Una vez más, Junts se erige como protagonista en el panorama político del gobierno de Pedro Sánchez. A punto de entrar en una semana llena de desafíos en el Congreso, su futuro está rodeado de incertidumbre. Dicha ambigüedad emana principalmente de dos temas: la ruta de estabilidad presupuestaria, que los socialistas consideran prácticamente perdida -sería la segunda situación de este tipo-, y la ley de movilidad sostenible, con la que no anticipan dificultades, aunque reconocen que aún no cuentan con los votos asegurados.
En ambas situaciones, el foco está en la formación de Carles Puigdemont, que ha demostrado en innumerables ocasiones su capacidad para cambiar su posición de forma inesperada, alegando que sus intereses radican fundamentalmente en Cataluña, y no en mantener al Gobierno en el poder.
Este jueves, la primera vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se someterá a un duro escrutinio en el Congreso. Primero, deberá responder ante la Cámara Baja sobre el «financiamiento singular» para Cataluña, acordado por PSC y ERC, que permitió la toma de posesión de Salvador Illa. El PP, grupo solicitante de la comparecencia, tema que llama «secesionismo fiscal». Habiendo comparecido, la segunda al mando del ejecutivo defenderá la estabilidad presupuestaria para el periodo 2025-2027, paso previo para los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. Dicha estabilidad ya se presentó ante el Congreso el 23 de julio, pero fue rechazada por Junts, PP y Vox. En aquel momento, el gobierno ya esperaba recibir un no de la oposición, pero la negativa de los posconvergentes fue una sorpresa inesperada.
Si el PP vota en contra de la propuesta, es muy posible que el Gobierno pierda la votación. «Eso es lo menos preocupante, lo verdaderamente crítico es que Feijóo perdería toda oportunidad de posicionarse ante España como un político de Estado», reconocen desde las filas del PSOE.
El pasado 10 de septiembre, el Gobierno presentó a la Cámara baja el mismo plan fiscal que fue rechazado en julio, aunque con una mayor flexibilidad hacia las autonomías y municipios. Sin embargo, se espera que se repita el rechazo este jueves. La relación con Junts sigue sin fluir correctamente, a pesar de la reciente reunión en Suiza entre representantes de ambos partidos, liderada por el Secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y el ex presidente Puigdemont. No se alcanzó ningún acuerdo, tal como evidencia el hecho de que no se emitió ningún comunicado posterior.
Esther Peña, portavoz del PSOE, lo confirmó en una rueda de prensa el lunes, destacando que fue una «reunión ordinaria», siguiendo el protocolo usual. Según el acuerdo de investidura firmado por ambos partidos, se deben celebrar reuniones mensuales fuera de España de forma discreta, y sólo se informaría en caso de haber llegado a un entendimiento.
«En el PSOE no comentamos las reuniones, sino los acuerdos. Lo anunciaremos de manera normal a través de los canales habituales cuando haya algo que decir. No hubo nada inusual en esta reunión comparado con las que hemos tenido antes», añadió la portavoz. No hay más detalles sobre el ambiente o las conclusiones de la reunión, sólo que fue «bastante normal» y asistió el «equipo habitual» del PSOE, encabezado por Cerdán y su adjunto, Juanfran Serrano, y coordinado por Eladio Garzón.
El PSOE indica que la reunión con Junts del viernes en Suiza fue «normal» y sólo harán comentarios si se llega a «acuerdos».
El lunes pasado, Peña y Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ofrecieron un mensaje de esperanza insistiendo sobre la continuidad de las conversaciones en desarrollo. Acataron, sin embargo, cierta traición en las propias palabras de la portavoz socialista durante su declaración en Ferraz. Aseguró la posibilidad de una pérdida gubernamental si el PP se opone a la trayectoria de estabilidad. Adicionalmente, declaró que Feijóo perderá todas las posibilidades de proyectarse como un estadista ante el país si así lo hace. En resumen, Peña asumió que las metas de déficit y deuda caerán debido a que es evidente que el PP las negará, acorde a sus acciones en julio, al igual que Vox. Los socios habituales y la Coalición Canaria están del lado de Hacienda, ya que todos siguen afirmando su apoyo.
