El PNV está decidido a evitar una repetición de la historia. Consciente de la posible volatilidad del apoyo político hacia el presidente Sánchez, el PNV está centrándose en alcanzar su principal aspiración antes de cualquier alteración política: la plena implementación del Estatuto vasco.
Urkullu hizo esfuerzos por esta meta, y ahora Pradales, el lehendakari, está acelerando el proceso. El gobierno vasco está determinado a obtener de Sánchez las 29 competencias que quedan por transferir, incluyendo la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
Este proceso se llevará a cabo mediante un diálogo preferencial con Pedro Sánchez, el cual Pradales se encontrará, como mínimo, semestralmente en una comisión bilateral, que se ha transformado en una plataforma de negociación para ambos gobiernos. Esa promesa no es nueva, ya que fue hecha sólo unos meses después de que Sánchez asumió el poder. No obstante, desde aquel momento, ha habido constantes retrasos y el Estatuto de Gernika no ha sido plenamente implementado como se prometió. Ahora, el PNV está pisando el acelerador, reanudando su apoyo a Sánchez durante su investidura y estableciendo un plazo final para el cumplimiento: finales de 2025 con la advertencia de romper el apoyo si no se cumple. El próximo año promete ser agitado en la comunicación entre ambos gobiernos. Deberán abordar no sólo competencias difíciles, como la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, sino otras 28 competencias, algunas de las cuales afectan áreas importantes, como la administración de puertos y aeropuertos y la gestión y ordenación del litoral. La siguiente semana se llevará a cabo la primera reunión preparatoria para la Comisión bilateral de Cooperación.
Se está trabajando en un traspaso decisivo para que Euskadi asuma seis competencias adicionales antes de fin de año: Meteorología, el Fondo de protección a la Cinematografía, la gestión y ordenación del litoral, Salvamento Marítimo, el Centro Nacional de Verificación de maquinaria y la autorización de empleo a extranjeros. Los proyectos están casi listos, faltando unos detalles finales para poder ser activados. Una vez que estas competencias sean aprobadas, se sumarían a las 14 ya cedidas por el Gobierno Sánchez, incluyendo gestiones importantes como la de las prisiones. Se llevaría a cabo la fase más compleja, traspasando hasta 23 asuntos adicionales. En este grupo se encuentran competencias de menor envergadura, como los paradores turísticos, seguros agrícolas, la administración de hidrocarburos, la inspección pesquera, y los servicios de seguridad privada. La gestión del régimen económico de la Seguridad Social supone la mayor dificultad en este proceso. El Gobierno y el PNV enfatizan que la transferencia de esta competencia es tan obligatoria como las demás y recuerdan que se recoge en la quinta disposición adicional del Estatuto Vasco, por lo que es responsabilidad de Euskadi su gestión. Dicho traspaso implica la gestión anual de alrededor de 12.000 millones de euros, según comunicó ayer el gobierno Vasco. Sin embargo, el Gobierno central ha resaltado repetidamente la complejidad y desafíos inherentes a la transferencia de esta competencia. La demanda de su traspaso ha aumentado gradualmente en paralelo a la disminución del apoyo a Sánchez. En un primer calendario establecido a finales de 2018, no se incluyó esta transferencia. Fue más adelante, en una actualización posterior de la cronología de traspasos, cuando se incorporó como un tema a ser «estudiado” y que sería el último a considerar.
Finalmente, tras la firma del último acuerdo en noviembre del año anterior, el Gobierno de Sánchez admitió que era otra competencia para delegar. Aseguraron la unidad y solidaridad del carácter al recordar en el Gobierno Vasco que administrar la Seguridad Social no indicaría ninguna fractura. Aseguran que el Estatuto de Gernika mismo establece el contexto en el que se realizaría esta cesión y en él se protegen los principios de “unidad” y “solidaridad” de la Seguridad Social. En respuesta a aquellos que advierten del peligro potencial, recuerdan que ya se han realizado transferencias de similar naturaleza sin provocar rupturas en el modelo. Como ejemplos, mencionan la administración de la Renta Mínima de Inserción, transferida a Euskadi, o la transferencia de prestaciones no contributivas de jubilación que las diputaciones forales manejan desde hace décadas.
La plena implementación del Estatuto Vasco representaría un logro histórico para el nacionalismo vasco. No sin razón, es el más antiguo y junto con el gallego, el único que no ha sido renovado. El proceso de desarrollo sigue incompleto con 29 temas aún pendientes para ser cedidos a la Administración Vasca.
Una vez que el Estatuto Vasco esté completamente implementado, se iniciará una nueva etapa en la que ya se encuentran inmersos los partidos vascos con vista al próximo año, que incluiría acordar un nuevo estatuto. En sus disposiciones es donde se tendría que acordar el modelo de Seguridad Social Vasca, el siguiente paso que quiere emprender el PNV una vez conseguida la gestión económica.
El grupo liderado por Andoni Ortuzar lleva años diseñando cómo será la ‘Seguridad Social Vasca’. En un documento de 2016, propusieron un modelo combinado, con contribuciones del sector público y complementadas con planes privados con incentivos fiscales especiales para poseer pensiones no exclusivamente ligadas a las cotizaciones laborales.
El organismo encargado de la gestión de la seguridad social en el País Vasco en el futuro ha sido propuesto con el nombre de Lagunkidetza. Este modelo fue presentado en la Asamblea General celebrada en Pamplona en febrero de 2016, como la estructura de seguridad social de una Euskadi autónoma, y sería aplicable también en Navarra. Este año se está llevando a cabo el proceso de actualización de sus estructuras internas, y en las futuras políticas se pondrá el foco en este modelo.
Hasta ahora, el PNV promueve un modelo que se sustenta sobre la «autonomía presupuestaria», financiado a través de impuestos y contribuciones que permitirá pensiones públicas mínimas. Estas necesitarían ser compensadas voluntariamente con “sistemas complementarios», incorporando así un característico y único factor dentro de la gestión de la seguridad social vasca.
Este aspecto aprovecha el régimen fiscal vía las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), lo cual solo es posible en Navarra y Euskadi. Estos esquemas de pensiones vascos son bien valorados en la región, empleando exenciones fiscales ofrecidas por las pautas forales. El PNV busca expandir este método para mantener las pensiones en una Euskadi con una población cada vez más envejecida, con un menor número de personas contribuyentes y con las pensiones más altas del país. Actualmente, los fondos controlados por la administración vasca ascienden a más de 25.000 millones de euros.
