A veces puede ser difícil en el campo del Derecho establecer un «primer» claro debido a precedentes legales existentes, líneas de jurisprudencia y decisiones ocultas que pueden desmoronar estadísticas iniciales. Sin embargo, luego de consultar con varios juristas y miembros del Tribunal Constitucional, ninguno pudo recordar, al menos inicialmente, una situación en la que un fiscal general del Estado haya presentado una recusación contra un juez del organismo encargado de proteger la Constitución.
Álvaro García Ortiz ha dado un paso inusual al intentar descalificar a José María Macías en la decisión sobre la amnistía.
Una fuente del tribunal afirma que este es un caso «sin precedentes». La noticia tomó al tribunal por sorpresa el jueves, aunque algunos especulaban que la iniciativa venía del presidente, Cándido Conde-Pumpido.
Algunos en el sector judicial sienten que García Ortiz ha trastocado completamente el sentido de la integridad institucional de la Fiscalía. Denuncian que se ha ensuciado las manos llevando a cabo los deseos del Gobierno, que ha pasado a ser un anexo del poder ejecutivo e incluso del PSOE. «Está dispuesto a empañar la reputación de la Fiscalía, a deteriorarla aún más», indica otra fuente del tribunal.
Este jueves, el líder del Ministerio Público interpuso una recusación contra el recién añadido juez, elegido por el PP, que viene del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La base de la recusación son dos ocasiones en las que, siendo vocal, expresó su oposición a la ley que absuelve los delitos del procés. Su imparcialidad está en duda, dada la publicidad de su postura. Según el fiscal, la capacidad de Macías para debatir la cuestión de inconstitucionalidad, sobre la cual el pleno del Tribunal debe decidir, está comprometida.
Otra fuente fiscal del tribunal superior confirma que «no creo que haya habido un caso precedente». Hay casos en los que el Ministerio Público ha apoyado la eliminación de jueces que anteriormente habían sido recusados en alguna parte del procedimiento. Por ejemplo, en diciembre de 2022, la Fiscalía Constitucional apoyó la eliminación de Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez en un conflicto planteado por el Senado para detener un trámite parlamentario. «Es un caso diferente», confirma dicha fuente.
Hasta ahora, las recusaciones en asuntos de amnistía habían incluido a Juan Carlos Campo, Laura Díez y Pumpido, pero se esperaba que Macías fuera afectado, ya que el expresidente Carles Puigdemont había indicado en un recurso que tenía la intención de pedirlo cuando apelara la sentencia del Supremo de no aplicarle la ley. Con esto en mente, si el fiscal general no hubiera tomado esta acción, la recusación de Macías habría llegado de todos modos y la Fiscalía podría haberla respaldado.
García Ortiz ha tomado la iniciativa, una postura que no es bien comprendida en algunos círculos judiciales. Hay quienes especulan acerca de las razones de este enfrentamiento. Según una teoría, se especula que se trata de una venganza personal, en la que el fiscal general estaría marginando a uno de los jueces que apoyó el informe del CGPJ sobre su supuesta inadecuación para liderar el Ministerio Público. Se pregunta si él debería también abstenerse de tomar decisiones judiciales sobre jueces conservadores a los que ha criticado severamente. «Nos llamó ‘presuntos juristas’ y dijo que habíamos formado algo así como un ‘tribunal de honor'», recuerda uno.
La otra hipótesis propone que estaría dispuesto a «morir en la batalla», se dice, refiriéndose a que el Tribunal Supremo podría estar considerando su acusación por revelación de secretos en el caso relacionado con el novio de Isabel Díaz Ayuso. A pesar de que el fiscal afirma que pretende mantener su posición, incluso si se le acusa, las fuentes consultadas tienen serias dudas sobre si podrá soportar la tormenta.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo total, pero se predice que la presión interna será insoportable. Desde el movimiento asociativo del Ministerio Público ya se están planeando acciones para el posiblemente día en que la Sala de lo Penal acepte los cargos contra el jefe y él no decida renunciar voluntariamente.
Además, los entrevistados subrayan que la imagen del Poder Judicial se ve manchada cuando un fiscal general añade incertidumbres a la imparcialidad de los jueces. Un comentario ya hecho cuando García Ortiz recusó a casi todos los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que debían decidir sobre su permanencia en el cargo, como adelantó este medio.
Macías no se retirará.
La semana entrante, el pleno Constitucional evaluará la posibilidad de excluir a Juan Carlos Campo de todas las instancias relacionadas con la amnistía. Esta solicitud fue realizada por el propio exministro de Justicia, lo que lleva a los consultados en el organismo a pensar que no habrá inconvenientes en concederla, dado que ya se ha expresado por escrito en este asunto al firmar los informes sobre los indultos. En consecuencia, se abren nuevas perspectivas para otros casos.
Por su parte, Laura Díez se encuentra descalificada por ser parte del equipo actual del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Mientras tanto, se establece el mismo caso para Conde-Pumpido, quien rechazó participar en las últimas determinaciones del procés, y los recusantes opinan que si lo hizo en ese momento, debería proceder de la misma manera en un asunto relacionado.
Sin embargo, estas son cuestiones pendientes. Los consultados en el organismo prefieren avanzar «paso a paso» sin hacer presunciones, aunque algunos ya pronostican que el pleno no permitirá que se retire ningún otro progresista. La distribución de poder entre ambas partes es crucial para el veredicto, ya que sin la participación de Campos, el recuento final sería de seis a cinco (progresistas contra conservadores). Si alguna pieza más se retira, el resultado final podría ser bastante diferente.
En referencia a Macías, las voces consultadas señalan a un precedente, el caso de Concepción Espejel, quien deseó retirarse voluntariamente del tema del aborto debido a su contribución a esa ley cuando era miembro del CGPJ. Sin embargo, el pleno, liderado por Pumpido, no le permitió abstenerse, por lo que los conservadores insinúan que debería seguirse el mismo patrón. «A menos que el pleno cambie de opinión dependiendo de quién sea el recusado», añaden.
