El juicio de alto perfil contra Abdellah El Haj Sadek el Menbri, apodado el «Messi del hachís», y su banda, arranca este lunes en Algeciras. Este caso ha suscitado un gran interés mediático debido al volumen de drogas que manejaban los acusados y a la fuga de su líder, quien ha estado viviendo sin preocupaciones y en fiestas en Marruecos desde hace años.
El Menbri es el objetivo principal para las unidades de la Policía y la Guardia Civil que combaten el narcotráfico. La falta de cooperación de Marruecos para su arresto y la ausencia de un antecedente de extradición de sus ciudadanos ha llevado a los investigadores a conformarse con sus cómplices.
Sin embargo, el caso puede quedar archivado debido a un recurso presentado por uno de los abogados defensores, alegando serias irregularidades en el proceso. La investigación se inició en febrero de 2016 por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Pamplona. El juez, que estaba trabajando en otro caso, comenzó a detallar distintos aspectos relacionados con la banda del Messi del hachís. De acuerdo con la instrucción, la organización operaba en el Campo de Gibraltar y parte de la costa de Andalucía. El primer juez autorizó varias escuchas telefónicas que proporcionaron el resto de las pruebas, como la confiscación de drogas y armas, así como registros en distintas residencias. Sin embargo, el abogado Ángel de la Guarda sostiene que todas las pruebas son inválidas, argumentando que el juzgado de Pamplona estaba actuando fuera de su jurisdicción y que debería haberlo reconocido en el momento de iniciar las investigaciones. No lo hizo, afirma.
Si se aprueba el documento presentado este lunes cuando empiece el juicio oral, podrían invalidarse todas las evidencias surgidas de la investigación de Pamplona. Esto contradiría el concepto del juez común establecido por la ley. La evidencia en cuestión incluye intervenciones telefónicas, las cuales condujeron a los inspectores a confiscar drogas, armas y registrar propiedades. La defensa se enfoca en dos de estas inspecciones. Ambas resultaron de la información adquirida por las observaciones de la policía, las cuales fueron posibles gracias a las intervenciones telefónicas del juez de Pamplona, el mismo juez que está a cargo del caso de La Manada. Uno de estos registros se llevó a cabo tras intervenir una llamada entre uno de los acusados y su pareja sobre la pérdida de un cargamento de hachís. El abogado también argumenta que existen irregularidades en la Fiscalía, que habría imputado acciones que se eliminaron en la decisión judicial de mayo de 2019. El fiscal pide hasta 30 años de cárcel para algunos de los acusados. Según el informe de la fiscalía recogido por Europa Press, los miembros del clan están acusados de varios delitos, que van desde delitos contra la salud pública hasta un delito de almacenamiento de armas de guerra, delito de receptación, de atentado contra la autoridad o delito de lesiones. El fiscal pide un total de 455 años de prisión para los 26 miembros que serán juzgados y multas de 1.040 millones de euros por diferentes confiscaciones de hachís realizadas en el Campo de Gibraltar entre febrero de 2016 y enero de 2107.