El cuarto día de la huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas en Madrid, protagonizada por unos treinta activistas saharauis, expone las divisiones internas del gobierno en coalición. Esto ocurre un día después de que el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendiera el rechazo generalizado de la protección internacional a los solicitantes saharauis y notificara la pronta deportación de diez de ellos.
Los legisladores de Sumar Tesh Sidi y Enrique Santiago intentaron ingresar al lugar donde se lleva a cabo la huelga en Barajas, pero, al igual que ocurrió con Ione Belarra del partido Podemos el lunes pasado, se les negó el acceso por la administración del Interior a pesar de que ambos legisladores habían notificado a Grande-Marlaska anteriormente.
Según fuentes cercanas a los legisladores de Sumar a quienes se les negó la entrada, la situación será tratada dentro del gobierno por las ministras de Sanidad y Juventud e Infancia, Mónica García y Sira Rego, respectivamente.
Entre las personas que podrían ser deportadas, se encuentran un joven sordo con cáncer y una pareja con una niña de dieciocho meses, cuya madre sufrió un aborto la semana pasada. Alrededor de treinta saharauis que solicitan protección internacional y provienen de las regiones del Sahara Occidental ocupadas por Marruecos, comenzaron una huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas en Madrid el sábado, en respuesta a los repetidos rechazos del Ministerio del Interior. Los huelguistas ven esto como un rechazo colectivo e indiscriminado que ignora las razones de su huida de la antigua colonia española y el riesgo seguro de represalias y ataques a su integridad física si son deportados.
Las preguntas a Marlaska en el Congreso están pendientes.
Sumar, el lunes pasado, presentó una serie de cuestionamientos en el Congreso de los Diputados hacia el Ministro del Interior, acusándolo de rechazar reiteradamente y de manera sistemática solicitudes de refugio, violando así los derechos a la protección internacional de los afectados, quienes enfrentan la posibilidad de ser deportados a Marruecos, poniendo en peligro su bienestar físico. Desde Sumar se pregunta al ministro por qué se ha rechazado sistemáticamente el asilo a los activistas saharauis detenidos en Barajas, sin valorar individualmente cada caso, que medidas está tomando el Ministerio del Interior para garantizar el respeto a los derechos humanos de los solicitantes de asilo, especialmente aquellos que denuncian persecución política y tortura, y cómo responde el Gobierno a los reclamos acerca de las condiciones insalubres en las que se encuentran los activistas saharauis detenidos en el aeropuerto.
Se cuestiona también al Ministro del Interior acerca de por qué se está enviando de vuelta a Marruecos a personas bajo la alegación de persecución por las autoridades marroquíes, y cuáles son las acciones que el Gobierno tomará para asegurar que los solicitantes de asilo tengan acceso a una evaluación justa y transparente, en línea con el derecho internacional. Además, se pregunta si se revisará la política de asilo actual respecto a los casos de activistas saharauis, en vista de las tensiones y el historial de derechos humanos en el Sahara Occidental. Sumar, a su vez, espera una respuesta de Grande-Marlaska acerca del motivo por el cual se desoyen las recomendaciones del Defensor del Pueblo de no asignar intérpretes de origen marroquí o dariya -el dialecto árabe usado en Marruecos- a los solicitantes saharauis. Sumar también solicita información sobre cuántos saharauis provenientes de los territorios ocupados del Sahara Occidental han sido rechazados para asilo desde 2022.
A pesar de las protestas y las huelgas, el Ministerio del Interior indicó el lunes que se había llegado a un acuerdo para retornar a Marruecos a diez activistas saharauis, quienes supuestamente tienen pasaportes marroquíes. Estos individuos se encontraban varados en el aeropuerto de Barajas en Madrid desde hace varios días después de solicitar asilo, que fue posteriormente rechazado.
