El no otorgamiento de la amnistía a Carles Puigdemont, debido a que el delito de malversación de fondos fue excluido por el Tribunal Supremo, ha marcado un hito en las relaciones entre el Gobierno y Junts. Según los altos funcionarios de neoconvergentes, desde la decisión en julio, han intensificado su rechazo a varios temas votados en el Congreso de Diputados.
La más reciente de más de una decena fue la apertura del debate parlamentario sobre la regulación de alquileres temporales propuesto por Sumar. Esto motivó a una delegación del PSOE liderada por Santos Cerdán, Secretario de Organización, a viajar a Ginebra (Suiza) para conversar con Puigdemont.
En esa reunión, Puigdemont advirtió: «Despreciar a quien posee los votos que necesitas y no esforzarte por ganártelos en cada elección es la vía más segura hacia el fracaso. Estas son las reglas del juego (…), no pueden pretender estar sorprendidos».
Los socialistas están haciendo esfuerzos para calmar las tensiones con su socio más reacio, justo antes de la votación sobre el límite de gasto de esta semana, y tras presentar uno de los proyectos más importantes de su mandato: el Plan de Acción Democrática. Sin embargo, parece poco probable que este propósito tenga éxito, dado el balance legislativo obtenido hasta ahora, con tan solo dos leyes regulares, tres orgánicas y cuatro decretos reales en su primer año de mandato. Entre los puntos destacados se encuentran la amnistía, la Ley de Paridad, el mecanismo anticrisis [que pronto necesita ser actualizado] o el desbloqueo del Consejo del Poder Judicial con el PP. Aun así, la inestabilidad presente con Junts plantea dudas sobre la viabilidad de seguir en el gobierno si los separatistas deciden retirarse. A pesar de todo, el Consejo de Ministros y Pedro Sánchez se mantienen firmes en su compromiso de agotar los tres años restantes de su mandato.
La estabilidad mínima de los socialistas y Sumar está en manos de la disposición de Junts para abstenerse consistentemente. Actualmente, muestran una afiliación creciente con la derecha nacional del PP y Vox, con quienes tienen una mayoría. Por más que dejen campo para posibilidades como la moción de censura, desde Vox se sostiene que esto es una ilusión, principalmente debido a que Alberto Núñez Feijóo no desea presentarla. Argumentan que si se ganara la moción, la inestabilidad del día siguiente sería la misma que la actual con Sánchez en el poder. Resaltan la conflictividad entre ultraconservadores y neoconvergentes, a quienes buscan ilegalizar, un hecho bien conocido por Junts. Además, si esa moción prosperara y Vox y Junts lograran superar sus diferencias, la situación sería similar, con un constante reclamo de concesiones, según los de Santiago Abascal. Puigdemont rechaza cualquier acercamiento a la derecha y, desde su partido, descartan alineaciones fijas, concentrandose únicamente en intereses momentáneos. De aquí surgen las similitudes.
En cuanto al plan del Gobierno para regenerar la democracia, en respuesta al presidente que se encuentra reflexionando sobre el «lodazal» y el ambiente de «desinformación» que rodea el asunto Koldo y la investigación a su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción e influencia indebida, hay incertidumbre sobre si se logrará en los próximos tres años. Cualquier situación que cause división podría derribar al Gobierno, y no solo debido a Junts, también por ERC. Los dos pueden surgir de sus congresos buscando promover más tensión y competitividad dentro del independentismo. A su vez, será interesante ver si para 2025 se logra implementar el denominado «cupo catalán» para la financiación exclusiva para Cataluña, esto es un requisito indispensable para que Sánchez se mantenga en el poder.
Para las leyes y reformas comunes, el PSOE solo puede permitirse que Junts se abstenga. Si después de la aprobación o el rechazo de los esperados Presupuestos Generales del Estado el Gobierno decide actuar, desde febrero necesitará una mayoría simple para llevar a cabo la principal propuesta que tiene relacionada con los medios de comunicación. Esta propuesta es la modificación de la Ley de Publicidad Institucional, que busca implementar transparencia y limitaciones en cuanto a los ingresos públicos de cada medio o su audiencia. Se espera que se haga a través de una proposición de ley del Congreso o de un proyecto de ley del Consejo de Ministros.
La combinación necesaria consiste en que ninguno de los siete aliados fieles, o José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto, fallen. O al menos que alguno de ellos siga el camino de Junts y se abstenga en lugar de votar ‘no’. En total, suman 178 [uno más si la Coalición Canaria se une, como en la investidura, aun con los visibles desacuerdos debidos a la crisis migratoria]. Mientras tanto, entre el PP, Vox y UPN hay 171. Siempre que esta cifra sea superada, se podrán aprobar estas leyes ordinarias.
El plan para la elaboración de una lista de medios supervisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como la capacitación de dicho organismo en lo que respecta a servicios digitales y medios, similar al Comité Europeo de los Servicios de Medios de Comunicación, es una propuesta que ha surgido recientemente. Además, el gobierno ha propuesto la formación de una comisión permanente en el Congreso con el objetivo de luchar contra la desinformación, según se menciona en el documento. Dicha propuesta deberá presentarse en el Congreso siguiendo el artículo 50 del su Reglamento, a cargo del pleno de la Cámara con la propuesta de la Mesa y escuchando a la Junta de Portavoces. Estas mismas instancias también deberán mantener un equilibrio de poder similar al aplicado en los decretos reales que tienen como finalidad combatir la corrupción, establecer una Autoridad Independiente para la Protección del Informante y ampliar el personal judicial para ir avanzando con firmeza en la lucha contra la corrupción tanto en el sector privado como en el público. En este plan, uno de los compromisos clave del PSOE con el PNV será lograr la mayoría simple para la largamente esperada reforma de la ley de Secretos Oficiales.
