Fernando Grande-Marlaska, el actual Ministro del Interior, se mantiene firme en su gestión de la crisis surgida debido a la negación masiva de solicitudes de asilo por parte de activistas saharauis, a pesar de haber hecho caso omiso a las sugerencias del Defensor del Pueblo en relación a los traductores de origen marroquí.
El lunes pasado, Grande-Marlaska justificó la deportación acordada con Marruecos de un grupo de diez activistas saharauis, quienes desde el sábado anterior llevan a cabo una huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Entre los sujetos a deportación se encuentran un muchacho sordo y enfermo de cáncer, y una familia con una niña de un año y medio, cuya madre sufrió recientemente un aborto.
Durante una visita a la prisión de León, situada en el pueblo de Mansilla de las Mulas, donde estaba celebrando la fiesta de la Merced, la patrona de la administración penitenciaria, Grande-Marlaska expresó brevemente a los reporteros que «serán extraditados con la aprobación judicial correspondiente». Según él, los activistas saharauis que aún están en el aeropuerto de Barajas y que están condenados a ser deportados «no tienen derechos a protección internacional de acuerdo a la ley».
El lunes, el Ministerio del Interior afirmó haber acordado la repatriación a Marruecos de diez activistas saharauis con presunto pasaporte marroquí que habían estado en el aeropuerto de Barajas en Madrid por varios días después de pedir asilo, solicitud que fue rechazada. Cerca de treinta saharauis, solicitantes de asilo y provenientes de los territorios del Sahara Occidental bajo control de Marruecos, iniciaron una huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas el sábado en protesta a las continuas negativas del Ministerio del Interior, a los que consideran rechazos colectivos y automáticos que ignoran las razones de su huida de la antigua colonia española y el riesgo potencial de represalias y ataques a su integridad física si son deportados.
Belarra va a Barajas pero le niegan la entrada a la sala de inadmisibles.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por su parte, ha ido al aeropuerto de Barajas este lunes para condenar lo que denomina como la «hipocresía insoportable» del gobierno en su negativa a conceder asilo a los activistas saharauis y sin embargo sí lo hace con «ultraderechistas peligrosos» como, según su opinión, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia.
Belarra, a quien se le negó la entrada a la sala de inadmisibles de la Terminal 1 del aeropuerto donde están los activistas, ha criticado que el Gobierno sí «envía un avión de las Fuerzas Armadas» para «recoger a un ultraderechista peligroso», en alusión a González Urrutia. «Hoy, el gobierno de Pedro Sánchez me ha bloqueado de ejercer mis deberes como representante pública, negándome la entrada a la sala donde están detenidos docenas de activistas saharauis, incluida una niña enferma. Estoy sin palabras», expresó en su cuenta de red social X.
La líder de Podemos, acompañada por Pablo Fernández, secretario de Organización, y María Teresa Pérez, secretaria de Discurso, Acción Institucional, intentó acceder a la sala de inadmitidos con su identificación parlamentaria. Según ella, esto debería haberle permitido constatar las presuntas violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo contra un grupo de saharauis. Tras denegársele la entrada, anunció que tendría que solicitar formalmente una visita a través de la Comisión de Interior del Congreso, habiendo ya informado al Ministro Grande-Marlaska de sus intenciones.
Belarra afirmó que seguiría colaborando con las organizaciones civiles y mantendría su denuncia tanto en la plaza pública como ante el parlamento. Esta semana, se presentará ante el Gobierno con tal fin y evaluará las acciones legales correspondientes. Resaltó su indignación al declarar que la situación no era algo que podían permitirse, y que era una vergüenza.
Por otro lado, la parlamentaria Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, hizo un llamado al ministerio de Grande-Marlaska para que se analicen individualmente las solicitudes de asilo presentadas por saharauis actualmente en huelga de hambre en Barajas. También solicitó la oportunidad de visitarlos y evaluar personalmente su situación. Enfatizó que devolverlos a Marruecos sería una acción que violaría los derechos humanos.
