Isabel Díaz Ayuso había alertado sobre posibles tácticas engañosas por parte de Pedro Sánchez dirigidas a los presidentes regionales del PP, con la intención de crear discordia entre ellos. Según ella, esto era lo que Sánchez buscaba mediante sus encuentros bilaterales con líderes regionales.
No obstante, el Presidente del Gobierno no ofreció incentivos durante estas reuniones, e incluso fue criticado por afirmar vaguedades y no comprometerse. Sánchez no proporcionó financiamiento adicional ni ninguna solución sobre la deuda o el nuevo modelo de financiación.
El objetivo del gobierno, más bien, era conocer las necesidades de los ciudadanos en todas las regiones, reunirse con todos los líderes regionales tras las elecciones, y reforzar los mecanismos de cooperación y co-gobernabilidad.
Además, buscaban ratificar la próxima convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Sin embargo, no se abordará únicamente el tema de la vivienda, como Sánchez prefería, sino también la financiación autonómica, tal como lo exige el PP. El Gobierno reconoce que no puede omitir ningún tema, incluido este que tanto ha molestado al PP y ha inquietado a algunos socialistas después de la firma del acuerdo PSC-ERC.
Juanma Moreno y Alfonso Rueda instan a Sánchez a abolir el ‘cupo catalán’. Según el presidente de Andalucía, si se mantiene el cupo, su región perdería 6.000 millones de euros y el sistema en su conjunto, 30.000 millones.
Sánchez sostuvo tres reuniones en la Moncloa que revelaron dos tipos de relaciones contrastantes. Por un lado, su vínculo estrecho y cómplice con Pradales, con quien ya se había reunido en Ajuria Enea en julio, y cuyos partidos comparten el gobierno en Euskadi y son aliados en Madrid. Sin embargo, su interacción con los líderes del PP, Rueda y Moreno, fue notablemente más distante, lo cual era predecible. Ambos le pronunciaron severas advertencias sobre el financiamiento privilegiado para Cataluña y solicitaron una negociación multilateral del nuevo modelo dentro del marco de la Conferencia de Presidentes.
El líder de la Xunta le reclamó que renuncie completamente a su acuerdo bilateral con Cataluña. El líder de la Junta le pidió que elimine «el privilegio catalán, que sería pagado a gran costo por Andalucía», alegando que debilita a España. Advirtió que esta situación causaría a Andalucía una pérdida aproximada de 6.000 millones de euros y el sistema entero perdería 30.000 millones de euros. El dirigente de la Junta amenazó con utilizar «todos los medios» que tiene a su disposición para bloquear una medida que, en su opinión, «anularía y quebraría de facto la igualdad entre los españoles».
Sánchez tiene la convicción de que es posible lograr una «financiación exclusiva» para Cataluña dentro de una remodelación integral que beneficie a todas las comunidades autónomas. Según destacó más tarde, después de cada reunión, Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, afirma que todas las autonomías tendrán «más fondos» con el nuevo sistema. Moreno comunicó que buscarán una solución en la que ninguna comunidad autónoma salga perdiendo, y que garantice a Andalucía los recursos necesarios. Sin embargo, no ha dado ninguna pista sobre qué tipo de solución podría ser y Pradales no quiso dar su opinión sobre el acuerdo entre el PSC y ERC, solo mencionó que respeta los acuerdos a los que llegue Cataluña con el Gobierno y que no intervendrá en asuntos ajenos, tal como no le agrada que otros intervengan en cuestiones vascas.
Por otro lado, el gobierno sostiene que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el organismo que debería debatir y aprobar el nuevo modelo, así como las factibles condonaciones de la deuda. Ni el presidente planteó soluciones claras en torno a la nueva financiación, ni hizo ninguna propuesta a Rueda o Bonilla para discutir un posible olvido de la deuda. El Ejecutivo cree que el debate y la aprobación del nuevo sistema y las condonaciones de deuda deberían llevarse a cabo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Dicho organismo, presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuenta con la participación de todas las comunidades autónomas, incluyendo Cataluña.
Por último, es relevante mencionar que la normativa no favorece al Gobierno.
Aunque no se ha establecido una fecha específica, se sabe que la próxima cumbre definitivamente se llevará a cabo en Cantabria. Los barones del Partido Popular insisten en que el tema de la financiación sea abordado en la Conferencia de Presidentes. Antes de finalizar este mes, el ministro Torres ha anunciado que convocará al comité preparatorio para coordinar y establecer el orden del día en octubre. De acuerdo con el artículo 5 del reglamento de las Conferencias, que fue aprobado en su totalidad en la cumbre de La Palma en marzo de 2022, este orden del día debe contar con la aprobación del ministro y diez comunidades autónomas. En este escenario, el Partido Popular, que actualmente controla 11 autonomías y tiene un gobierno conjunto en Canarias, tiene capacidad para influir en los temas que se tratan en la Conferencia, toda vez que deberán contar con su consentimiento.
