La comisión que estará encargada de explorar un nuevo modelo para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estará compuesta por dos miembros conservadores, José Carlos Orga e Isabel Revuelta, y dos progresistas, Bernardo Fernández y Argelia Queralt.
La comisión deberá presentar su propuesta a la Cámara legislativa en seis meses. Esto es parte de un intento por obtener una representación equilibrada en todos los niveles de la organización. Sin embargo, no se ha logrado acuerdo para conformar la comisión de comunicación.
Después de períodos intensos de negociación, los 20 vocales han podido limar asperezas y comenzar a trabajar en dirección a consensos mayores. Dichas negociaciones han permitido estrechar lazos entre conservadores y progresistas, apareciendo líderes prominentes en ambos grupos, como Alejandro Abascal y José Antonio Montero en el ala conservadora, y José María Fernández Seijo y Esther Erice del lado progresista.
La presidenta Isabel Perelló ha afirmado desde el principio que no busca un Consejo centrado en un liderazgo presidencialista y que ambas ideologías deben dialogar y entenderse para que ella pueda actuar como una especie de intermediaria, convocando plenos para ratificar acuerdos consensuados. Se ha evitado la aproximación del ‘método Lesmes’, cuyo predecesor sólo se rodeaba de aquellos que lo respaldaban.
La estrategia seleccionada para la creación de comisiones se basa en un equilibrio delicado que satisface a todas las partes: si un presidente de una comisión es progresista, la mayoría de sus miembros serán conservadores, y viceversa.
El núcleo de asesoramiento a la presidenta Perelló, también conocido como Comisión Permanente, estará compuesto por los miembros elgidos por el PP: Isabel Revuelta, Pilar Jiménez y Alejandro Abascal, así como los escogidos por el PSOE y Sumar: Bernardo Fernández, Esther Erice y Carlos Hugo Preciado.
Expertos legales señalan que el gran desafío sigue siendo la gestión de la comunicación, un tema que ha quedo diffirió para ser abordado en el futuro. El bando conservador propone que se tenga un solo portavoz, mientras que los progresistas buscan establecer una comisión encargada de definir cómo se comunicarán los mensajes y la transparencia de este nuevo organo.
Las comisiones Disciplinaria y de Asuntos Económicos serán presididas por el progresista José María Seijo, en cambio, la comisión de Calificación estará al mando del conservador José Antonio Montero. Esta última comisión lleva la labor de preparar los acuerdos para la designación de los magistrados en los niveles superiores de justicia, donde ya hay 102 vacantes. Los miembros elegidos por juristas no pueden presidir comisiones, por lo que algunos jueces toman el liderazgo en más de una ocasión.
Este es el caso de Gema Espinosa, propuesta por el PP, quien será presidenta de las comisiones de Igualdad y de la Escuela Judicial, ya que anteriormente fue directora de los estudios judiciales. De la misma manera, el juez Ángel Arozamena (progresista) de la Corte Suprema liderará la Comisión de Estudios e Informes mientras que José María Páez (conservador) dirigirá la Comisión de Modernización e Informática.
Se espera que cada individuo realice un ciclo por todas las comisiones, permaneciendo al menos un año en cada una. La única excepción es la Comisión Disciplinaria, que mantendrá su equipo actual hasta el final. En la primera reunión programada, se anticipa que Perelló confirme a Dimitry Berberoff como vicepresidente una vez que los miembros hayan votado positivamente para su nombramiento.