El tribunal de Madrid ha tomado una decisión con respecto a la demanda presentada contra Begoña Gómez por el software que ella inscribió a su nombre. Esta decisión puede marcar un nuevo rumbo en la investigación y, de acuerdo a especialistas legales del caso, podría dificultar el cierre total del expediente.
Se espera que el mismo ente judicial (aunque en otro apartado) analice el próximo lunes todas las averiguaciones que hasta ahora han sido respaldadas por el juez Juan Carlos Peinado del juzgado de instrucción número 41. Esta resolución será clave para determinar el futuro de Gómez, quien podría enfrentar nuevos cargos criminales.
Para entender la complejidad de este caso, debemos remontarnos a sus orígenes. Peinado recibió en abril una denuncia de Manos Limpias, que apuntaba a un posible caso de corrupción involucrando al empresario Juan Carlos Barrabés, y posibles favores desmedidos a la compañía Air Europa debido a la relación de Gómez con el antiguo CEO, Javier Hidalgo. Gómez fue acusada por dos delitos específicos: influencia indebida y corrupción en negocios privados. En ese momento, la investigación estaba centrada en los contratos públicos efectuados por Barrabés con Red.es (dependiente del Ministerio de Transformación Digital) apoyados por cartas de recomendación de Gómez, quien desarrolló un máster en la Universidad Complutense de Madrid con Barrabés como profesor. Además, sobre la cuestión de la ayuda gubernamental a Air Europa durante la pandemia. Mientras tanto, según ‘El Confidencial’, empresas como Indra, Telefónica y Google se comprometieron a desarrollar sin costo un software para usar en este máster, bautizado como Transformación Social Competitiva. Los proyectos, valuados en alrededor de 150,000 euros, fueron costeados por las empresas pero nunca fueron finalizados por posible conflicto de intereses. Gómez, por su lado, inscribió el nombre del programa (TSC).
A finales de 2023, la Plataforma de Medición de Impacto Social y Medioambiental será rebautizada en su honor. A principios de junio, la asociación Hazte Oír puso en marcha una querella en la que se exponía un supuesto uso fraudulento de la cátedra de Gómez, quien, aunque no es licenciada, está en el cargo de co-directora. También se señaló la anomalía en la creación de este programa. Esta querella se interpuso en el decanato de los juzgados, considerando que el trabajo que llevaba a cabo Peinado estaba aún en su etapa inicial y puede que no tuviera relación con el asunto. Este tema fue asignado al Tribunal de Instrucción número 48 de Madrid. Peinado, sin embargo, continuó avanzando, citando a testigos y llegando a imputar al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y a Barrabés a finales de julio. Según fuentes legales, la investigación progresó y reveló que todos los hechos estaban interrelacionados y si existía alguna irregularidad con el software, radicaba en la creación de la cátedra. Por ende, una cosa no podía separarse de la otra. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 48 se inhibió a favor del Juzgado de Peinado para que continuase la investigación integralmente. Aunque la Fiscalía recurrió argumentando que los hechos no estaban relacionados, la Audiencia Provincial de Madrid ha insistido en que debería ser Peinado quien lleve adelante la instrucción completa. Se contempla que el Ministerio Público tiene la intención de que Peinado no sea el responsable de todo lo que tiene que ver con la esposa de Pedro Sánchez. Es conocido que existen desavenencias entre el juez y el fiscal que han quedado evidentes en los documentos del sumario.
Aunque no se han abordado los pormenores, los magistrados opinan que el juez debe tomar en cuenta todas las acusaciones presentadas. Esta decisión ha sido interpretada por algunos expertos legales como un respaldo a las investigaciones. Es la sección 23 la que tendrá que decidir el próximo 30 de septiembre si respalda o no las acciones tomadas hasta ahora por Peinado. Las acusaciones populares consideraron un mal presagio el que los jueces solicitaran una copia completa de los procedimientos antes de deliberar. Temían que quisieran examinar detallamente todos los documentos involucrados en el procedimiento solo para concluir en archivarlo. Sin embargo, las fuentes consultadas sostienen que la decisión respecto al software inicia un nuevo capítulo en el que, aunque se archiven los recursos presentados, el juez Peinado deberá llevar a cabo lo concerniente al programa. «Tendrán que citar nuevamente a Begoña Gómez para que declare sobre los nuevos acontecimientos y tenga la oportunidad de defenderse», indican. En contra de la esposa del presidente, se encuentra el informe que el propio centro universitario presentó al juez tras una revisión interna para determinar si un recibo de pago a una agencia de publicidad y otros dos contratos fueron para mejorar la docencia o para beneficio personal de la empresa de Gómez. La Universidad Complutense sugirió que podría haber habido «apropiación indebida» ya que la investigación registró la marca del software sin que ellos parecieran estar al tanto. La denuncia de Hazte Oír también sugiere un delito de malversación de fondos al considerar que el dinero de la universidad fue desviado para beneficio personal, junto con otros delitos de administración desleal e intrusismo.
Por lo tanto, resta por determinar cuál será la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid. Antonio Camacho, el letrado de la mujer acusada, alega que se está llevando a cabo una investigación retrospectiva sobre todo el pasado de la esposa del presidente, la cual carece de pruebas suficientes para ser concluyente. Los jueces tienen la opción de no descartar el caso, pero sí de limitar las investigaciones solo a los sucesos que consideren potencialmente delictivos.