Torres, por su parte, ha asegurado que respetarán a cabalidad el reglamento de la Conferencia de Presidentes y que ninguna iniciativa será vetada en este ámbito.
Torres expresó su conciencia sobre la realidad numérica, y la posible influencia de las regiones gobernadas por el PP en las decisiones del Gobierno. Reconoció que no habrá prohibiciones de discutir ningún asunto. Esto significa que, mientras el Gobierno está interesado en abordar el tema de la vivienda, no impedirá que las comunidades autónomas discutan otros temas. Anticipa que las conversaciones incluirán temas de financiación. «Seguiremos meticulosamente las normas de la Conferencia de Presidentes. No se rechaza ninguna propuesta», declaró el Ministro. Sin embargo, desde el Ejecutivo recuerdan que estos escenarios están diseñados para alcanzar consensos, no para provocar conflictos. Por lo tanto, solo están permitidos acuerdos (aceptados por todos) o recomendaciones (aceptadas por el presidente del Gobierno y dos tercios de las comunidades autónomas presentes). En resumen, los líderes del PP no pueden aprobar medidas a las que Sánchez se oponga.
Torres subrayó la inconsistencia de solicitar más recursos e inversiones gubernamentales para Galicia y Andalucía, mientras el PP rechaza respaldar el camino de estabilidad que se someterá nuevamente a votación en el Congreso, después de haber sido descartado en julio. Esta ruta «influye en todas las comunidades» ya que les otorga un mayor margen para gastar. Con base en las estimaciones de La Moncloa, si el PP, Junts y Vox rechazan de nuevo los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2025-2027, las comunidades autónomas dispondrán de 3.332 millones de euros menos para gastar en 2025 y 3.482 en 2026, en total 6.814 millones. Paralelamente, los ayuntamientos experimentarán una pérdida de 1.666 millones el siguiente año y 3.482 el año después, lo que suma un total de 5.148 millones. En otras palabras, si no se respalda la ruta propuesta por el gobierno, las comunidades y municipios experimentarán una carencia de 4.998 millones en 2025 –los 5.000 millones que Sánchez mencionó en la junta con su grupo parlamentario el lunes– y una falta de 6.964 millones en 2026. Si se suman ambos años, la repercusión del rechazo de la ruta plantea la increíble cifra de 11.962 millones en el conjunto de comunidades y gobiernos locales.
Según el gobierno, las comunidades y municipios en 2025 y 2026 sufrirán una falta de 4.998 millones y 6.964 millones respectivamente. Casi 12.000 millones menos en dos años.
Ambos líderes del PP acordaron que sería beneficioso tener Presupuestos para el 2025, sin embargo, aseguraron que su partido no los respaldará. Indicaron que Sánchez debe buscar apoyo dentro de sus socios. «El presidente del Gobierno es quien tiene el deber de gestionar las mayorías, lo que le solicito es que encuentre esas mayorías mediante diálogo para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado», señaló el jefe de la Junta.
Torres se mostró dispuesto a colaborar con los populares para avanzar en las cuentas del estado y remarcó que todas las Comunidades Autónomas se han beneficiado desde la llegada del líder socialista a la Moncloa. «Desde que Sánchez tomó las riendas, Andalucía ha recibido unos 4.000 millones de euros más que con Mariano Rajoy», destacó Torres, el titular de Política Territorial, tras las críticas de Moreno. Además, añadió que discutir sobre la financiación autonómica implica también hablar sobre la corresponsabilidad fiscal, es decir, que las autonomías no pueden reducir impuestos mientras solicitan más fondos del Estado.
«Me voy con las manos vacías»
Tanto Rueda como Moreno afirmaron que se marchaban de la Moncloa sin respuestas claras, tras presentar un extenso informe con sus demandas sin recibir una respuesta en forma de contrapropuesta. «Me voy con las manos vacías, sin ningún tipo de compromiso. No puedo ofrecer ninguna precisión ni compromiso a la opinión pública porque no ha habido ninguno por parte del presidente», enfatizó el presidente de Andalucía. Rueda estuvo de acuerdo diciendo, «Muchas palabras de aliento y pocas acciones específicas». Torres comentó que Sánchez se comprometió a analizar los informes que ambos presentaron y que trasladaría sus peticiones a los ministerios pertinentes.