Las conversaciones con los aliados de Puigdemont continuaron más allá de su encuentro el pasado viernes en Suiza, aunque no se lleva a cabo una negociación propiamente. La trayectoria de estabilidad no posee la facultad de ser modificada o enmendada durante el proceso parlamentario. La senda fiscal es importante porque constituye el primer paso para la formulación de los Presupuestos. Ante un posible rechazo, el Gobierno procederá a formular el presupuesto para 2025, las cuentas públicas, con la trayectoria previa que es más restrictiva para las comunidades y municipios. Un revés adicional no le detendrá en su determinación de someter al Congreso los PGE para 2025, a pesar de que la aprobación de los mismos no está garantizada, principalmente debido a Junts.
Los líderes socialistas evitan atacar directamente a los seguidores de Puigdemont, esperando una mejora en las relaciones tras el congreso de Junts.
Aunque los posconvergentes son los que generan más incertidumbre sobre la viabilidad del periodo legislativo, gobierno y PSOE evitan confrontarlos. No lo hicieron la semana pasada, cuando Junts cambió su voto en la consideración de la proposición de ley de Sumar para la regulación del alquiler de temporada, pasando de la abstención al voto en contra. También lo evitó ayer lunes Peña, quien reconoció que existen «muchísimas cosas» que les separan de los posconvergentes, como fue evidente en el acuerdo de investidura, pero que existe un compromiso de concentrarse en las «coincidencias» para «seguir trabajando en los objetivos generales de esta legislatura».
La interpretación en la Moncloa y Ferraz es que Junts aún no ha asimilado la investidura de Illa y cree que su congreso a finales de octubre podría significar un punto de cambio, ya que será entonces cuando la formación de Puigdemont deberá decidir qué rumbo seguir. Los socialistas argumentan que no es viable que los independentistas catalanes se unan al PP y a Vox durante el resto de la legislatura, ya que serían «penalizados» por sus votantes. Su esperanza es que una vez terminada la tension del congreso, vuelvan al bloque de investidura.
A puerta cerrada, desde Ferraz comentaban el lunes que «Junts debe reflexionar». En la dirigencia observan las protestas que ocurrieron frente a la sede de los neoconvergentes la semana pasada, cuando cambiaron de abstención a voto en contra en la ley de regulación del alquiler de temporada. En otras palabras, en la dirección socialista creen que Junts puede excederse en su bloqueo al gobierno y ser castigada por los seguidores independentistas.
En Transportes, perciben como positivo que ningún asociado haya propuesto una enmienda completa a la ley de movilidad sostenible.
El día jueves, la Cámara baja del Congreso también será anfitrión del debate integral de la ley de movilidad sostenible, que será defendida por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Según las fuentes confiables cercanas al ministro, su equipo y el grupo Socialista enfatizan que «en teoría» no debería haber sobresaltos, que Junts en este caso sí dará su apoyo al gobierno. Es el PP (137 votos) quien ha propuesto una enmienda de retorno del proyecto, y si se añaden Vox (33) y la Unión del Pueblo Navarro (1), Junts y sus siete diputados tendrán el poder de decidir el resultado de la votación. Como siempre. El gobierno tendría el apoyo de sus aliados: ERC, PNV, Bildu, BNG, Podemos y también la Coalición Canaria. En total, si no hay deserciones, 172 votos a favor frente a los 171 de la derecha, por lo que solo se necesitaría la abstención de los posconvergentes.
Desde Transportes, ve con buenos ojos que ninguno de los aliados parlamentarios usuales del gobierno haya propuesto una enmienda completa. De hecho, ni siquiera el PP la propuso en la legislatura anterior, cuando este mismo texto llegó al Congreso pero no se pudo tramitar debido a la disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio. De hecho, Puente presentó el mismo texto con el objetivo de que su tramitación fuera rápida y aceptó los compromisos de cambios en el texto que los grupos ya habían sugerido. Para el gobierno fue sorprendente que esta vez los populares registraran su enmienda de retorno.
