La creciente tensión regional entre el Partido Popular y Vox ha sido evidente, especialmente después de que se supo que la ley de Concordia, una iniciativa principal de los antiguos aliados de gobierno en Castilla y León, ya no contará con la aprobación de los integrantes del PP, quienes ahora dirigen el Ejecutivo solos.
Esta situación era previsible desde la reciente separación en seis comunidades autónomas a inicios de julio, según lo informado por El Independiente. Con el desafío de aprobar nuevos presupuestos y no extender los actuales, y teniendo que lidiar con el fondo del debate de financiamiento, los líderes del PP se enfrentan nuevamente a la complicación de establecer mayorías sin el apoyo de Vox tras el receso de verano.
Además, el PSOE también está en contra, debido a la tensión en sus relaciones con Pedro Sánchez.
En relación con Vox, no contarán con su respaldo hasta que se evidencie un cambio en la actitud de Génova y sus territorios, que favorecen la acogida y regulación de inmigrantes no documentados, según lo expresado por Ignacio Garriga, el vicepresidente y secretario general de Vox en una conferencia de prensa el lunes. Garriga intentó destacar la similitud de vistas en materia de inmigración entre el PP y el PSOE, a pesar de que no han discutido el tema desde el 12 de agosto. Este dialogo viene acompañado de un ambiente de acusaciones mutuas. Garriga insistió en el tema de la inmigración como el eje central político para abordar el resto de temas en la agenda. El foco ahora está en los presupuestos regionales de las comunidades que co-gobernaron, pero también en los municipales. La posibilidad de una ruptura si se promueve la acogida de alguna manera es latente. Sin embargo, la falta de competencias sobre inmigración dificulta esta situación. Esto explica por qué no hubo una ruptura a ese nivel en julio. El panorama que parece más inverosímil es el autonómico.
Este periódico ha obtenido información que indica que la cúpula nacional de Vox en Madrid ya está desarrollando una lista de requisitos a integrar en los presupuestos del PP a fin de contar con su apoyo. Esta lista será presentada «en breve» y contará con «un esquema general» similar para cada provincia a ser adaptado según el contexto y necesidades de cada región por los respectivos equipos. Los principales puntos de esta lista se concentran en asuntos como la inmigración, la reducción de impuestos y el desacuerdo con la Agenda 2030. «Lo explicaremos anticipadamente», afirman desde Vox, haciendo hincapié en que son ellos quienes ponen las condiciones y si el PP las rechaza, impedirá la legislación de los presupuestos.
Sin embargo, aunque Vox está creando este esquema negociador para cada liderazgo regional del PP, fuentes regionales consideran improbable cualquier tipo de acuerdo con figuras como Alfonso Fernández Mañueco, María Guardiola, Fernando López Miras, Jorge Azcón o Marga Prohens. Aseguran no conocer aún ese plan que Madrid va a imponer, aun así, dan por sentado que será imposible aprobar los presupuestos a nivel autonómico.
A menos, señalan, que el PP haga una «limpieza seria» de todo lo relacionado con la inmigración. Este es un paso que no anticipan dada la disposición de Feijóo para negociar con Fernando Clavijo en las Islas Canarias sobre la crisis migratoria e incluso con el Gobierno. Por tanto, concluyen que cualquier propuesta a Génova será principalmente una táctica de presión política, ya que ven poca probabilidad de avances sobre inmigración. «No sería coherente abandonar los gobiernos y apoyar al PP ahora», añaden.
Vox está usando la inmigración como herramienta de presión al PP, especialmente de cara a las elecciones generales.
Interrogadas sobre la opción de abstención con el fin de no entorpecer nuevas propuestas financieras que se ajusten a la realidad de cada comunidad sin que esto signifique un respaldo explícito, continúan rechazando sin reservas el marco migratorio. No cambian su postura ni ante los gestos del PP en temas económicos y fiscales. «No creo que en Madrid aprueben el presupuesto a cambio de pequeños favores, ya que la reputación electoral está en riesgo», sostienen fuentes regionales del partido.
La visión electoral sugiere que Vox anticipa una pronta convocatoria a elecciones generales debido a la fragilidad del Gobierno, lo que incrementa la presión sobre los populares. Además de desaprobar el alojamiento de menores extranjeros migrantes, las propuestas que podrían estar sobre la mesa según indican figuras regionales del partido incluyen: la «desactivación de los centros de menores no acompañados» o «la eliminación de subsidios a organizaciones que colaboran con la inmigración ilegal, supuestamente humanitarias», enlazando ambos temas con un posible ahorro económico.
La incertidumbre recae sobre si esta actitud se mantendrá de forma generalizada. Desde Madrid, fuentes del partido insisten en que cada caso deberá ser evaluado individualmente. Se espera que las demandas en torno a la inmigración sean más intensas en las regiones mediterráneas, como la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia. «En las tierras levantinas la situación ya es insostenible», subrayan otras fuentes regionales de Vox, destacando que el tema enfrentará «un papel clave en futuras convocatorias electorales». No ven un potencial para la diferenciación regional. El camino a seguir se determinará a nivel «nacional, trazado para todo el país». «No tendría sentido tener diferentes criterios» en cada área cuando Vox «no cree en el sistema de autonomías», agregan las fuentes consultadas.
El PP: flexible en lo económico, pero intransigente en lo migratorio.
Según fuentes internas del Partido Popular (PP), Vox ha intentado obstruir legislaturas con un enfoque más egocéntrico que considerar las posibilidades económicas disponibles para la ciudadanía a través de los presupuestos. Sin embargo, el PP emite una advertencia a Vox, recordándoles que tales intentos pudieron haber sido perjudiciales, como en el caso de Madrid a finales de 2022, cuando la obstrucción de los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso por parte de Rocío Monasterio resultó en elecciones e impulsó la primera mayoría absoluta de Ayuso. Esta visión difiere de la perspectiva electoral defendida por Vox. Pero ahora, se reconoce que Vox ya no tiene influencia en la comunidad.
El PP se mantiene firme en no ceder en temas ideológicos, abiertos solo a discusiones sobre propuestas técnicas e impuestos. Creen que si los presupuestos son fundamentados y bien presentados, no hay lugar para excusas.
El PP oficialmente está abierto a acuerdos presupuestarios con cualquier partido. Los presidentes con mayoría simple a nivel regional también adoptan esta postura. Carlos Mazón, presidente de Valencia, ha sido uno de los más directos, distanciándose de las demandas de Vox sobre inmigración y pidiendo a todos los partidos que tengan una visión más amplia. Posteriormente al Debate de Política General del viernes, afirmó su discrepancia con las propuestas de Vox, incluyendo la «prioridad nacional en las ayudas públicas» y la retirada de «todos los beneficios o ayuda social a los inmigrantes ilegales».