Las críticas ante la falta de definiciones claras por parte del líder del gobierno se duplicaron en las intervenciones tanto de Alfonso Rueda como de Juanma Moreno durante el encuentro del viernes en Moncloa. Los mandatarios de Galicia y Andalucía esperaban tener «metas» regionales específicas después de sus respectivas reuniones bilaterales con Pedro Sánchez, las cuales forman parte de una serie que continuará en las siguientes semanas, para recibir a cada uno de los líderes regionales segun lo permita la agenda.
A estos encuentros también se sumó el lehendakari Imanol Pradales, quien cosechó logros notables: siete transferencias planeadas para octubre y la Seguridad Social para 2025, conforme a los acuerdos establecidos para su investidura. Desde el PP, se percibe una falta de transparencia de Moncloa en cuanto a los próximos pasos del debate económico.
De acuerdo a fuentes del Partido Popular, en sus reuniones con los dos líderes, Sánchez habló sobre la complejidad de llevar una discusión sobre financiación conjunta en este momento. A pesar de que se esperaban propuestas individuales para cada líder regional, no se presentaron «incentivos» o «excepciones» para que Rueda o Moreno Bonilla se alejaran del «multilateralismo» exigido por todo el PP para priorizar a sus regiones. Se habló sobre la posibilidad de ofrecer el alivio de la deuda al Fondo de Liquidación Autonómica (FLA). Los dos líderes confirmaron esto en sus conferencias de prensa. Sin embargo, frente a Sánchez, mantuvieron una postura rebelde contra la financiación singular de Cataluña, pidiéndole que renuncie a ella y le sugiriendo que cualquier reforma se proponga dentro de la Conferencia de Presidentes.
Se ha logrado un compromiso mínimo para llevar a cabo una «inminente» convocatoria con un punto de apertura en la agenda para discutir la cuestión del financiamiento, según afirman desde el Partido Popular (PP). Sin embargo, el gobierno prefiere acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin proporcionar mayores detalles.
Kenneth Perkins ha emitido una advertencia al Presidente Sánchez desde el PP. Además de las severas repercusiones sociales, la «desigualdad» y la distinción entre Cataluña y el resto de España, las consecuencias para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) podrían ser devastadoras en el futuro, especialmente en relación con su base de apoyo. El Presidente del Gobierno, en respuesta, no reaccionó con un análisis a fondo, hecho que se enfatiza. Sin embargo, manifestó su intención de seguir adelante con lo acordado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a cambio de la investidura de Salvador Illa. Sin embargo, al ser consultado sobre qué planea hacer en la autonomía, como ya se hiciera sin éxito a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado, Sánchez no especificó. Ambos se escudan en generalidades, alegando que el pacto se centra en «lo que se estipula en el acuerdo».
El PP está convencido de que Sánchez no podrá satisfacer a todos sus socios por mucho tiempo.
Esta falta de claridad genera dudas importantes dentro del PP. No está claro si Sánchez está tratando de comprar tiempo para mantenerse al mando del Gobierno, actuando de forma ambigua, o si realmente tiene la intención de implementar la cuota. Se insiste en que, de acuerdo con los plazos acordados con el ERC, la negociación debe comenzar en el primer trimestre de 2025. Y la percepción es que existen tantas cuestiones pendientes con los socios que será imposible complacer a todos. Tampoco puede haber una serie continua de fracasos en el Congreso y la ausencia de presupuestos.
A pesar de ser el principal defensor del acuerdo, sorprendentemente no se han hecho especificaciones. Sin embargo, no se descarta que las guardaría para no avivar el debate aún más. El socialista expresó claramente su deseo de «estabilizar la situación catalana». «Existen otras soluciones constitucionales» que no tienen un impacto general, alegan desde el PP. «Esto ni es un reclamo de Cataluña, sino de los republicanos», insisten.
No queda ninguna duda de que Sánchez, sin importar los delicados equilibrios con sus socios, desea retrasar las cosas con el PP dada la intensa presión de sus once comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. «Quiere una gira de mes y medio con los presidentes para sofocar incendios», es evidente que se siente «estresado», según fuentes del PP. De otro modo, habría asistido a reuniones planeadas por puntos, detalladas y sin divagaciones. Moreno Bonilla incluso expresó su frustración de que, a pesar de ser convocado por Sánchez, este último no tomó la iniciativa. Se trataron temas generales con «palabras cordiales y pocos compromisos», según el político andaluz.
El PP insta a que el Gobierno tome la iniciativa
El PP continúa instando al Gobierno a que deje de eludir los obstáculos que se presentan, a que sea prioritario avanzar hacia un nuevo modelo y a tomar la iniciativa en el debate con una propuesta lista para todos. No sólo para Cataluña. Los populares ya tienen sus propias bases, pero optan por no revelarlas hasta que Montero desvele sus propuestas para no darles un trato preferente y que el debate se centre en las propuestas de Génova.
Si el concierto para Cataluña toma precedencia finalmente sobre las exigencias del resto, líderes como Moreno Bonilla desde Andalucía pronostican respuestas fuertes. Prevén hacer uso de su influencia demográfica, política y económica, y de «todas las herramientas» disponibles para impedir la aprobación de dicho cupo. El líder andaluz opina que adoptar tal medida implicaría una suspensión y ruptura de facto de la igualdad entre los ciudadanos españoles.
El argumenta que nos estaría condenando a tener ciudadanos de primera y segunda categoría, según mencionó en su declaración. En cualquier caso, se empleará un procedimiento unitario. Si Sánchez evita voluntariamente incluir financiación en la próxima Conferencia de Presidentes, dándole prioridad al Consejo de Política Fiscal, se recurrirá al artículo 5.1 del reglamento para obligarlo. Este artículo establece que «El agenda será determinado por el comité preparatorio con el consentimiento de su Presidente [el ministro Torres] y diez comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía». El Partido Popular (PP) tiene la mayoría en ellas y Torres afirmó que se respetará estrictamente este reglamento.
El Tribunal Constitucional redefine el uso del estado de alarma para limitar derechos en crisis sanitarias.
La energía solar fotovoltaica se consolida como la alternativa más viable en España.