Sin duda, la ley de amnistía ha generado una polémica sin precedentes, evidenciada por su extensa defensa jurídica que ha logrado destacarse en la historia de la legislación. Para ejemplificar la controversia, podemos mencionar que el Tribunal Constitucional no sólo ha lidiado con la ley más cuestionada en la historia, sino también con la cifra récord de más de 54 solicitudes para recusar a magistrados, desde que se estableció en 1978.
Este hecho es confirmado por fuentes internas del tribunal, que además recalcan la discrepancia entre los sectores progresistas y conservadores con respecto a cómo manejar estas solicitudes.
Las fuentes del Tribunal, al ser consultadas sobre un posible itinerario para abordar la creciente documentación recibida recientemente, afirman que seguirán avanzando «paso a paso».
El punto de partida será el próximo martes, cuando se decida acerca de la auto-exclusión propuesta por el exministro de Justicia Juan Carlos Campo.
Este es un procedimiento formal, ya que desde el 11 de septiembre, todos estuvieron de acuerdo en que el exministro Campo se retirara de la primera discusión sobre la amnistía. Los 12 miembros del tribunal revisarán nuevamente la petición que Campo remitió al presidente Cándido Conde-Pumpido. Dicha petición ha centralizado todas las exclusiones en un intento de agilizar el proceso. La justificación es prevenir la aprobación de abstenciones de manera individual en múltiples plenos consecutivos y, una vez establecido que Conde-Pumpido está completamente fuera de las decisiones relativas a la amnistía, todas las acusaciones contra él serán desestimadas.
El próximo 8 de octubre, la agenda del Tribunal prevé un pleno en el que el presidente tiene la intención de resolver las recusaciones que el PP, liderado por Alberto Núñez-Feijóo, ha presentado, así como las de las regiones controladas por este partido, sumando un total de 27. Se espera en dicho pleno tratar también las recusaciones al presidente Cándido Conde-Pumpido y a la progresista Laura Díez.
Las fuentes que han proporcionado esta información no están de acuerdo sobre cómo gestionar dichas recusaciones y sus discrepancias indican que probablemente habrá tensión entre las dos facciones del tribunal. Algunos sugieren que todos los afectados por las recusaciones deben ser excluidos del debate, incluyendo también al conservador José María Macías, quien ha recibido otras 27 recusaciones diferentes recientemente, provenientes de la Abogacía del Estado, la Fiscalía General del Estado y los condenados del proceso de recursos de amparo.
De ser así, el pleno estaría equilibrado, ya que con la posible salida de Campo, el sector progresista tendría a su disposición cuatro magistrados –Inmaculada Montalbán, Ramón Sáez, María Luisa Balaguer y María Luisa Segoviano– mientras que los conservadores tendrían a otros cuatro –Enrique Arnaldo, Ricardo Enríquez, Concepción Espejel y César Tudosa.
Los progresistas consideran el actual contexto como adecuado, reforzados por un voto particular emitido por Conde-Pumpido, la vicepresidenta Montalbán y Ramón Sáez en 2022, en el que criticaban al pleno liderado por Pedro González-Trevijano en aquel momento, porque ni él ni Antonio Narváez habían permanecido al margen del pleno a pesar de ser recusados. Expresaron que «Los jueces recusados no debieron haber sido parte del panel encargado de decidir sobre las solicitudes de los demandantes y demandados. Al formar parte del Pleno, las decisiones tomadas por mayoría están afectadas por su inadecuada composición».
Este voto particular argumentaba que solo cuando no haya quórum debería haber una excepción que permita a los recusados involucrarse en el procedimiento. Esto se debe a la singular conformación del organismo, con solo 12 jueces. Los progresistas criticaron la «presencia inadecuada» de Trevijano y Narváez en el pleno que resolvió una solicitud de amparo del Senado. Los conservadores, por otro lado, sostienen que la actual situación es igual y las recusaciones acompañadas en el recurso del PP deberían analizarse sin que Pumpido, Díez y Macías participen en la discusión.
Sin embargo, el sector progresista no comparte esta visión en la presente situación y sostiene que cada juez sólo debería recusarse a sí mismo, no a los demás. En otras palabras, el líder no debería cuestionar su propio papel, pero sí puede participar en los debates de Díez o Macías. Y esto se aplica a todos (Macías podría tener voz en los casos de Pumpido y Díez y viceversa). Así sería posible preservar la mayoría progresista. «Esta práctica se ha adoptado en múltiples ocasiones. Lo contrario implicaría aceptar que el demandante elija su tribunal alejándose de aquellos que no le agradan o que cree que no le favorecerán», argumenta. Hacen hincapié en el hecho de que esto es aún más relevante en casos de alegaciones de inconstitucionalidad, como el presente, en donde no se están discutiendo intereses individuales, sino si una regulación se ajusta o no a la Constitución.
La medida preventiva extrema
La ley de amnistía enflama tantos ánimos que hasta el partido político Iustitia Europa ha acudido al Tribunal Supremo solicitando con urgencia la suspensión de la sesión plenaria del Constitucional programada para este martes. El partido presenta en una acusación una medida cautelar, acusando al presidente Conde-Pumpido de prevaricación por llevar él mismo a pleno la abstención de Campo.
La Sala Penal del tribunal superior respondió ayer: «No procede». Pero además, fuentes del organismo encargado de supervisar el texto constitucional señalan que tales acusaciones no pueden prosperar porque la ley prohíbe de modo explícito que cualquier tribunal pueda juzgar sus propias decisiones. «Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser juzgadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado», especifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
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