La repatriación de estos individuos saharauis puede representar una potencial infracción del derecho internacional, la norma de no repatriación, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el derecho a asilo, incluyendo la Directiva 2013/32/UE, que establece metodologías unificadas para otorgar o retirar el amparo internacional.
Así lo advierten los eurodiputados de Sumar en una misiva remitida el martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relación a los cerca de 40 activistas saharauis que se encuentran en Barajas, en peligro de ser deportados en masa a Marruecos.
Los autores de la carta son los tres eurodiputados que Yolanda Díaz logró en las elecciones europeas de junio: Estrella Galán, líder de la lista; Jaume Asens, de Catalunya en Comú, y Vicent Marzà de Compromís. Como sabrá, la población saharaui se enfrenta a una situación crítica debido a las reiteradas violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades de Marruecos. Represión, persecución y violencia a manos de las autoridades alauitas, una situación que ya era grave antes de noviembre de 2020 cuando se reinició la guerra, le señalan al ministro. Autorización de entrada por razones humanitarias De hecho, los eurodiputados instan a Grande-Marlaska a volver a su papel de juez antes de su ingreso en la política respaldado por el PSOE. Hace una década, como juez de la Audiencia Nacional, un auto de la Sección Penal que presidía reconoció a España como el administrador de iure de Sahara Occidental.
Quisiéramos recordarle que el Sáhara Occidental es un territorio aún pendiente de descolonización, según la Resolución A/5514 de 1963 de la ONU, ocupado ilegítimamente por Marruecos desde 1975. De acuerdo al Auto 40/2014 de la Audiencia Nacional, España tiene la ‘potestad administrativa de iure’, una realidad que usted mismo avaló como líder de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en su momento, según se apunta en la carta. A través de esta misiva, expresamos nuestra inquietud sobre la situación que padecen estas personas, retenidas en condiciones precarias en el aeropuerto, en especial los menores y los huelguistas de hambre. Instamos a las autoridades españolas y, específicamente al Ministerio del Interior, a poner en práctica el principio de ‘no devolución’, estipulado en la Convención de Ginebra. Pedimos que se les permita la entrada a España de manera urgente por razones humanitarias, que se procesen las solicitudes de aquellos que han buscado protección internacional y/o apatridia, y que cada caso se examine de manera individual y con la profundidad necesaria, como lo sugieren ACNUR y el Defensor del Pueblo.
La reciente transacción de SDLE marca un nuevo rumbo en el sector de defensa en España.