades y ayuntamientos. Según informó el departamento financiero encabezado por María Jesús Montero, el propósito de esta acción es permitir más tiempo para negociaciones y fomentar el diálogo.
La falta de apoyo se debe principalmente a la negativa del PP y de Junts a respaldarla. No obstante, el Gobierno está buscando agotar todas las opciones para alcanzar un acuerdo que beneficiará a todas las comunidades autónomas y ayuntamientos. Aún no se ha especificado cuándo se presentará una nueva propuesta, y mientras tanto, el futuro de las cuentas públicas sigue siendo una incógnita.
Ante este panorama, Montero deberá replantar la propuesta de estabilidad presupuestaria, con la esperanza de que Junts cambie su posición y vote a favor. Sólo después de superar este obstáculo se podrá proceder a la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025 por el Consejo de Ministros y su posterior presentación a las Cortes.
El partido Junts expresó anteriormente que no podía apoyar el mismo texto que se presentó y se rechazó en julio. Sin embargo, últimamente el Gobierno ha estado apuntando sus críticas al PP, y no a Junts, que ha estado mostrando resistencia a apoyar todas las iniciativas del gobierno en coalición y parece disfrutar al ponerlo en aprietos semana tras semana. El Ejecutivo critica la irresponsabilidad del PP y su potencial daño a las Comunidades Autónomas (CCAA) y los ayuntamientos, que podrían perder casi 12.000 millones de margen presupuestario si no se aprueba una nueva ruta económica.
Desde el Ministerio de Hacienda señalan que el Gobierno aprobó unas metas de estabilidad apoyadas por los gobiernos autónomos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en julio pasado. Estos objetivos, a los que las CCAA del PP se abstuvieron, darían más flexibilidad a las administraciones locales y autónomas. «El mayor margen recaería en la Administración central, que asumiría la mayor carga de reducción del déficit. La ruta propuesta por el Gobierno proporciona a las CCAA y ayuntamientos un incremento en la capacidad de gasto. Seguiremos negociando con esa premisa para lograr un acuerdo», insiste el Gobierno.
El Ejecutivo enfatiza que la retirada de esta ruta es una muestra de responsabilidad hacia el interés general y en busca de un acuerdo que beneficie la protección del estado de bienestar. Condenan a aquellos que actúan por intereses electorales y partidistas, mientras el Gobierno se esfuerza por «mejorar la vida de las personas». Desde Hacienda, recalcan que «en contraste con aquellos que están motivados por cálculos políticos y electorales, incluso si eso significa dañar los servicios públicos para todos los ciudadanos, el Gobierno se esfuerza por mejorar la calidad de vida de las personas y buscará un acuerdo que proteja los recursos para la salud, la educación y la asistencia para las personas dependientes en todas las regiones».
Después de la reunión del gabinete ministerial presidida por Montero debido al viaje del líder del gobierno a Nueva York para la Semana de alto nivel de las Naciones Unidas, la portavoz del gobierno insiste que retirar la votación de la senda fiscal de la agenda tenía como objetivo proporcionar una oportunidad para continuar el diálogo y llegar a un acuerdo. Según la Ministra Pilar Alegría, votar en contra de los objetivos de estabilidad no es una acción contra el gobierno, sino contra los ciudadanos del país, ya que esta votación representa una disminución en el presupuesto de las comunidades autónomas y municipios, lo cual significa 12.000 millones menos para gastos en salud, educación y dependencia. «Con 12.000 millones podríamos contratar a más maestros y médicos, mejorar la atención en nuestros hospitales y centros de salud, incrementar el apoyo a los ancianos y dependientes y mejorar las políticas prioritarias y fundamentales», dijo, responsabilizando únicamente al PP (no a Junts) de intentar debilitar al gobierno. Alegría cree que hay una oportunidad para el diálogo con el objetivo de alcanzar un acuerdo. Ofrece a los grupos que quieran cooperar con responsabilidad una «mano extendida». Durante la conferencia de prensa, Alegría no ofreció detalles sobre el calendario que el gobierno tiene para aprobar la nueva ruta fiscal, ni sobre las posibilidades de negociación que se planean explorar, ni sobre cómo planean acercarse a Junts, pero aseguró que todos los grupos dispuestos a trabajar con responsabilidad encontrarán al gobierno dispuesto a cooperar. «Haremos todo lo posible para continuar trabajando, dialogando y logrando un acuerdo» sobre la senda de estabilidad, afirmó. Tampoco hay un plazo determinado para la presentación de los presupuestos de 2025, que sería el siguiente paso.
La portavoz simplemente indicó que el Gobierno seguirá adelante con los procedimientos necesarios para permitir su aprobación. Aunque todo está aún indefinido, es claro que se ha presentado una oportunidad para la negociación en favor del Gobierno. A fin de que Junts retorne al bloque de investidura y avale el camino que se ha propuesto.