Durante años, Venezuela ha sido el foco de intensos debates en España, con la tensión variando con las diferentes circunstancias en el país sudamericano, las políticas del gobierno español y la respuesta del régimen chavista. Sin embargo, ahora las tensiones han alcanzado un punto crítico del que puede ser difícil volver atrás.
El Partido Popular (PP) critica abiertamente al equipo de gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de ser partícipe y cómplice en un «golpe de estado», una operación para «consolidar a Nicolás Maduro como dictador» por un periodo «indefinido». Además, el PP demanda la renuncia del Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
El Gobierno, por su parte, se defiende tildando las acusaciones del PP de ser simples «calumnias». Aseguran que la actuación de la administración exterior de España ha sido «intachable» e «irreprochable», negando cualquier negociación «política» con el gobierno de Venezuela y sosteniendo que solo hubo contactos «operativos». Este relato es respaldado también por el líder opositor, Edmundo González Urrutia, quien afirma que los esfuerzos diplomáticos de España sirvieron solamente para «facilitar» su salida de Venezuela, «sin aplicar ninguna presión» sobre él.
Las hostilidades entre el Gobierno y el PP se han agravado en las últimas semanas, a raíz de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y, en particular, desde que España acogió a González Urrutia, quien ha sido reconocido por el Congreso y el Senado, y recientemente por el Parlamento Europeo, como el presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela.
El ambiente se volvió todavía más tenso el miércoles cuando González hizo público un video a través de sus distintos perfiles sociales, en el que sostenía que antes de abandonar su nación, fue forzado a firmar un papel mediante una intimidación que, si no lo hacía, tendría que «esperar las consecuencias». El considera que esta «presión» invalida el contenido del documento. Este documento firmado era su manera de validar la elección del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que proclamó a Maduro como vencedor de las elecciones. Todo esto sucedió en la casa del embajador de España en Caracas, Ramón Santos, antes de volar a Madrid para iniciar su vida de exiliado. Según reporta, dichas «presiones» fueron ejercidas por la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, y por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, su hermano.
«O firmaba o me exponía a las consecuencias. Pasé por horas muy cargadas de presión y chantaje. En ese momento, pensé que sería más valioso ser libre que estar confinado sin poder cumplir con los deberes que el pueblo me otorgó», afirmaba González. Esa misma noche, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, calificó de «vergüenza» que el líder de la oposición firmara ese documento en la casa del embajador español. «¿En qué lío criminal se halla el Gobierno de Sánchez?», interrogó. Sin embargo, desde el primer momento, fuentes del Ministerio de Exteriores insistieron que el Gobierno «no tiene ninguna implicación» con cualquier papel entre González Urrutia y el régimen chavista, y que Albares dio «órdenes claras al embajador de no implicarse en las acciones que pudiera llevar a cabo el líder de la oposición».
Durante una entrevista en esRadio la mañana del jueves, Pons intensificó su tono. Expresó «repulsión» y «indignación» por el vídeo y aseveró, a pesar de no tener pruebas, que el gobierno de Sánchez es un «colaborador esencial» en el «golpe de estado en Venezuela». Aseguró que la «operación» tenía como objetivo mantener a Maduro como «dictador por un período de tiempo indefinido». Además, acusó al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero de ser el «gran artífice» de esa «operación».
«Denigrantes, falsas y no basadas en la realidad»
Las declaraciones de Pons provocaron inmediatamente la ira del PSOE. Advirtieron que sus afirmaciones eran de enorme «seriedad», «desplantes incompatibles con la diplomacia». Por lo cual, exigieron la «renuncia inmediata» de Pons. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, respaldó el trabajo «ejemplar» del gobierno para facilitar la salida de González Urrutia y proporcionarle asilo político. «Estas denuncias son extremadamente denigrantes, falsas y ciertamente no reflejan la realidad», insistió Montero, acusando al PP de intentar «desacreditar» el trabajo de la Oficina de Relaciones Exteriores.
Desde Bruselas, después de una reunión con la Comisión Europea y su homólogo británico, apareció el ministro Albares, también furioso. «Pido al señor [Alberto Núñez] Feijóo que rechace al eurodiputado que ha difamado a España y lo acusa de cosas que son absurdas pero tremendamente injuriantes para nuestro país. Le exijo que lo rechace de inmediato», solicitó Albares.
Mientras Feijóo se encontraba en Roma elogiando el modelo migratorio de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, no solo no retiró su apoyo a Pons, sino que fue un paso más allá al exigir la renuncia de Albares. Según Feijóo, la administración española ha falseado la realidad y la diplomacia española, que es un pilar fundamental de la diplomacia europea en América Latina, no debería servir a un régimen dictatorial. Condenó que una dictadura y una democracia puedan equipararse de cualquier forma y dejó claro que no se puede aceptar ningún intento de intimidación en la embajada española, especialmente hacia un miembro del pueblo venezolano.
Por otro lado, Albares, desde Bruselas, reiteró que el gobierno español no ha estado involucrado en ninguna discusión entre González Urrutia y el régimen chavista. Aseguró que el gobierno español no había sido parte de la creación de ningún tipo de documento entre las dos partes y que nadie había solicitado ni recibiría ninguna recompensa política del gobierno español para permitir a Edmundo González vivir en España y solicitar asilo, que había confirmado su deseo de hacerlo durante una conversación telefónica.
Desde el 8 de septiembre, el gobierno enfrentaba alegaciones de que había mediado la salida de González de Venezuela. Según Albares, los únicos diálogos que tuvieron lugar entre el Ejecutivo español y el gobierno venezolano se limitaban a la organización logística para garantizar el aterrizaje seguro de la Fuerza Aérea Española en Caracas y la seguridad del automóvil de la embajada española que transportaba a González a la aeronave para viajar a España.
