A menos que algo cambie, parece que este jueves se volverá a rechazar el camino de déficit previo a la formulación de los presupuestos nacionales para 2025. Esto es debido al voto negativo de Junts, que muestra una creciente rebeldía en el parlamento contra Pedro Sánchez, y del PP, a quien el gobierno de Moncloa considera cada vez con más desconfianza cuando sus aliados le abandonan.
Sin embargo, no hay señales de que los populares estén considerando alterar su posición en contra de una propuesta idéntica a la que ya rechazaron en julio. La aprobación o facilitación de las cuentas del gobierno actual por parte del partido principal de la oposición sería una noticia particularmente sorprendente, independientemente de sus tendencias políticas.
Además, el PP se ha mostrado enérgicamente en contra de la pasividad de un gobierno «que no nos ha consultado para solicitar nuestro respaldo», como afirman en Génova.
En realidad, apenas hay algo que discutir. Moncloa y Hacienda no han modificado ni un solo detalle de su texto anterior y sólo esperaban que la presión que los lideres autonómicos pudieran ejercer sobre Alberto Núñez Feijóo ayudara a tomar la decision, ya que son los primeros perjudicados, según los socialistas, por depender de este camino para contar con 12.000 millones adicionales en sus presupuestos o, en caso contrario, enfrentarse a un ajuste aún más severo. Sin embargo, el gobierno decidió no presentar presupuestos para este año 2024, aunque intentaron justificarlo como algo normal, alegando que comunidades dirigidas por el PP, como Madrid o Castilla y León, también han tenido que retrasar sus cuentas en varias ocasiones.
Los presupuestos para 2025 están en peligro.
Aunque no hay un nuevo camino de déficit, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue trabajando en su borrador del presupuesto 2025. Sin embargo, los presupuestos serán probablemente más restrictivos, una posibilidad que está siendo debatida activamente entre los líderes del Partido Popular, quienes están más centrados en el asunto del cupo catalán y el nuevo sistema de financiación autonómica. No parece que Junts vaya a apoyar el presupuesto del estado para el próximo año. Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, viajó recientemente a Suiza para reunirse con Carles Puigdemont en un intento de mejorar las dañadas relaciones con el partido que es crucial para la estabilidad de la legislatura, pero parece que regresó con las manos vacías.
Existen otros temas que aún deben ser negociados por socialistas y populares. Sin embargo, la designación del exministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España ha provocado una ruptura en la ya frágil línea de comunicación entre el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quienes suelen servir como mediadores en la renovación de otros órganos. Aunque la relación no ha sido retomada, el PP aclara que su rechazo a aceptar la propuesta de Escrivá y proporcionar un candidato para la subgobernación no implica un corte total de las comunicaciones con el Gobierno para tratar otros temas pendientes. No obstante, no se ha logrado progreso alguno desde entonces.
La CNMC, que espera renovar una tercera parte de sus miembros, es esencial para el proyecto de regulación de la prensa.
La Junta Electoral Central (JEC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) e incluso los nuevos nombramientos para la Comisión Nacional de Energía y el Consejo de RTVE están siendo discutidos actualmente. La renovación de la Junta Electoral depende mayormente de la CGPJ, que debe seleccionar dos magistrados más para un total de ocho en el Supremo. El organismo se completa con «cinco vocales profesores de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología, en activo, seleccionados conjuntamente» por el Congreso de los Diputados.
Para Génova, es crucial la futura configuración de la CNMC, que se ha convertido en uno de los pilares del denominado Plan de Regeneración Democrática que Pedro Sánchez comunicó tras la acusación de su esposa, Begoña Gómez, por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción empresarial.
Este organismo será responsable del nuevo registro de medios de comunicación, «que brindará información pública sobre su propiedad y los ingresos publicitarios que obtienen», según la propuesta del gobierno, además de supervisar la concentración de medios. Un tercio de este organismo necesita renovación, y aunque el Gobierno tiene la potestad de nombrarlos mediante un decreto real, pueden ser rechazados por una mayoría absoluta del Congreso.
Situación complicada en RTVE.
El PP espera implementar cambios significativos para permitirle a la CNMC supervisar el registro de los medios de comunicación, aunque pueda presentarse alguna resistencia. En Génova, se ha expresado la negativa a aceptar decisiones imposiciones como la designación de Escrivá o lo que perciben como la «colonización» de entidades constitucionales, consultivas y de supervisión, algo que, en su opinión, es una táctica empleada por Pedro Sánchez. Sin embargo, para el PP, la entidad que más resistencia genera es el Consejo de RTVE, un problema que tanto el Gobierno como Génova parecen reacios a enfrentar.