Cambios en el Código Penal y leyes fundamentales. Si la relación entre los socialistas y Junts no muestra mejoría y parecen alejados de un acuerdo, incluso a pesar de la concordancia en muchas propuestas, será imposible llevar a cabo las partes más significativas del plan. Todos los cambios en las leyes fundamentales o las que cambien el Código Penal requieren un voto de mayoría absoluta. Todo dependerá de si se vinculan compromisos con los separatistas, hecho que comienza a suscitar sospechas entre ciertos sectores del PSOE en el Parlamento. Porque «no todo puede depender de las concesiones, si de por sí ya se está promoviendo una mejor convivencia y clima ciudadano». Para estos sectores, los presupuestos y la negativa son ejemplares. Dicho esto, las modificaciones a dichas leyes, aparentemente, serían, en ciertas instancias, no tan drásticas como lo que exigen los socios. Queda por determinar si se eliminará el delito de calumnia a la Corona, tal y como solicitan Sumar, ERC o EH Bildu. Aunque el PSOE no use esta terminología, los magentas la apoyan. Se hace referencia a los insultos a las instituciones del Estado. Todavía queda mucho por desentrañar.
Si uno de los colaboradores no está de acuerdo, ya sea por contradictoriedad propia para interrumpir o por demandar mayor profundidad, será inviable la aprobación de la ley de confidencialidad profesional para los reporteros para la salvaguarda de sus fuentes, que tendría una naturaleza intrínseca [se desea, además, implantar un mandato europeo frente a presiones externas]. Existió ya un intento de legislación mediante este proceso en 2022. En cuanto a las llamadas leyes mordaza, término informal con el que se denomina a las legislaciones «limitantes» como la denunciada Ley de Seguridad Ciudadana por la izquierda, se hace referencia concretamente al artículo 36, subsección 23. Sobre las penalizaciones por la «difusión de fotografías no permitidas» de agentes de la policía o la divulgación de su información personal que comprometan su seguridad y privacidad. No se aluden aspectos claves que causaron conflicto entre PSOE y Unidas Podemos, como la desobediencia o resistencia a la autoridad [artículo 36.6 de la ley], la falta de respeto a los oficiales de policía [37.4] o el empleo de balas de goma como método de disuasión. Este último no se determina explícitamente, pero se otorga la potestad para actuar según las decisiones de los agentes en el artículo 23.
Sumar y sus compañeros de izquierda esperan que la reforma aborde las ofensas hechas a la Corona. El Gobierno contempla una modificación transparente del Código Penal en términos de libertad de expresión y arte. Esta revisión incluirá cualquier acto en contra de las entidades estatales o las creencias religiosas, siempre en línea con la jurisprudencia europea y de acuerdo con «el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo que se refiere a difamaciones», como enfatiza el documento.
El caso de Willy Toledo, infamemente procesado por ofender a Dios y la Virgen y finalmente absuelto, es un claro ejemplo de las situaciones que se buscan evitar con esta reforma. No se ha proporcionado detalles si se planea incrementar las penas establecidas en el futuro para este tipo de procesos en relación con el derecho a la dignidad personal.
Hasta ahora, el sistema legal ya ofrece protección al ciudadano frente a la calumnia [falsas acusaciones de delitos], con sentencias de prisión que varían entre seis meses y dos años, o multas de doce a 24 meses. La pena puede elevarse a cuatro años de cárcel si la calumnia es extremadamente grave. En el caso de injurias, existen dos tipos: las graves, cuyo castigo puede ir de seis meses a dos años de prisión y de seis a catorce meses de multa, y las leves, que se sancionan con una multa de uno a tres meses. La difamación se castiga con la misma pena de prisión que las injurias. Si es grave, puede ser de uno a cuatro años, y una multa de doce a 24 meses.
Actualmente, el Ejecutivo espera proponer modificaciones a la legislación que protege el honor, la privacidad personal y familiar, así como la imagen personal. Además, busca establecer el derecho a corregir «información falsa o sesgada». La propuesta es acelerar el proceso judicial en estos casos para que se resuelvan sin demora. Cabe destacar que miembros de ERC previamente exhortaron a Sánchez a imponer sanciones más severas por difamación, con multas que oscilarían entre 14,000 y 150,000 euros para evitar dichas prácticas. También sugieren castigar a las empresas que financian a los medios de comunicación faltos de veracidad. Esta moción no está presente en la propuesta de Moncloa.
Las dos reformas principales que el documento sugiere y requiere con toda seriedad son las del reglamento del Congreso de los Diputados y la ley electoral. La primera busca hacer obligatorio el debate anual del estado de la nación, y que los diputados no puedan evitar declarar todos sus activos. En cuanto a la segunda, que también es de carácter orgánico, tiene como objetivo que los candidatos a las elecciones participen en debates previos y que todas las encuestas contengan toda la información relevante. Este último debate ha sido objeto de prolongados debates en el Congreso sin llegar a ningún acuerdo. Puigdemont, debido al temor a ser arrestado, se ausentó del debate europeo y bajó al tercer puesto. En este caso, aún queda por determinar cómo votará Junts.
En el actual contexto desafiante, aliados confiables del Gobierno como el PNV instan a reducir la carga ideológica de las acciones y a enfocarse en implementaciones más técnicas. Esto fue lo que solicitó el portavoz parlamentario de los jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, durante una entrevista en El País el domingo pasado. «La agenda legislativa debe ser sumamente precisa y breve, debemos enfocarnos solo en aquello sobre lo que podamos alcanzar consenso, de lo contrario será inviable». «El Gobierno suele enfocarse en temas ideológicos y confrontar con la derecha, pero con estas mayorías, yo sería principalmente práctico y me dedicaría a gobernar».