Pradales y Sánchez han demostrado su acuerdo y han fortalecido sus vínculos. Convienen en «impulsar» las transferencias pendientes en dos fases, actualmente y en 2025, y, una vez terminadas, iniciar un «nuevo pacto estatutario»
En relación a las distintas peticiones que se han presentado, el presidente de la Xunta expresó su preocupación por el AVE a Portugal desde Tui, los fondos europeos que aún no se han implementado – desea que la administración sea colaborativa con las CCAA -, la transferencia y el uso gratuito de la AP-9 o el desarrollo del corredor de mercancías noroeste atlántico. Lo que sí garantizó Sánchez, según él contó, fue la transferencia de la administración de la costa, respaldada por el Tribunal Constitucional. «Sánchez se ha comprometido a que se establecerá inmediatamente la comisión para la transferencia, y espero que haga lo que promete», dijo. Por otro lado, Moreno mencionó el tema de inmigración para solicitar una mayor coordinación y transparencia en las reubicaciones y una revisión de las infraestructuras en Andalucía.
Tras el encuentro con Sánchez, Pradales expresó un alto grado de satisfacción. Ambas partes acordaron «agilizar» la transferencia de las competencias pendientes con el fin de completar la implementación del Estatuto de Gernika. Luego de esto, la meta es avanzar hacia un «nuevo pacto estatutario» que signifique el «reconocimiento nacional» de Euskadi. Un primer grupo de transferencias, que incluye siete temas, se llevaría a cabo este otoño, hacia finales de octubre (gestión costera, autorización laboral de extranjeros, rescate marítimo, predicción del tiempo, centro de comprobación de maquinaria, protección del cine y pesca recreativa). Según las estimaciones del lehendakari, para finales de 2025, se estaría concluyendo la segunda etapa de transferencias, las más difíciles, como la administración económica de la Seguridad Social, las políticas pasivas de empleo o la administración de puertos y aeropuertos. Torres expresó la intención del gobierno de «cumplir con los plazos», sin embargo, advirtió que podrían surgir «obstáculos».
La «consistencia» del PNV versus la «debilidad constante» de Junts.
En su intervención, Pradales dejó muy clara la intención de su partido, el PNV, de brindar apoyo al Gobierno. Tras la reunión, el lehendakari se llevó la percepción de que «Sánchez está decidido a llevar a cabo un mandato largo y está trabajando para conseguirlo», independientemente de la existencia o no de un presupuesto. Los nacionalistas vascos trabajarán junto a él en esto: «Desde la administración vasca, actuaremos en pro de la estabilidad nacional, dado que Euskadi juega un papel crucial para ello y esta estabilidad es favorable para lograr mayor autonomía». Pradales optó por no emitir una opinión sobre Junts, pero resaltó la discrepancia entre su partido y la postura de Carles Puigdemont: «Siempre hemos procurado favorecer el mantenimiento de la estabilidad para todo el territorio nacional, ya que es esencial para la autonomía». En adición, las fuentes cercanas al lehendakari expresaron sus dudas acerca de una ruptura total de Junts con el PSOE: «Es el pilar que siempre tiembla pero no llega a romperse».
El PNV mantiene su promesa de respaldar al Gobierno: «Desde la administración vasca, nuestra labor será garantizar y apoyar la estabilidad nacional, al ser Euskadi un componente clave en ella».
El PNV no traicionará a Sánchez, a pesar de haber apoyado la propuesta del PP en el Congreso para reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Pradales enfatizó que su partido siempre ha demostrado tener una «visión de Estado», sin importar las «posiciones específicas ante ciertas problemáticas». Por lo tanto, no habrá riesgos en este aspecto.
El lunes, Sánchez se embarcará hacia Nueva York para participar en la inauguración del 79º ciclo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, el viernes próximo retomará la serie de reuniones con los presidentes. El 27 de septiembre se reunirá con María José Sáenz de Buruaga de Cantabria y Gonzalo Capellán de La Rioja, ambos del Partido Popular, y con Adrián Barbón de Asturias, del Partido Socialista. Para el viernes 4 de octubre, Sánchez tiene citas pautadas con los líderes de Murcia, Fernando López Miras (PP); Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), y Comunitat Valenciana, Carlos Mazón (PP). Todavía faltan muchas reuniones en su agenda, pero ya se presencian los movimientos iniciales y la táctica del líder gubernamental, especialmente con los barones del Partido Popular. La reunión más anticipada, sin duda, será con Ayuso, aunque aún no se ha confirmado una fecha para esto. Aún es incierto si decide ir a Moncloa.
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