Es una promesa que se ha repetido innumerables veces. Antes se hicieron muchas similares. Todas incumplidas. Sin embargo, el PNV sabe que es su oportunidad si el gobierno cambia. Implementar en su totalidad el Estatuto de Gernika ha sido una meta deseada desde que fue firmado en 1979.
Hoy en día, casi 45 años más tarde, casi treinta competencias que están en él aún no se han transferido. En la lista están incluidas áreas importantes como la administración de aeropuertos y puertos, la gestión de la economía de la Seguridad Social y la gestión de la costa.
Este viernes, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió nuevamente, reafirmándose en su deseo de acelerar los trabajos para cumplir con lo firmado. Ahora la fecha es a finales de 2025, específicamente en noviembre del próximo año, cuando hayan transcurrido dos años desde la última investidura de Sánchez. Esto se estableció en el acuerdo entre el PNV y el PSOE, donde se incluía una vez más el compromiso de desarrollar completamente el Estatuto vasco en un plazo de dos años.
La promesa dada ayer parece repetida. Desde que se hizo la primera vez, en el año 2018, han pasado cinco ministros y dos presidentes del gobierno vasco. Tras la moción de censura que permitió a Sánchez convertirse en el jefe del Gobierno en junio de 2018, uno de los primeros compromisos adquiridos con el PNV fue un desarrollo completo del Estatuto de Gernika. Meritxell Batet, la primera ministra involucrada, firmó el primer acuerdo con el PNV para desarrollar completamente el Estatuto seis meses después de la investidura de Sánchez. Batet presentó en enero de 2019 el timetable inicial, una lista de las competencias pendientes de transferir, algo más de treinta. Según el plan, todo debía estar listo para finales de 2020.
El cronograma original rápidamente se volvió obsoleto. Las comunicaciones entre ambos gobiernos disminuyeron y la aparición de la pandemia provocó aún más demoras. En enero de 2020, Meritxell Batet se retiró del ministerio y fue reemplazada por Carolina Darias. Luego, Miquel Iceta la reemplazó, seguido por Isabel Rodríguez, y finalmente Ángel Víctor Torres asumió el cargo. Esta rotación de ministros no ha contribuido a acelerar la transferencia de poderes demandada por el PNV al gobierno Sánchez.
En octubre, se realizarán siete transferencias.
A lo largo de estos seis años, ha habido una gran cantidad de documentación y propuestas para la transferencia enviadas por el lehendakari Urkullu. Muchas de las áreas quedaron estancadas y ahora será tarea de su sucesor, Imanol Pradales, garantizar que se cumpla la transferencia prometida. Pradales y Sánchez se han reunido dos veces y en cada ocasión se ha exigido esto. Tras la reunión con Sánchez en La Moncloa, el lehendakari anunció que, a finales de octubre, se convocará la Comisión Bilateral de Cooperación para procesar la transferencia de siete nuevas competencias. Declaró que esto solo sería «el primer bloque» y que debería implementarse antes de fin de año. A comienzos de 2025, comenzarían las negociaciones para el «segundo gran bloque» que abarcaría el resto de las áreas, incluyendo la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social.
Hasta ahora, la administración de las cárceles y los trenes locales han sido los logros más destacados de los 14 que el gobierno de Sánchez ha realizado. Desde octubre de 2021, el gobierno vasco se encarga de las tres prisiones en el País Vasco, lo que le da la capacidad de implementar su propio sistema de prisiones. En abril de este año, se finalizó la transferencia de los trenes locales. A lo largo de este proceso, también se han transferido otras competencias de menor importancia al País Vasco, aunque la mayoría del compromiso adquirido todavía está pendiente.
La promesa de completar el Estatuto de Gernika siempre ha sido un atractivo para el PNV. La finalización del Estatuto de Gernika sería un logro histórico para el nacionalismo vasco. El Estatuto de Gernika es el estatuto de autonomía original y más antiguo, y junto con el de Galicia, es el único que no ha sido revisado. Otros estatutos, como los de Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, Madrid o la Comunidad Valenciana han sido actualizados hasta tres y cuatro veces.
El ministro de Política Territorial recordó ayer que el gobierno de Sánchez ha cumplido con la transferencia de 14 áreas a Euskadi, «muchas más que con el gobierno del PP». En cuanto a las competencias pendientes, Torres dijo que el objetivo del gobierno es «cumplir con los plazos», pero advirtió que a veces hay «dificultades». Esta advertencia ha estado presente en todos los acuerdos logrados en estos años. Es una protección que el gobierno de Sánchez utiliza para anticiparse a un posible incumplimiento de la competencia más delicada de la lista: la administración del sistema económico de la Seguridad Social.
Nuevo estatuto.
En los meses recientes, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha enfatizado que el acuerdo «completo» que se ha firmado incluye todos los aspectos, incluyendo la Seguridad Social. El partido recuerda que esto es una competencia que está reconocida en la disposición adicional quinta del estatuto vasco.
Por el momento, el PNV sigue apoyando a Pedro Sánchez, aunque cada vez con menos consistencia y con la disposición de actuar -y votar- aparte del ‘bloque de investidura’ si lo consideran necesario. Pradales, miembro del partido, insistió tras encontrarse con Sánchez este viernes que la estabilidad es algo que valoran y que, por ahora, ven a Sánchez capaz de aguantar toda la legislatura.
El progreso y el ritmo de cumplimiento del acuerdo de investidura será crucial para mantener o disminuir dicho apoyo. Tanto el PNV como el PSOE establecieron un plazo de dos años para finalizar el Estatuto Vasco. Incluso en el acuerdo de Gobierno en Euskadi, ambos partidos reafirmaron este objetivo e incluso pusieron de manifiesto la necesidad de iniciar la negociación del futuro estatuto vasco que debería suceder al de Gernika una vez finalizado.
Claramente, este será otro objetivo lleno de discrepancias y obstáculos. El PNV y el PSE ya han empezado a mostrarlos. El reconocimiento de la nación vasca, la inclusión de un sistema de bilateralidad en la relación Euskadi-Estado, y la necesidad de incluir un sistema de garantías para el cumplimiento de los acuerdos son los pilares en los que los nacionalistas quieren basarse. Al final, el reconocimiento del derecho a decidir será el mayor desafío para un acuerdo amplio.
