La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha instado al Ministerio del Interior a detener de inmediato las repatriaciones de varios activistas saharauis detenidos durante días o incluso semanas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, entre los que se encuentran familias con niños.
La entidad solicita que el Gobierno Español permita su acceso a España por motivos humanitarios, recurso legal que facilitaría el análisis detallado y personalizado de cada caso. La entidad muestra su inquietud por la posibilidad de devolver a individuos a un país donde sus derechos y vidas estén en grave amenaza.
Desde CEAR, subrayan el riesgo que implicaría la expulsión de estas personas y su posible entrega a Marruecos para sus derechos y vidas, y recalcan la importancia de evaluar con prudencia y detenimiento las solicitudes de asilo aún en proceso. Asimismo, exponen que todas estas personas proceden de territorios ocupados, por lo que consideran que sus solicitudes de apátrida necesitan un análisis exhaustivo, algo que no es factible en los cortos plazos del procedimiento fronterizo.
Ante estos hechos, CEAR solicita que aquellas peticiones de protección internacional que se perciba que no cumplen los requisitos para su admisión a trámite, sean atendidas desde una perspectiva humanitaria, respondiendo a las recomendaciones de la Oficina del Defensor del Pueblo y ACNUR. La ONG también exige cumplir con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, garantizando presencia de intérpretes de hassania, el dialecto árabe utilizado por la mayoría de los saharauis, en las instalaciones aeroportuarias.
«Es esencial cumplir con este requisito para poder evaluar correctamente los casos. Sin embargo, muchas veces no se cumple, como han declarado repetidamente los saharauis que buscan protección en Barajas», remarcan. Mauricio Valiente, director de CEAR, una organización que hace tiempo pide una solución para los saharauis forzados a escapar debido a la ocupación y represión de las autoridades marroquíes, sostiene que «El gobierno español dispone de estrategias legales asegurar los derechos y vidas de estos individuos. Es un asunto de decisión política hacia un pueblo perseguido con el que tenemos una deuda del pasado».