El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha cambiado su postura parlamentaria, rectificando una de las propuestas que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) hizo el año pasado y que el PSOE rechazó en su momento. La propuesta consiste en aumentar la supervisión al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una petición que surgió a través del caso Pegasus.
En este incidente, hasta 18 líderes independentistas, así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, fueron espiados por un software malicioso comercializado por NSO Group, una empresa tecnológica israelí.
Hace dos años, el Grupo Socialista en el Congreso no quería apoyar un incremento de la supervisión del CNI. Argumentaban que, a pesar de la gravedad de lo ocurrido con Pegasus y la necesidad de una mejor regulación del CNI, el Gobierno (formado por el PSOE y Unidas Podemos) ya estaba trabajando en ello a través de un anteproyecto de ley de información clasificada.
La noticia del cambio de postura fue comunicada después de la Junta de Portavoces del Congreso por el portavoz socialista, Patxi López. Refiriéndose a un conjunto de votaciones que se llevarán a cabo esta semana, López no proporcionó detalles adicionales aparte de mencionar que este es un buen momento para tal cambio. «Los tiempos han cambiado. Los avances se producen tan rápidamente que nuestras viejas regulaciones se han vuelto obsoletas. No es mala idea revisar estas leyes que tienen 20 años para ponerlas al día con la realidad actual», señaló López.
En medio de una situación política delicada que enfrenta la coalición de investidura liderada por el PSOE y Sumar, la propuesta del PNV emerge. Este escenario surge debido a los constantes desacuerdos parlamentarios liderados por Junts y, en particular, tras la cancelación de la votación sobre el nuevo camino de déficit para evitar otro rechazo de los neoconvergentes. Se prevé que la propuesta proceda con el apoyo de Sumar, EH Bildu, BNG, ERC y Junts para comenzar su trámite parlamentario. El debate se inicia este martes a las 15:00 horas y la votación se espera alrededor de las 9 de la noche.
En el caso de las figuras destacadas del independentismo, entre ellas el ex presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, salieron a la luz bajo la supervisión del propio CNI con autorización judicial previa en base a los posibles delitos ocurridos durante el procés. Así lo sostuvo la exdirectora del CNI, Paz Esteban, quien fue destituida tras la revelación de esta información ante la presión ejercida por los socios independentistas del gobierno a quienes en ese momento se les permitió asistir a las comparecencias cerradas en el Congreso por la comisión de Secretos Oficiales. Estos asuntos han sido utilizados por los socios nacionalistas y secesionistas para criticar la falta de transparencia y los poderes ocultos del Estado.
No obstante, los socios del Gobierno no descartan que este movimiento pueda quedar en suspenso pese a estas acciones. Específicamente, el PNV sugiere que la elección del director del CNI debería ser una decisión exclusivamente personal del presidente del gobierno. Actualmente, el CNI está bajo la autoridad del Ministerio de Defensa, liderado por Margarita Robles.
Esto podría llevar a una mayor supervisión del CNI, lo que a su vez podría hacer más lenta su actividad.
De igual forma, en la comisión de secretos oficiales, es probable que los diputados, entre los que se espera a Íñigo Errejón, se familiaricen con los procedimientos utilizados por la institución para diversas operaciones. Adicionalmente, se busca que las acciones del Centro sean aprobadas por una entidad compuesta por tres jueces del Tribunal Supremo, en lugar de los actuales dos. Si cualquier actividad del CNI vulnera los derechos fundamentales, el PNV demanda la unanimidad entre los tres jueces. Asimismo, se solicita que este organismo judicial esté informado y supervise todos los medios y tareas, para asegurar proporcionalidad y garantías. Sin embargo, se teme que este tipo de propuestas puedan ralentizar la eficiencia del CNI en ciertos casos.
Durante un periodo difícil, el PNV encontró apoyo circunstancial en el Gobierno. A mediados de 2022, los jeltzale presentaron la proposición de ley, pero decidieron retirarla días después por falta de respaldo. Más tarde, decidieron presentarla de nuevo en el pleno, lo cual sucedió en noviembre. El resultado fue desalentador, pues los nacionalistas vascos, que contaban con seis parlamentarios, apenas lograron 37 votos a favor. La iniciativa fue rechazada por el PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.