El Consejo de Europa ha expresado su inquietud respecto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la cual establece que al menos un cuarto de la enseñanza en Cataluña debe ser realizada en español. Según esta organización, la implementación de esta orden judicial implica la violación de los compromisos que España ha pactado en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales.
El informe del Consejo destaca la preocupación del Comité de Expertos sobre varias resoluciones judiciales tomadas por los Tribunales Superiores de Justicia y posteriormente validadas por el Tribunal Supremo de España. Algunas de estas decisiones no se alinean con los compromisos confirmados por España bajo la Carta.
Ante esto, el Consejo sugiere que las autoridades nacionales deben poner en marcha todas las medidas necesarias para rectificar la situación y asegurar la aplicación correcta de los compromisos acordados.
La Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, que fue avalada por España en 2001, obliga a fomentar y defender lenguas como el catalán en Valencia, Islas Baleares y Cataluña; el euskera en Navarra y País Vasco; el gallego en Galicia y el aranés en Cataluña. Sin embargo, el Consejo de Europa señala que la decisión del TSJC podría amenazar este compromiso.
El informe también indica que este problema no solo afecta a Cataluña. La decisión judicial podría impactar el sistema educativo en Islas Baleares, en donde el porcentaje de estudiantes que utilicen el catalán podría decrecer. Además, señala que la reforma educativa en Valencia, que disminuiría la presencia del valenciano, es otro asunto que genera mucha preocupación.
El texto del Consejo de Europa ofrece un punto de vista alternativo al aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en el último mandato. Este informe es el resultado de una visita a Cataluña en diciembre de 2023 por un grupo de eurodiputados y destaca su preocupación por cómo el modelo de idioma catalán puede afectar la libre circulación europea.
El borrador del documento ya señalaba la «ausencia de acciones para implementar esta decisión judicial» -la del TSJC sobre el tema del 25%- que podría llevar a los ciudadanos a «buscar un recurso judicial para sus casos individuales». Ahora, con una enmienda aprobada, «insta a las autoridades catalanas a no interferir con la implementación de esta decisión».
Compromiso del Gobierno
El anterior gobierno de la Generalitat, dirigido por Pere Aragonès, apeló la decisión del TSJC argumentando que quien había promovido la obligación del 25% de uso del castellano en las aulas, no tenía legitimidad para hacerlo. Además, indicó que no se puede aplicar esta obligación.
El new president, Salvador Illa, no ha emitido ninguna declaración reciente sobre este fallo, pero el acuerdo de gobierno con Esquerra Republicana establece claramente que es la intención del ejecutivo catalán defender que el catalán es «el idioma comúnmente utilizado para la enseñanza y el aprendizaje en el sistema educativo y para acoger a los nuevos estudiantes».
En el acuerdo entre ERC y los socialistas, se pone énfasis en promover el catalán, aunque no menciona explícitamente la aplicación de la sentencia al respecto. Este texto recalca que es necesario mantener y fortalecer la política lingüística para evitar la disminución del uso social del catalán. Se destaca la importancia del modelo educativo catalán para garantizar el aprendizaje del idioma, así como la importancia de normalizar y promover su uso en todos los aspectos de la sociedad, además de salvaguardar los derechos idiomáticos.