La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es la corte judicial a la que los políticos prestan atención. Esta sala, compuesta por 15 magistrados, tiene la exclusividad en España de llevar a juicio a los congresistas, miembros del gobierno y al Rey, quienes tienen fuero en esta sala.
Es preciso mencionar que esta sala maneja los casos de corrupción más significativos del país (Gürtel, los ERE), así como asuntos de terrorismo (ETA, los Gal) y también tiene el poder de cambiar la jurisprudencia y corregir a juzgados inferiores, como sucedió en el caso de ‘La Manada’.
Ocupar la posición de director de la Sala Segunda es una excelente oportunidad para cualquier jurista, aunque también implica una tremenda responsabilidad que no todos están dispuestos a tomar. El actual presidente, Manuel Marchena, finaliza su mandato el 3 de noviembre, y Andrés Martínez Arrieta es quien encabeza la lista de posibles sucesores.
La responsabilidad de designar al sucesor recae sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que necesita obtener un acuerdo de tres quintos de sus integrantes (13 de 21), y la dirección de la Sala de lo Penal no ha sido históricamente una negociación sencilla. Aunque los grupos conservadores y progresistas suelen nominar al más destacado entre ellos para este puesto, fuentes informativas destacan que si Martínez Arrieta acepta la nominación, será complicado que cualquier otro candidato tenga una oportunidad real de ser elegido.
A la edad de 69 años, no solo es el decano de la Sala, sino que también lidera el rango judicial en toda España. Detrás de él se encuentra Francisco Marín Castán, el anterior presidente temporal del Supremo, seguido de Julián Sánchez Melgar, otro juez de la misma Sala con aspiraciones al cargo. Sánchez Melgar, antiguo Fiscal General durante el Gobierno del PP, es uno de los más destacados de la lista de penalistas y un posible candidato de consenso en el Tribunal. Sin embargo, si Martínez Arrieta decide presentarse, se cree que ninguno de sus colegas se opondrá a él para la presidencia.
El nombre de Ana Ferrer resurge nuevamente como candidata por el bando progresista. Si fuera elegida, Ferrer, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia (JyJpD), rompería su segundo obstáculo de género al convertirse en la primera mujer que presida esta Sala, siendo ya la primera en unirse a ella en 2014. Aunque pesa sobre Ferrer la intensa competencia por presidir el CGPJ, donde los miembros conservadores no la aceptan al considerarla una imposición del Gobierno. Fuentes del tribunal enaltecen su extensa carrera, pero personas conocedoras del ámbito jurídico aseguran que el grupo designado por el PP no respaldará su candidatura tras la atención mediática que ha tenido su nombre.
Marchena, quien asumió su cargo hace una década el 3 de noviembre, puede continuar de manera provisional en la presidencia hasta que el CGPJ llegue a un consenso. Sin embargo, no puede ser reelegido debido a que la ley restringe este término a dos ciclos electorales de cinco años cada uno. A pesar de esto, personas cercanas a él indican que su plan es retroceder y abrir camino para la renovación. Mientras tanto, Martínez Arrieta, por ser el más veterano de la Sala, sería su sucesor natural en este periodo provisional, hasta que el Consejo lo confirmara oficialmente, o, en su defecto, seleccionara a alguien más.
Hay cierto temor entre los jueces de que el final de la presidencia de Marchena pueda dar lugar a una mayor división en la Sala Penal. Hasta ahora, el presidente había conseguido un entendimiento considerable en el Tribunal, que rara vez mostraba discrepancias en sus juicios. Por ejemplo, la sentencia del procés se acordó por unanimidad tras una intensa discusión para determinar si los líderes separatistas habían cometido rebelión, como argumentaba la fiscalía, o sedición, como finalmente se decidió. Asimismo, se alcanzó un consenso sobre cómo manejar la reducción de penas en la Ley del ‘Solo sí es sí’, que había creado contradicciones entre varios tribunales.
En los pasados meses, ha habido una ruptura en el consenso respecto a la valoración de la amnistía, un hecho hecho resaltar por la jueza Ferrer quien expresó su desacuerdo particular ya que considera que los delitos de malversación realizados por políticos catalanes deberían ser incluidos en el perdón. Las complejas deliberaciones que la Sala tendrá que enfrentar en los meses venideros son verdaderamente significativas. Por empezar, necesitan determinar, con base en la petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), si existen fundamentos para acusar al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, de un supuesto delito de revelación de secretos en el caso relacionado al novio de Isabel Díaz Ayuso. También se ven en la necesidad de considerar una demanda contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntamente utilizar la Abogacía del Estado para presentar cargos contra el juez Juan Carlos Peinado, quien está a cargo del caso de su esposa; o incluso otra demanda contra los siete jueces progresistas del Tribunal Constitucional que votaron para eliminar el delito de prevaricación en el asunto de «los ERE».
El presidente temporal, Martínez Arrieta
Con 43 años, Martínez Arrieta se unió al Tribunal Supremo en 1998, convirtiéndose en el miembro más joven de la cúpula judicial de dicho tribunal. Su labor como instructor en el caso de la desaparición de Santiago Corella ‘El Nani’, que resultó en el descubrimiento de una mafia policial, lo hizo reconocible y también estableció un récord en el CGPJ, al cual ingresó cuando tenía sólo 25 años.
No se le atribuye una tendencia clara y sus colegas lo describen como un jurista bastante independiente y moderado. Fue uno de los fundadores de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y durante algún tiempo fue nombrado el juez de enlace para supervisar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cargo que ocupó cuando Sánchez Melgar dejó la Sala para liderar la Fiscalía en 2017.
Por pura casualidad, Marchena no logró asumir previamente como jefe de la Sala Penal, a pesar de que en 2018 estuvo cerca de ocupar la presidencia del CGPJ. Él era el candidato natural para liderar el tribunal y, consecuentemente, guiar el juicio del procés que pronto empezaría. Sin embargo, esto nunca sucedió dada la renuncia del actual presidente, quien se vio afectado por disputas políticas por la administración de justicia.
Si se elige a Martínez Arrieta, podría ocupar el cargo presidencial por poco más de dos años, hasta que alcance los 72 de edad. Según las fuentes mencionadas, será en ese momento cuando comience la verdadera batalla por la sucesión en la Sala Penal.