En la sesión plenaria de este martes, el Tribunal Constitucional ha dado luz verde a la solicitud del juez Juan Carlos Campo de eximirse de todas las materias relacionadas con la Ley de Amnistía. La prolongada reunión estuvo marcada por extensos debates, generando división entre los integrantes del tribunal, con seis votos a favor de dicha solicitud y cinco en contra.
Siendo el ex ministro de Justicia, fue Campo quien aprobó los indultos a los jefes separatistas, marcando la posibilidad de amnistía como contraria a la constitución, una acción que le impide participar en los debates sobre la ley, tal como él lo aclaró al retirarse.
Se preveía que sería una cuestión de trámite, dado que el Tribunal Constitucional ya había aprobado por unanimidad el pasado 11 de septiembre que Campo se recusara de la primera cuestión sobre amnistía. Sin embargo, ha habido diferencias entre los jueces que votaron en bloques. Los jueces progresistas Cándido Conde-Pumpido, Laura Díez, María Luisa Balaguer, Inmaculada Montalbán, Ramón Sáez, María Luisa Segoviano votaron a favor; mientras, los jueces Ricardo Enríquez, César Tolosa, Enrique Arnaldo, José María Macías y Concepción Espejel votaron en contra. Los últimos tres anunciaron su voto particular.
Una de las discrepancias más notables fue que Conde-Pumpido agrupó todo lo relacionado con la abstención de Campo, en lugar de que cada juez gestionara su parte correspondiente. Las fuentes del sector progresista clarifican que esta decisión se tomó puramente por razones organizativas para evitar sesiones plenarias consecutivas sobre este tema e inmediatamente excluir al exministro de todo lo relacionado con la ley.
No obstante, persisten las discrepancias porque hay quienes sostenen que ni el presidente, ni Macías ni Díez –todos ellos recusados por distintas fases del procedimiento– deberían haber participado en la deliberación de hoy, tal como este medio ha detallado. «El tribunal está incorrectamente constituido cuando incluye a quienes no deberían estar», señalan fuentes consultadas. El sector conservador sostiene que estos tres magistrados no deben involucrarse en el debate hasta que se resuelvan las múltiples peticiones de recusación (54 en total), dado que podrían estar influyendo indebidamente en el proceso.
A partir de ahora, Campo queda excluido de cualquier otro asunto relacionado con la ley de amnistía, sin embargo, la controversia está por explotar. Los diálogos sobre este asunto tan intrincado se empiezan a enfrentar desde el instante inicial donde un grupo sostiene que el tribunal se está formando erróneamente y no se están considerando los requerimientos de apartar a los integrantes del tribunal.