«Manteniendo el diálogo abierto a todos».
A tan solo dos días de la trascendental votación del jueves, en el Departamento de Transporte admiten que la incertidumbre ante la postura caprichosa y estratégica de Junts está teniendo un peso relevante. «Es cierto que aún no garantizamos el apoyo suficiente para esta ley, pero hemos mostrado nuestra disposición a dialogar con todos los partidos. Hemos mantenido conversaciones abiertas con todos ellos respecto a las enmiendas parciales, a pesar de que todo está aún en una etapa muy preliminar. Conversamos con todos anteriormente para evitar que se presentara una enmienda total, de hecho, el PP se ha descartado», explican desde el equipo de Puente. Si se aprueba la enmienda de retorno propuesta por el partido popular, se paralizaría el proceso parlamentario y el texto volvería al Gobierno, lo cual sería un gran golpe para este debido a su importancia. Especialmente dado que hasta la fecha se ha argumentado que Junts había hecho descartar propuestas políticas de los partidos, de poca importancia, mas no proyectos del propio Gobierno. La ley de movilidad sí es uno de estos: está avalada por el Consejo de Ministros y, además, es una obligación a España por Bruselas. Una posible derrota se uniría a la que se ve más probable, la de la senda de estabilidad. Por ende, Sánchez podría enfrentar un jueves fatídico con dos decisiones adversas en el peor de los escenarios.
En el caso de la ley de movilidad, los miembros del Ejecutivo insisten en su disposición a aceptar las enmiendas propuestas por los partidos, tal como se planteó en la legislatura anterior.
Pese a todo, los socialistas solo disponen de un solo as en su manga, el de las metas de déficit. «Nada está garantizado, sobre todo en esta legislatura, pero la ley de movilidad sostenible debería estar a salvo, según fuentes del Grupo Socialista. Sin embargo, nada es seguro. No debería ser rechazada, ya que Junts se enfoca más en temas de gran relevancia, como la senda. Ya informamos a los grupos que la redacción del Consejo de Ministros tiene debilidades en temas competenciales [los que son de mayor interés para los partidos nacionalistas y separatistas] o, por ejemplo, de movilidad rural. En el último mandato, conseguimos presentar y examinar las enmiendas parciales».
No se excluye en Ferraz que Junts rechace por segunda vez la senda de estabilidad y acabe apoyando los Presupuestos de 2025. «Veremos, hay cosas que no siguen una lógica. Puigdemont está concentrado en sus asuntos [en el hecho de que no se le ha otorgado amnistía a causa del rechazo del Tribunal Supremo] y nosotros en los demás», reflexionan en la sede central del Partido Socialista.
Gentlemen del PP, ¿van a consentir que las regiones y municipios pierdan 12.000 millones de euros simplemente para que el señor Feijóo parezca un verdadero líder, para mantener una imagen en el Congreso?», se plantea Peña.
En el momento presente, el Gobierno junto con el PSOE están exertando presión sobre el PP para que sea Feijóo quien garantice el camino de estabilidad. La razón que se está utilizando es que los gobiernos locales y regionales estarían en riesgo de perder casi 12.000 millones de euros en términos de capacidad de gasto para los años 2025 y 2026. Se calcula que perderían casi 5.000 millones el próximo año y 6.964 durante el año subsiguiente. «Personas del PP, ¿van a dejar que los gobiernos locales y autonómicos pierdan 12.000 millones con el único propósito de hacer que Feijóo parezca más líder, con fines de exhibición en el Congreso, solo para que el Gobierno pierda una votación?», cuestionó Peña, instando al líder del PP a pensar «en la gente, y no en las tácticas políticas». Cuando se le preguntó por qué estaba confrontando al PP y no a los post-convergentes, la portavoz respondió que será necesario que los diputados que voten en contra de la senda fiscal expliquen su posición en sus territorios respectivos. «Junts, el Partido Popular y otros partidos tendrán que ser responsables de su voto», argumentó.
