Jesús Manuel Gómez García, antiguo subsecretario del Ministerio de Transportes, ha comparecido este lunes ante la Audiencia Nacional como parte del ‘caso Koldo’. Ha argumentado que la aprobación de los contratos relacionados con la pandemia provenían de una comisión integrada por los ministros de Transportes, Interior, Sanidad y Defensa, con supervisión del presidente del Gobierno.
Como investigado, Gómez García ha negado cualquier irregularidad en los contratos con Soluciones de Gestión S.L. y afirmó que la intervención de la empresa, sospechosa para los investigadores, fue impuesta por Koldo García, ex asesor del Ministro José Luis Ábalos.
De acuerdo con diversas fuentes que estuvieron presentes durante su testimonio, fue Koldo García quien le proporcionó el nombre de la empresa que se requería para adquirir millones de mascarillas frente al avance de la enfermedad. Relatan que Koldo le entregó la información «personalmente en su oficina» y dado que provenía del asesor de Ábalos, Gómez García concluyó que no había lugar para contradicciones y contrató a Soluciones de Gestión, la firma de Víctor de Aldama sin dilaciones. Cabe destacar que, aunque múltiples testigos previos afirmaron que Aldama era una presencia constante en el Ministerio de Transportes, Gómez García ha alegado no conocerlo.
Inicialmente, la propuesta era de cuatro millones de mascarillas, sin embargo, finalmente se incrementó a ocho debido a la evolución de la pandemia, según las fuentes consultadas. Gómez García declaró que él fue el enlace desde el Ministerio a Adif y Puertos del Estado, quienes a la postre realizaron la contratación. El total de los gastos ascendió a 12,5 millones de euros y 20 millones de euros, respectivamente. Debido a su posición jerárquica, Gómez García tuvo que hacerse cargo de la gestión y era el encargado, después del ministro, de llevar a cabo el plan que se coordinaba desde esa comisión interministerial. Aquellos que estaban presentes durante su declaración lo ven como un simple intermediario y actualmente descartan que él pudiera tener responsabilidad en el asunto.
Respecto a por qué no se seleccionó a una empresa con propuestas más favorables y económicas, como por ejemplo Terraplanet del Sur, Gómez García mencionó que estas propuestas se recibieron después de que el contrato con Soluciones de Gestión se formalizara, y romper el contrato habría implicado una indemnización que ya no era viable pagar. Se debe mencionar que en un documento del expediente, la empresa de Aldama y el Grupo Cueto (encabezado por Juan Carlos Cueto, otro empresario implicado en este caso) acordaron la importación de ocho millones de mascarillas (en lugar de cuatro) para Puertos del Estado, antes de que el contrato oficialmente se otorgara.
Gómez García insiste en que se realizó un estudio de solvencia de la empresa de De Aldama, aunque nunca se ha presentado y que presionó tanto a Puertos como a Adif para que hicieran lo mismo.
Ismael Moreno, quien lidera el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, concluye una serie de declaraciones iniciadas la semana anterior para aclarar las condiciones bajo las cuales se adquirieron las mascarillas de Aldama y Cueto. Hay indicios de posibles infracciones criminales, incluyendo operaciones de organización delictiva, tráfico ilícito de influencias, sobornos y blanqueo de dinero, implicando manipulación de contratos de emergencia y obtener sobornos durante el peor periodo de la epidemia.
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