El embajador Ramón Santos, tal como le explicó Albares, recibió «instrucciones claras» de no interferir en la libertad de Edmundo González para comunicarse, coordinar y organizar encuentros con quien él estimara conveniente. La intención del Gobierno era que González tomase la elección que «verdaderamente deseaba», motivo por el cual Albares habló «directamente con él» vía telefónica. Albares buscaba «garantizar» que la decisión de volar a España fuera de González, ya que se le ofreció la opción de permanecer en la residencia del embajador «el tiempo que necesitara». Según relató Albares, González insistió en su elección de regresar a España, y desde ese momento, cualquier contacto con el Gobierno venezolano fue con ese objetivo.
Albares reafirmó que Santos no tenía ningún rol que desempeñar en esta situación. Albares recordó que el propio Santos confirmó que había «seguido las instrucciones recibidas», incluyendo «acoger a Edmundo González y a su esposa el tiempo necesario» y no interferir en las coordinaciones que «el necesitaba realizar». La aparición de Santos en fotos junto al líder opositor y los hermanos Rodríguez es solo porque «compartían el mismo lugar». La residencia del embajador solo cuenta con un salón y aunque estaba en la misma casa, Santos se abstuvo de intervenir. Cualquier individuo que fuera a entrevistarse con el excandidato presidencial «no acudió por petición del Gobierno de España ni fue invitado por el embajador de España».
El jefe de la diplomacia intentó demostrar que las acusaciones hechas por el PP no coinciden con las del régimen Chavista, que amenaza con cortar lazos con España y ha incrementado la tensión contra el gobierno de Sánchez, alegando que éste lleva a cabo una maniobra en su contra. Se topó con dos “acusaciones de desestabilización falsas con orientaciones diferentes”, comentó. Albares se negó a renunciar y nuevamente pidió a Feijóo que “descarte al eurodiputado [Pons] que está difamando e insultando públicamente a España y al Servicio Exterior de España, el cual es impecable e incuestionable y que está trabajando para la paz, la democracia y la libertad tanto en Venezuela como en todas partes del mundo donde sea necesario”. El ministro pidió al PP que “respete la decisión” tomada por González Urrutia y que entienda las “situaciones difíciles en las que se vio obligado a tomarla”.
Al final del día, al percibir la controversia que había crecido durante el día, el líder de la oposición emitió una declaración enfática para «aclarar de manera decisiva» las condiciones de su forzado exilio a España, respaldando así el relato de Albares. «No he sido forzado ni por el gobierno español ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos. Los esfuerzos diplomáticos realizados tenían como único objetivo facilitar mi salida del país, sin ejercer ninguna presión sobre mí», afirma en su comunicado. González Urrutia menciona que el gobierno de Sánchez «se comprometió a garantizar» su seguridad durante su viaje en el avión de las Fuerzas Armadas y a su llegada a España, «exactamente como sucedió». Las medidas que se tomaron tenían como objetivo permitir la tramitación de su solicitud de asilo.
«Agradecimiento» a las autoridades españolas.
«Quisiera enfatizar que todas las acciones se realizaron bajo la supervisión y asistencia directa del Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, garantizando siempre mi bienestar y la libertad de elección», afirma en su declaración, concluyendo con la certeza de que ha podido «disipar cualquier confusión o malinterpretación» y con el objetivo de reafirmar su «gratitud a las autoridades españolas por su respaldo y compromiso con la protección de los derechos humanos». Hasta ahora, el ex diplomático ha servido al Gobierno. Y en su reunión de hace una semana en la Moncloa, comunicó este hecho directamente al presidente Sánchez.
Minutos después, Albares expresó su agradecimiento al líder de la oposición por su declaración, «por proteger la verdad contra las falsedades y ofensas contra España y su cuerpo diplomático». Y dirigiéndose a Feijóo y al PP, argumentó que «hay tiempos para ser oposición y otros en los que se necesita ser uno solo. España está comprometida con la democracia y los derechos humanos».
Funcionarios del gobierno no proporcionan más detalles del operativo de salida del ex candidato presidencial venezolano, pero insisten en que no se llevaron a cabo negociaciones políticas con el Gobierno de Maduro, sino «contactos operativos» —como afirmó Albares desde el inicio, recuerdan— para asegurar tanto la llegada del Falcon a Caracas como la movilización al aeropuerto y el despegue de la delegación. «Es obvio. Pero no hubo negociación ni contraprestaciones». Y si Santos estaba presente en el momento de la firma es porque todo ocurrió en su residencia oficial como embajador, «no desaparece». En el Gobierno insisten en que el embajador no debería ni podía intervenir en las conversaciones de González con el régimen chavista.
El PSOE ha instado a Feijóo a ofrecer una disculpa inmediata por haber acusado de manera infundada al gobierno de presuntamente coaccionar a Edmundo González. Aseguraron que la crisis en Venezuela no significa nada para el Partido Popular, ya que solo la usan como un medio para criticar al Gobierno de España. Señalaron a Feijóo por no tener un sentido de Estado y por preferir propagar noticias falsas con la única intención de perjudicar la política exterior de España, en lugar de demostrar estrategia y liderazgo. Ferraz también destacó que el PP se caracteriza por los insultos, noticias falsas y la falta de gobernabilidad.
Venezuela es percibida como un instrumento de conflicto para España, como un arma de guerra. Sin embargo, existe una incertidumbre sobre si las declaraciones del líder opositor pueden apaciguar o avivar el debate.