El mensaje de Puigdemont.
Los socialistas están presionando al PP ya que les resulta más fácil confrontar al principal partido de la oposición en lugar de molestar a su aliado inestable. Pero también hay otro motivo: los populares lideran 11 gobiernos regionales, co-gobiernan uno más en Canarias, las dos ciudades autónomas y la mayoría de los ayuntamientos. En contraste, Junts tiene poco poder institucional y según Hacienda, dirige «aproximadamente 300 ayuntamientos».
El Gobierno está ejerciendo presión sobre los líderes regionales del PP para que rectifiquen a su dirigente. El poder territorial está mayormente en manos del PP. Juntes tiene un alcance limitado, dirigiendo, según señalan, «aproximadamente 300 ayuntamientos».
En otras palabras, las figuras políticas más afectadas al rechazar la ruta serán los presidentes y alcaldes, pues tendrán que ajustar sus presupuestos y reducir el gasto. Por ejemplo, Madrid perderá 1.288 millones, Andalucía 887 millones y Castilla y León 318 millones, según mencionó Peña. Estos millones podrían ser utilizados en sectores como la salud, la educación o la dependencia. Si los objetivos de déficit y deuda son derribados, entonces se mantendrán los actuales, los cuales son más estrictos para las Comunidades Autónomas y los municipios. Si estos se exceden, el Gobierno ya ha alertado que aplicará la Ley de Estabilidad Presupuestaria, impulsada por Mariano Rajoy en 2012, y eso implicará la implementación de planes de reequilibrio (ajustes) para las administraciones que no cumplan.
Ferraz considera que en realidad es Feijóo quien arrastra a sus barones y alcaldes sólo para dar un golpe al Gobierno. Esto, según Peña, «revela una desesperación y egoísmo característicos de un político mediocre, en declive y fuera de la realidad». Continuó lanzando críticas: «Feijóo se ha convertido en ese cuñado pesimista y amargado, que siempre que ve dice que la vida es horrible. Nunca tiene una buena noticia, ni por error. Es de esas personas que incluso si ganan la lotería, se preocupan más por el papeleo que tienen que completar para cobrarla que por disfrutarla». Según él, la oposición del PP se basa en «insultos, falsedades y acritud». El Gobierno y el PSOE buscan contrastar su «optimismo» frente a la «tristeza» que vinculan con la oposición.
El PSOE transmite un aura de esperanza en contraposición a cómo percibe a Feijóo, descrito como un individuo sombrío y desalentador con cierta dosis de amargura. Desde Ferraz, creen que su estrategia opositora se fundamenta en calumnias, falsedades e inquina.
Ante la volatilidad de los sucesos políticos durante este mandato, no se puede descartar un impulso de última hora por parte de Junts. Sin embargo, Puigdemont ya delineó las reglas del juego para Sánchez en una publicación en X el fin de semana pasado. Explicó que su interés político no es brindar estabilidad ni deteriorar a nadie. Su objetivo primordial es defender a Cataluña y los intereses de sus habitantes, y apoyarán a quien les ayude en esta misión, ya sea para gobernar u oponerse. En cambio, aquellos que actúen en contra o los engañen no recibirán su respaldo.
Junts no está interesado en alinearse con ningún bando, ya sea el del gobierno de investidura o el de las derechas del PP y Vox. Se centrarán en negociar «paso a paso» y «cada asunto tiene su negociación y objetivos». Coincidir en un tema no necesariamente significa que los dos partidos harán acuerdos en el siguiente. Y viceversa: si no llegan a un acuerdo en un tema, no significa que no puedan hacerlo en el siguiente. En esta cláusula, el ex presidente parece estar aludiendo a los presupuestos de 2025. Todo está en el aire. Hasta el último momento. Como siempre. Se destaca por mantener en suspenso al gobierno hasta el final y acaparar la atención mediática.
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